|
Por Luis Bruschtein
 “Hoy empezó la resistencia
civil en Argentina”, gritó Luis D’Elía, trepado
al colectivo del Culebrón Timbal, junto a su compañero Juan
Carlos Alderete y otros dirigentes de desocupados y de agrupaciones sindicales.
“Somos más de cien mil personas participando en los cortes
de ruta en todo el país”, insistió. D’Elía
y Alderete fueron los dos últimos oradores en el acto de los desocupados
en La Matanza, epicentro de los actos piqueteros que se efectuaron ayer
en todo el país, y donde anunciaron que martes y miércoles
de la semana próxima volverán a cortar las rutas, pero esta
vez por 48 horas.
El corte en La Matanza había comenzado a la mañana cuando
dos columnas de desocupados llegaron hasta el kilómetro 21 de la
Ruta 3, frente al Hospital Paroissien, tras caminar varios kilómetros.
Una de las columnas era de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la
encabezaba su máximo dirigente, Juan Carlos Alderete. La otra era
de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), conducida por su referente,
Luis D’Elía. Ambos habían pasado la noche fuera de
sus casas por temor a que el Gobierno quisiera detenerlos para frustrar
el movimiento de protesta.
No hubo colectivos que trajeran a la gente. La gran mayoría llegó
caminando y con carteles que identificaban los barrios de donde provenían.
En poco minutos, ya con la experiencia de cortes anteriores, se levantó
un campamento de chapas, nylon y lonas. Dos grupos se apostaron en las
cabeceras del corte para impedir el paso de los vehículos y el
resto de la gente se distribuyó en las veredas o sobre el asfalto.
Las mujeres abrieron sus sillas plegables y encendieron fogones para el
mate, rodeadas por niños y bolsones, mientras los hombres participaban
en la organización del campamento.
“Soy piquetero, soy piquetero –cantaba Onda Sabanera su cumbia
de los piqueteros desde los altoparlantes– sólo pido trabajo
con este fuego, porque nadie nos escucha, voy a luchar, cortaremos la
ruta, la situación no da más y aunque repriman los ideales,
no pasarán.”
Ser piquetero es una identidad que el resto de la sociedad no alcanza
a visualizar con claridad, pero que se ha ido gestando durante muchos
años de desocupación. Y sus dirigentes, en muchos casos,
prácticamente tienen funciones administrativas de verdadero gobierno
en asentamientos y villas adonde no llegan la policía ni los gobiernos
municipales, provinciales o nacionales. Están organizados en comisiones
de desocupados que realizan asambleas masivas todos los sábados
en escuelas abandonadas, como es el caso de la CCC. O administran cooperativas
de trabajo, mutuales de construcción de viviendas, comedores populares
y escuelas, en decenas de barrios, como es el caso de la FTV. “Nosotros
seguimos viviendo en el mismo barrio con los compañeros, si fuéramos
corruptos nos echarían a patadas o no viviríamos aquí”,
afirma D’Elía, que vive en el asentamiento El Tambo desde
1985, cuando dirigió la ocupación de las tierras para que
los vecinos pudieran pagarlas financiadas. Alderete vive en el María
Elena desde 1983 y también participó en ese año en
la toma de tierras que dio origen al asentamiento.
El funcionamiento se decide por asamblea y la forma de organización
es del tipo de cooperativa o mutual, donde el desempeño comunitario
es un factor fundamental para asignar la construcción de una vivienda,
el zanjeo de una calle o la distribución de los planes Trabajar.
Ellos mismos diseñan los proyectos de trabajo para los planes y,
aunque también hay una fiscalización oficial, ellos organizan
el trabajo y califican el desempeño de sus compañeros en
cuanto a las faltas, la puntualidad y el rendimiento. El dirigente piquetero,
no sólo resuelve las normas de convivencia, como sucede con el
gobierno nacional y las leyes, sino que también está a cargo
de las acciones de sobrevivencia, ya que de otra manera difícilmente
tendrían sus casas, salas de primeros auxilios o comedores populares
para sus hijos.
La Matanza tiene más de un millón y medio de habitantes
y más de 300 mil de ellos viven en cerca de 180 villas o asentamientos.
No es casual que Alderete y D’Elía, los dos referentes nacionales
más importantes del movimiento sean de allí. Y la organización
del corte repite ese esquema, con ollas populares y funciones específicas.
No van al corte por plata sino que forma parte de sus actividades de sobrevivencia.
Por la mañana estuvo la diputada Alicia Castro, mientras que al
acto de la tarde se acercaron los diputados Oscar González, Eduardo
Macaluse, Elsa Quirós y Jorge Giles. Y durante el corte se mantuvieron
allí los legisladores porteños Vilma Ripoll, Patricio Echegaray,
que fue uno de los oradores, Abel Alexis Lattendorf y Lía Méndez.
