|
Por E. V.
 Los legisladores porteños
quieren terminar con el descontrol en el sistema de radiotaxis que circulan
por la ciudad. Hoy, los diputados podrían aprobar un proyecto que
consensuaron con los empresarios y choferes del sector y que permitiría
regularizar la situación de unos 10.000 vehículos que hoy
están identificados como radiotaxis, pero no tienen habilitación
del Gobierno de la Ciudad. La mayoría de ellos se incorporó
a la actividad en los últimos meses: entre marzo y junio el número
de taxis con radio creció de 8000 a 13.700, más del 50 por
ciento en tres meses.
La actividad de los radiotaxis creció de la mano de la inseguridad,
a partir de una serie de hechos delictivos ocurridos en estos transportes.
Los pasajeros comenzaron a optar por los vehículos con identificación,
requiriendo el servicio por teléfono y, más que nada, eligiendo
en la calle aquellos autos con la inscripción de radiotaxi en sus
puertas traseras. Esa tendencia originó el vuelco masivo de los
choferes de taxis a las empresas de radio, opción favorecida por
cierta facilidad para constituir una nueva empresa. Incluso, las mandatarias
–empresas que se dedican al alquiler y administración de taxis–
comenzaron a poner su número de teléfono en la puerta de
los vehículos, sin ser servicio de radiotaxis, una actitud que
imitaron algunos taxistas particulares.
Si se consideran sólo las empresas que operan con radio, en dos
años se cuadriplicó el número de compañías,
que hoy suman 46. Hasta el 30 de junio último, 26 de ellas funcionaron
con permiso precario, otorgado por la dirección de Educación
Vial del gobierno porteño, ya que no contaban con frecuencia de
radio propia, como exige la ordenanza vigente. Ese día, las autoridades
decidieron no prorrogar las autorizaciones precarias por una razón
de fuerza mayor: pesaba sobre ellos una denuncia por incumplimiento de
los deberes de funcionario público, formulada por la Cámara
de Empresas de Radiotaxis, entidad que nuclea a las empresas más
antiguas del sector. Estas compañías se quejaban por la
presunta “competencia desleal” de las nuevas. La decisión
del gobierno derivó en una movilización de los taxistas
que se quedaron sin cobertura legal, el 6 de julio último, en reclamo
de una norma que contemple su situación.
La ordenanza vigente solo permite habilitar a las empresas que tienen
una frecuencia de radio propia. Como la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), el organismo encargado de controlar la actividad, no asigna nuevas
frecuencias desde hace años, los nuevos operadores trabajaban con
bandas alquiladas. Esas empresas, hasta ahora fuera de la ley, podrán
regularizar su situación cuando se sancione la norma.
El proyecto fue aprobado el lunes por las comisiones de Transporte y Tránsito
y de Obras Públicas, que presiden Marcela Larrosa (Alianza) y Julio
Vitobello (justicialista), respectivamente. El texto fue el resultado
de un trabajoso consenso, tras dos semanas de negociaciones, encabezadas
por la diputada Juliana Marino (peronista independiente) y de las que
participaron representantes de las dos cámaras más importantes
del sector, una Mesa de Enlace conformada por las nuevas compañías,
el Sindicato de Peones de Taxis y la Asociación de Taxistas de
Capital.
La iniciativa permite habilitar a las empresas que hayan arrendado una
frecuencia. “La diferencia entre arrendamiento y alquiler es que
el arrendatario es el responsable del uso que se le da a la frecuencia,
lo que no ocurre en el caso del inquilino”, explicó Roberto
Zotalis, presidente de la Cámara de Empresas de Radiotaxis.
El proyecto consensuado mantiene el requisito mínimo de 150 coches
para que una empresa sea reconocida como tal. Pero además, los
solicitantes deben presentar “un plan económico financiero
que acredite la viabilidad del emprendimiento” y constituir “una
garantía real por un importe equivalente a 75.000 litros de nafta
súper”. La norma exigirá, además, que cada empresa
funcione con una única base operativa. Este requisitoresponde a
que muchas empresas prestaban su nombre para que funcionen tres o más
compañías, con lo cual, después no se hacían
responsables ante un posible reclamo del pasajero”, explicaron fuentes
legislativas.
Según el proyecto, aquellas empresas que funcionen con más
de una base, o con frecuencias no autorizadas por la CNC, o con equipos
de comunicación cuya procedencia no pudiera demostrar, o que utilicen
la frecuencia de radio para fines distintos a los autorizados, serán
inhabilitadas por cinco años para trabajar en la actividad.
“Para todos los sectores resulta fundamental tener una ley para salvar
del desprestigio a este servicio”, dijo a Página/12 la diputada
Marino. Todos los sectores cedieron una parte de sus demandas: las empresas
más antiguas aceptaron la figura del arrendamiento, algo que rechazaban
de plano. Las nuevas accedieron al requisito de la caución en garantía.
Tres empresas pusieron reservas a la exigencia de base única, pero
finalmente la aceptaron.
|
