Por Martín Granovsky

Una encuesta a la que tuvo acceso exclusivo Página/12 explica con datos lo que los senadores radicales y peronistas percibieron por olfato político. Mientras que por un lado no quisieron pagar el costo de quedar como los responsables de un default, y dejaron ese rol eventual al Gobierno, por otro no detectaron en sus distritos un ánimo crítico al déficit cero.
Un 59,2 cree que el ajuste tendrá éxito, repartido entre un 45 por ciento persuadido del poco éxito y un 14,2 del mucho éxito. No tendrá éxito alguno para un 33,7 por ciento. Domingo Cavallo indiscutiblemente quisiera compartir en su fuero íntimo de la conclusión que saca el 49,8 por ciento de los consultados: los mercados apoyarán el nuevo ajuste. Piensa lo contrario el 32,9 por ciento.
La consultora Ibope, con la conducción general de Enrique Zuleta Puceiro y la dirección técnica de Isidro Adúriz, elaboró su habitual Monitor de Tendencias Económicas y Sociales después de encuestar a una muestra de 1800 personas entre el 25 de julio y este fin de semana en 53 localidades de todo el país.
Sólo el 0,5 por ciento piensa que la situación del país está muy bien, y nada más que el 2,8 opina que está bien. En cambio, para el 41,3 por ciento las cosas están mal y para el 43,5 muy mal. Incluso el 62,3 por ciento piensa que todo empeoró en el último año y medio, poco menos del plazo en que el gobierno pasó de Carlos Menem a Fernando de la Rúa.
Sin embargo, la mayoría no cree que la situación será peor. Lo piensa un 27,7 por ciento, contra un 41,7 de esperanzados y un 23,3 convencido de que, al menos, todo seguirá igual. En cuanto al futuro económico, se destaca el pelotón de los que opinan que será regular. Los que tienen una opinión positiva de las perspectivas son el 19,3 y los que tienen una mala casi los mismos, el 21,9. Pronostica una salida muy mala el 8,2.
La intención del Gobierno al fijar la política de déficit cero aparece, en este cuadro, con una evaluación muy buena para el 28,3 y buena para el 44,7, lo cual da una suma de 73 por ciento, contra un 8 por ciento de opinión regular, un 9,8 de mala y un 7,3 de muy mala. Sólo el 21,1 por ciento de los consultados cree que la economía no mejorará nada después del déficit cero. Para el 25,7 mejorará mucho y para el 48,4 mejorará poco, pero mejorará.
“La idea de que el Gobierno tiene por fin una estrategia definida –el objetivo de déficit cero– produce una mejoría de las expectativas, aun cuando queden sectores importantes que desconozcan, o que conociendo las medidas discrepen con su contenido”, dijo Zuleta.
Los acuerdos fundamentales se producen cuando se pregunta hacia el futuro, por ejemplo cuando se asocia la reducción del gasto con el mejoramiento de imagen frente a los inversores y la obtención de crédito más barato por parte del Estado. Al revés, el desacuerdo es marcado cuando se menciona la reducción de los salarios estatales, el pago con bonos y el recorte del presupuesto en programas sociales.
No hay unanimidad sobre las provincias. La polarización es muy marcada en este punto. El 45,8 por ciento piensa que deben aceptar las medidas ajustando el gasto público. El 25,8 piensa que las provincias deben rechazar las medidas y el 25,8 por ciento que deben aceptar las medidas y ajustar pero en otros rubros diferentes a los que se les proponen. O sea, un 51,6 del lado de las alternativas.
Otro tramo de la consulta revela que el discurso financiero parece haber enraizado. El 56,7 por ciento considera importante el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, y el 21,5 muy importante. Para el 13,2 es poco importante y para el 7,5 nada importante. Sería interesante determinar si calificar de importante el pago de la deuda es un diagnóstico que implica automáticamente una acción –la deuda debe ser pagada tal como está, sí osí y sin reprogramación alguna– o se trata de la verificación de una realidad tangible y vital que permite otras políticas.
Los acreedores externos no aparecen como los sectores sobre los que debería recaer el mayor esfuerzo del ajuste. Lo piensa sólo el 6,3 por ciento. El 7,8 lo piensa de las AFJP, el 9,9 de los gobiernos provinciales, el 4,9 de los medios de comunicación. La mayoría, 53,8 por ciento, se resiste a la aritmética y cree que el esfuerzo mayor debe ser de los políticos, como si bastara, aunque es interesante registrar quién ocupa el segundo lugar: las empresas de servicios públicos privatizados, con el 24,1 por ciento.

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