Además de D’Elía y Alderete, hablaron varios representantes
de organizaciones de desempleados y Pablo de Michelis de ATE Capital,
Edgardo De Petris, de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA),
Edgardo Quiroga, de la CGT de San Lorenzo y Amancay Ardura, responsable
nacional de la CCC.
En ese momento el periodista Chiche Gelblung opinaba por radio que había
que echar a los piqueteros “a patadas en el culo”. D’Elía
denunció “a los periodistas que nos tratan como delincuentes”
y en la lista incluyó a Daniel Hadad y Bernardo Neustadt.
Al promediar la tarde se notaba cierto alivio entre los dirigentes por
el éxito de la protesta y sobre todo porque no se hubieran producido
incidentes violentos. El corte se levantó para dejar pasar las
ambulancias y cuando lo atravesó un cortejo fúnebre. La
gente se sacó las gorras y a algunos se les escaparon lágrimas.
Era el cortejo fúnebre de Cinthia Veliz, de 10 años, hija
de un piquetero que estaba internada en el Paroissien por una apendicitis
que se había complicado con peritonitis. La noche del lunes tuvo
una recaída pero no pudieron tratarla porque no había insumos
y debieron trasladarla a Quilmes. Murió en el trayecto. El cortejo
estaba compuesto por la camioneta que llevaba el cajón, dos o tres
autos desvencijados y tres colectivos con piqueteros y compañeritos
de la niña que luego regresaron al corte.
DESPUES
DE 44 DIAS HUBO CORTE EN GENERAL MOSCONI
Salteños otra vez a la ruta
Por Martín
Piqué
Tuvieron que pasar 44 días
para que los pobladores de General Mosconi volvieran a cortar la Ruta
34. Desde aquel 17 de junio en que la represión de la Gendarmería
provocó las muertes de Oscar Barrios y Carlos Santillán,
los piqueteros se instalaron por tiempo indeterminado en las carpas de
la “Plaza del Aguante”. Así pasaron los días,
con ellos llegó el cansancio, y la protesta lentamente comenzó
a perder fuerza. Por eso ayer, mientras en el resto del país florecían
los cortes de ruta, los vecinos de Mosconi vivieron un día especial.
Marcharon al lugar donde hace más de un mes balearon a los dos
jóvenes, y armaron allí un piquete por más de seis
horas. “Esto ha reanimado a la gente, el ánimo no era del
mejor, estaba decayendo”, contó a Página/12 el dirigente
de desocupados Juan Nievas.
La movilización comenzó a las 11, cuando los manifestantes
comenzaron a alejarse de la “Plaza del Aguante”, donde muchos
habían pasado la noche. Cientos de hombres, mujeres y niños
caminaron 15 cuadras por la avenida principal del pueblo hasta llegar
al cementerio, donde cortaron la ruta ante la mirada imperturbable de
la Gendarmería. Sólo los jefes de la fuerza emitieron un
par de lugares comunes: “Evitaremos el derramamiento de sangre”,
dijo uno con tono castrense. Y luego, la advertencia de que “están
cometiendo un delito”, mientras 70 gendarmes custodiaban los tanques
de combustible de la cercana empresa Refinor.
“Bienvenido haya sido este día para que esto se haya renovado”,
festejó Nievas, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), luego
de que terminara la medida. Aunque Nievas no fue al corte de ruta porque
está procesado por una protesta anterior, estuvo en contacto con
sus compañeros, que durante la marcha volvieron a exigir la libertad
de los piqueteros presos en la Penitenciaría de Salta, José
Barraza, Carlos Gil, César Raineri, junto a Rubén Zárate
y Marcial Cuenca, que fueron detenidos hace dos semanas.
Los cinco están acusados de sedición, pero a Zárate
y Cuenca el juez Abel Cornejo también les imputa asociación
ilícita y portación de armas. Según la abogada Mara
Puntano se los arrestó “sin que se les haya secuestrado arma
alguna” y “en base a la declaración de un torturado”.
Por estos hechos tramitan dos causas por apremios ilegales. Además,
el Colegio de Abogados de Salta emitió un comunicado denunciando
que los presos están “privados injustamente de sus derechos
fundamentales”.
“En la casa somos ocho. Mi marido trabajaba en Agua y Energía,
que se privatizó, después en Transnoa, una transportadora
de alta tensión. Ahora, desde que está preso, lo dejaron
cesante”, contó a este diario la mujer de Barraza, Silvia
Romero. Ella tiene a su marido preso hace casi dos meses, pero no parece
estar vencida: “Nosotros somos tan dignos que si tenemos que morir
ahí en la plaza del aguante lo vamos a hacer, pero dignamente.”
|
