Por Claudio Scaletta

La sanción del déficit cero, el gesto de convencimiento que los “mercados” reclamaban a la clase política, no asegura que se alcance la ansiada calma financiera que revierta, según la lógica de los hacedores locales de política económica, en una baja sensible del riesgo país, motor de la reactivación. Sólo para cumplir con los compromisos ante el FMI deben ahorrarse hasta fin de año 1500 millones. Cifra a la que se suman los 800 millones que dejarán de percibirse por la suspensión de la licitación de la banda ancha de telefonía móvil. En principio, entonces, el ajuste deberá ser de 2300 millones. Sin embargo, esa pauta presupone que las medidas adoptadas no depriman aún más la demanda interna, pues en ese caso se produciría una caída adicional de la recaudación (la de este mes se ubicaría un 8 por ciento por debajo de la de julio del año pasado) que llevaría necesariamente a profundizar los recortes. En el mediano plazo, en el presupuesto para 2002, deberán ahorrarse 6000 millones. Los cálculos optimistas estiman que la recaudación podría aumentar en 3500 millones. Esto significa que, en el mejor de los casos, deberán ajustarse 2500 millones adicionales y profundizar –según mostraron recientes encuestas de consultoras privadas– la redistribución del ingreso en favor de los sectores más ricos de la población.
Para el economista Martín Hourest, la reciente sanción de la ley de déficit cero altera el tradicional principio de igualdad ante la ley. En una convocatoria de acreedores, argumentó, los primeros en cobrar son los asalariados y sólo después vienen los bancos. En el actual modelo este orden de prioridades se invirtió para representar “una capitulación de la clase política frente a los banqueros”, consideró. Por otra parte, Hourest cree que, como la ley no establece un límite de flexibilidad a la baja de los recortes y, frente a una probable menor recaudación, deja abierta la posibilidad de continuarlos. “El sobreajuste no tendrá límites, no creo que pueda mantenerse en 500 pesos”. consideró. Incluso en aspectos que otorgarían una cierta progresividad, como el aumento del 4 por ciento en los aportes patronales de las empresas de servicios, un punto destinado fundamentalmente a supermercados y prestatarias de servicios públicos, “no está garantizado que finalmente esos mayores costos no se trasladen a precios”, concluyó.
La lógica de los recortes tendrá además un “efecto demostración” sobre el sector privado. A pesar de que los defensores del déficit cero insistieron en el argumento de que “el sector privado ya hizo el ajuste y que ahora es el turno del Estado”, para la economista de FIDE Mercedes Marcó del Pont, en Argentina existe una correlación histórica entre las variaciones salariales en el sector público y las retribuciones en las empresas privadas. Además, sostiene, debe considerarse que “el recorte es altamente regresivo porque afecta a sectores de ingresos bajos”, como son los que ganan más de 500 pesos. “El objetivo de fondo es mantener el modelo mediante la baja de los salarios y la menor participación del trabajador en la distribución del ingreso”, agregó. Marcó del Pont consideró también que las cifras de ahorro en los salarios bajos son marginales frente a la magnitud del problema argentino. En contrapartida, “lo que habrá es una caída del consumo que deprimirá aun más el mercado interno retomando el circulo del ajuste permanente”, concluyó.
Más allá de las probables efectos regresivos, una reciente investigación de la consultora Equis, que dirige Artemio López, mostró los resultados conseguidos por la actual administración. Según el trabajo, realizado sobre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, tras un año y medio de gestión, la concentración del ingreso, comparada entre el 10 por ciento de la población con mayores ingresos respecto del decil que menos recibe, pasó de 24 veces a fines del gobierno menemista a 26,4 veces en la actualidad. Estos datos suponen que la “intensidad anual de laconcentración” creció, durante el actual gobierno, el 150 por ciento, “la más profunda inequidad distributiva de tenga memoria estadística el país”.

SUBE AL 0,6% EL IMPUESTO A LAS CUENTAS CORRIENTES
Las cajas de ahorro a salvo

Después de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente decidió que no extenderá el Impuesto a las Transacciones Financieras, que actualmente tributan las cuentas corrientes, a las operaciones en caja de ahorro. En tanto, el subsecretario de Ingresos Públicos confirmó que se elevará la alícuota que pagan las cuentas corrientes del 0,4 al 0,6 por ciento.
La ley que ayer aprobó el Senado abre la posibilidad de que sean gravadas las cajas de ahorro y hasta el propio Farré había defendido ese criterio, con el argumento de que así se cerrarían los caminos para eludir el pago del impuesto. Sin embargo, Economía decidió dar marcha atrás ante la reacción negativa que había provocado el anuncio entre los ahorristas.
“Las cajas de ahorro seguirán estando exentas, como hasta el presente”, afirmó ayer el subsecretario Farré, en declaraciones en la sala de prensa del Ministerio de Economía. Hace 10 días, en el mismo lugar, el mismo funcionario había explicado a los periodistas las razones de por qué Economía consideraba necesario extender el gravamen a las operaciones. Argumentaba que así se reducirían las chances de eludir el tributo a las cuentas corrientes. Pero en todo momento aclaró que no serían alcanzados por el impuesto el depósito de los salarios para los trabajadores en relaciones de dependencia y los débitos por un monto similar. Sin embargo, la medida hubiera sido un golpe directo a los autónomos que operan con cajas de ahorro.
Además, nunca quedó claro qué pasaría con los fondos acumulados en la caja de ahorro hasta antes de aplicado el impuesto. Si bien Economía había aclaro que no sería gravado, los ahorristas temían quedar atrapados por otro impuestazo.
Sea como fuere, ahora, en Economía parecen conformarse con la recaudación extra que proporcionaría la suba de la alícuota a las cuentas corrientes, del 0,4 al 0,6 por ciento. De ese porcentaje, “el 0,25 por ciento operará como impuesto propiamente dicho y el 0,35 por ciento como anticipo de IVA y Ganancias”, precisó Farré. Y aclaró que “quienes no paguen esos impuestos podrán descontarlo de las contribuciones patronales”.
La situación de los monotributistas merece un párrafo aparte. Según Farré, los que estén en las categorías 1, 2 y 3 podrán, como hasta ahora, solicitarle a los bancos que no le apliquen la porción del tributo que funciona como anticipo impositivo; es decir, que sólo le liquiden una tasa de 0,25 por ciento. Sin embargo, según pudo saber Página/12, los bancos vienen facturándole a los monotributistas el impuesto pleno (hasta hoy, 0,4 por ciento) con la excusa de que no hay un “software” adecuado para poder discriminarlos. Para los monotributistas que estén en las categoría 4, 5, 6 y 7, tendrán que pagar la tasa del 0,6 por ciento y se les descontaría de las contribuciones patronales, puesto que son categorías que deben tener empleados a su cargo.

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