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Por Claudio Scaletta
 Frente a la segura desvalorización
de los bonos emitidos por once estados provinciales, cuatro de ellos ya
en circulación, el Ministerio de Economía estudia la unificación
de los papeles en un único “Bono Federal”. Aunque Domingo
Cavallo escuchó la propuesta, en el Palacio de Hacienda analizan
cómo instrumentar la emisión para que no parezca creación
monetaria, al menos ante el FMI. El temor del ministro es que ese organismo
multilateral pueda argumentar que se está emitiendo para no desembolsar
anticipadamente los 1200 millones de dólares comprometidos por
el “blindaje”. En tanto, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf,
uno de los principales impulsores del Federal, no podrá mañana
pagar la totalidad de los salarios provinciales por demoras en la impresión
de los “Patacones”. Sin embargo, esto no le impidió ofrecer
los bonos a otras provincias que los necesiten hasta tanto consigan emitir
sus propios papeles.
Los bonos impresos por provincias como medio de pago ya se utilizan en
Tucumán, Catamarca, Corrientes y Misiones. Este mes comenzarán
a circular 600 millones de los Patacones de Carlos Ruckauf, los que ya
consiguieron una caída en la imagen pública del gobernador
de más de 20 puntos. También anunciaron que se sumarán
al ruedo Córdoba, donde el prolijo Juan Manuel de la Sota tendrá
un déficit superior a los 150 millones anunciados, Entre Ríos,
que analiza emitir 450 millones, La Rioja y Río Negro. Jujuy y
San Juan, que no consideran emisiones autónomas, sí se sumarían
al Federal. En conjunto, las provincias en problemas suman 11.
Buenos Aires aparece como la provincia más ansiosa por repartir
el costo político de esta emisión secundaria. Agotada la
estrategia de hacer subir la responsabilidad al gobierno nacional, se
transformó en la principal impulsora de un instrumento de alcance
interprovincial. Puertas adentro, la estrategia parece ser minimizar el
impacto de la medida. El argumento es que el límite salarial de
740 pesos sobre el cual se empieza a pagar con papeles sólo es
superado por el 27 por ciento de los 450 mil agentes públicos.
Así, la resistencia de la mayoría responderían a
las pérdidas de los sobresueldos encubiertos a través del
pago de horas extras y viáticos. En otro orden, y según
anunció el vicegobernador Felipe Solá, la provincia no podrá
pagar hoy la parte de las retribuciones en Patacones por demoras en la
impresión de los títulos, por lo que se estima que los pagos
podrán hacerse efectivos recién el jueves de la próxima
semana.
Aunque tanto Ruckauf como Solá insistan en acuerdos con distintos
sectores privados para que acepten los Patacones a su valor nominal, hasta
ahora sólo consiguieron un sí parcial. Hipermercados y prestatarias
de servicios privatizadas confirmaron que recibirán los bonos,
pero en la misma proporción en que podrán deshacerse de
ellos vía pago de impuestos. Sin embargo, estas dificultades en
la aceptación de los papeles dentro de su propia provincia no inhibieron
a Ruckauf jactarse del valor de cambio de los títulos en otros
estados. El mandatario se mostró dispuesto a prestar Patacones
a las provincias que los necesiten y no tengan tiempo de emitir los títulos
propios, siempre y cuando “después los devuelvan”. La
humorada del gobernador representa, no obstante, una clara muestra de
su deseo de que se apruebe lo más rápido posible el bono
Federal, alternativa que ya fue tratada el fin de semana con el propio
Cavallo.
Los gobernadores que prestaron su acuerdo a que el Senado apruebe la ley
de déficit cero, saben que la argucia no servirá para contener
en lo inmediato sus desfasajes y que frente a la ausencia de préstamos
o recursos genuinos deberán encontrar algún mecanismo para
cumplir con sus pagos. Si se espera un desagio en los papeles bonaerenses,
la devaluación sería aun mayor en las provincias más
chicas, de ahí la necesidad de un “bono federal”. Sin
embargo, en Economía saben que esto sería visto por el FMI
como lisa y llana emisión. La alternativa que se estudia entonces,
es emitir los bonos con el respaldo del menguado “Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de las Provincias”. Tal vez el disfraz funcione.
LE
HACEN PRECIO O COMPRA MENOS
El Estado apaga la luz
Por Julio Nudler
“Nos bajan el precio o
compramos menos.” Así será el planteo de todas las
áreas del sector público a sus proveedores, como manera
de amoldarse al recorte en las partidas, sobre una base mensual. Nada
de surtirse para períodos más extensos. Pero esa disyuntiva
no resultará con los servicios privatizados, cuyas tarifas son
sagradas, de modo que en el caso del teléfono o la luz, cada repartición
deberá hallar el mejor método para gastar menos pulsos y
kilovatios. El Ministerio de Economía ya aplica uno: cada teléfono
tiene un responsable, y éste debe explicar a fin de mes las llamadas
efectuadas desde su aparato, aunque se le permite identificar tres o cuatro
números personales (la familia) y comunicarse con ellos razonablemente.
El 15 que permite llamar a celulares se reserva a teléfonos jerárquicos.
La idea de rebanar las facturas de los proveedores como se ha resuelto
hacer con sueldos, asignaciones familiares, honorarios de contratados
y jubilados se demostró rápidamente irrealizable. Si un
organismo pretendiera comprar papel o cartuchos de impresora, advirtiendo
que al pago descontará 13 por ciento del precio, éste saltaría
preventivamente de 100 a 114,9, para terminar en los mismos 100 después
de la quita. Para colmo, la Sindicatura General de la Nación, que
determina los precios testigo, no podría objetar la mayor cotización
porque aquéllos no son precios en abstracto sino bajo determinadas
condiciones.
Los valores que proporciona la Sigen parten del supuesto de que el Estado
paga sus compras a 30 días (aunque después se atrase) y,
obviamente, el precio convenido. Si esto se altera, las cotizaciones inobjetablemente
suben, lo cual ya comenzó a ocurrir, puesto que durante semanas
circuló la intención oficial de pagar menos de lo comprometido,
tal como se hace con los perceptores de ingresos fijos, y algunos proveedores
abrieron el paraguas. Sin embargo, fueron pocos los casos porque, en realidad,
el Estado está comprando lo mínimo indispensable, y aún
menos.
La razón es que Hacienda no les viene dando a las dependencias
estatales la llamada cuota de compromiso, que es la parte del crédito
presupuestario autorizado que los organismos pueden gastar en el mes,
y sin la cual ni siquiera tienen chance de endeudar hacia el futuro al
Estado mediante licitaciones, concursos o compras directas. A través
del sistema informático SAF, Economía controla de cerca
cualquier compromiso. De suerte que para convivir con esta estrechez,
las áreas optan por agenciarse insumos para períodos más
breves. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ahora adquieren mensualmente
la carne y el pan con que alimentan a sus tropas, cuando antes abrían
sólo dos licitaciones al año.
Aprovisionarse para menos tiempo implica en muchos casos caer por debajo
de los 75.000 pesos en contrataciones directas, por encima de los cuales
deben pedírsele precios testigo a la Sigen. Por debajo es optativo.
Es decir, ni licitación, obligatoria cuando se superan los 100.000
pesos, ni valores de referencia, todo lo cual reduce los resguardos contra
eventuales sobreprecios. En ciertos niveles oficiales ya hay preocupación
por el relajo a que daría lugar este hábito de comprar todos
los días cincuenta de fiambre y cincuenta de queso, como quien
no junta plata para ir al supermercado.
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