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Por Eduardo Tagliaferro
 Los abogados de experiencia
suelen afirmar que en las causas en las cuales “el cliente”
está detenido, el primer objetivo debe ser obtener su libertad;
para después quedan las cuestiones de fondo, discutir la culpabilidad
o la inocencia. Los defensores de Carlos Menem sumaron a este mandato
una nueva variante: mejorar las condiciones de arresto de su defendido.
En un escrito de once páginas que, en una brevísima audiencia,
entregaron ayer a la Sala II de la Cámara Federal porteña,
solicitaron la flexibilidad del régimen de detención y calificaron
de “vejatorias” las condiciones que le impuso el juez federal
Jorge Urso.
A pesar de la vigencia de la feria judicial, los camaristas, Martín
Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, habilitaron una audiencia
para escuchar a los defensores del ex presidente, quienes optaron por
entregar un escrito en lugar de un informe “in voce”. En Tribunales
se asegura que probablemente los miembros del tribunal de alzada harán
lugar al requerimiento de Menem, y finalmente flexibilicen su detención.
En diálogo con Página/12, Roger precisó que “tiene
confianza en que la presentación sea aceptada por los camaristas.
No estamos pidiendo que se autorice el funcionamiento de una unidad básica
en Don Torcuato, sino de cuestiones lógicas”.
En su trabajo, Oscar Roger y Oscar Salvi, afirman que Urso modificó
las condiciones del arresto “sin explicación o motivación
alguna, dado que estando el Dr. Menem cumpliendo un irreprochable respeto
de las condiciones de la prisión domiciliaria fijada por el juez,
éste en forma sorpresiva, intempestivamente, modifica tal situación”.
Los letrados no desconocen y así lo señalan, que la decisión
sucedió tras dictarse el procesamiento de Menem, por considerarlo
jefe de la asociación ilícita que realizó la venta
ilegal de armas. En este punto, los defensores argumentaron que el magistrado
“olvida” que Menem “es un ciudadano para quien la detención
preventiva no deja de lado la presunción de inocencia”.
Si bien el eje de la presentación discurre por la necesidad de
que se flexibilicen las condiciones del arresto, los defensores no desperdician
la oportunidad de criticar a Urso. Afirman primero que el régimen
de detención “establecido por el Sr. Juez carece de fundamento
legal”; luego recuerdan que Menem no es “un condenado”
y párrafo siguiente arremeten contra el estilo de las resoluciones
judiciales. Calificaron de “ditirámbico resolutorio”,
el dictamen del 4 de julio pasado en el que Urso modificó las normas
de la prisión de Menem. Incluso dedicaron unas líneas al
estilo literario del juez al que no dudan en definirlo como “barroco”.
El estilo de Urso obsesiona a los hombres del ex presidente, Carlos Corach
lo había descripto como “macarrónico”.
La ley que contempla el beneficio de arresto domiciliario, tiene tan solo
unos pocos articulados muy generales. Es lógico que sea el juez
competente quien especifique lo que la ley no define. Por las dudas, los
defensores recuerdan a la Cámara que “el arresto domiciliario
se concede a personas mayores de setenta años de edad con la finalidad
de preservar el estado psicofísico del justiciable”.
Luego de reivindicar la “Convención Interamericana de los
Derechos Humanos y el Pacto para los Derechos Políticos y Civiles”
y abundar en citas constitucionales en las que sobrevuela el reiterado
e incumplido precepto garantista de que las cárceles serán
para rehabilitación y no para castigo, los abogados afirman que
detrás de la norma, que beneficia a los mayores de 70 con la posibilidad
de cumplir su detención en forma domiciliaria, “están
ciertas preferencias a este grupo de personas en el entendimiento de su
debilidad y en sola protección de las mismas”. Menem no parece
ser la persona “débil” en cuya protección se estableció
la norma, pero sus abogados omiten toda reflexión al respecto.
Como al pasar, insisten en un viejo reclamo de Menem: que se autorice
convivir en Don Torcuato a una mayor cantidad de personas. A Urso ya le
habían pedido que se autorizara la convivencia en la quinta de
Don Torcuato de 22 personas. El listado, presentado en aquella ocasión,
además de variado personal de servicio, incluía un calderista
y un arquitecto: Eduardo Colacilli, quien como publicó Página/12
es un empleado “tiempo completo” del BCRA, que percibe un sueldo
bruto de 2800 pesos y que fue efectivizado en el Central luego de una
gestión de uno de sus directores, el menemista Marcos Saúl.
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Debate sobre el número
Cuando procesó a Carlos Menem, el juez federal Jorge Urso
estableció un régimen de detención domiciliario
que, entre otras cuestionas, precisa que con el ex presidente pueden
convivir tres personas más. El periodista del diario británico
The Guardian, que anteayer entrevistó a Menem, señaló
que éste era atendido por “unos doce sirvientes”.
Cuando Página/12 le preguntó al abogado Oscar Roger,
por la presencia de tantas personas en el lugar, éste respondió
“debe haberse confundido, al sumar al personal que cumple con
la custodia policial”. Por las dudas señaló que
“el máximo de tres personas, sólo corre para
los horarios nocturnos”. Los letrados suelen insistir en que
debido a las restricciones, el personal encargado del mantenimiento
de la quinta corre el riesgo de perder su trabajo.
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LA
IGLESIA ACUSA EN SAN LUIS
El destino de la ayuda
El mecanismo de distribución
de la ayuda social siempre es motivo de suspicacias. El vicepresidente
de Cáritas en San Luis, el padre Alberto Olivera, volvió
a poner el tema sobre el tapete, al asegurar que hay un “mal manejo
de los planes sociales” de parte del Ejecutivo puntano, y pidió
que se reviera la política “de entregar cajas de alimentos
a través de centros políticos o unidades básicas”,
una costumbre arraigada en numerosos distritos del país.
Olivera, además de su cargo en Cáritas, pertenece al Consejo
Social, un organismo intermedio que nuclea a grupos vecinales, profesionales
y civiles sin fines de lucro, que se dedican a coordinar alternativas
para solucionar los problemas sociales de San Luis. Este tipo de organizaciones
se multiplicaron durante los últimos años, en un intento
por tratar de garantizar que la ayuda alimentaria realmente llegue a quienes
la necesitan. Desde ese lugar, el religioso afirmó: “Me preocupa
no ser escuchado por el Gobierno”.
El vice de Cáritas señaló que “los programas
sociales provinciales se reparten según la voluntad de las unidades
básicas”, y consideró que de ese modo “no se logra
un fin comunitario sino uno político, y eso es absolutamente denigrante”.
Por este manejo de la ayuda alimentaria, el sacerdote denunció
ante la Gobernación local al Defensor del Pueblo de San Luis, Jorge
Sopeña, por supuesta “malversación de fondos de planes
sociales”. Además, responsabilizó al ministro de Salud
provincial, Luis Russo, por la entrega “política” de
la ayuda.
“Ese tipo de entregas constituyen una actitud espuria e irresponsable”,
dijo Olivera, y recordó que “hace seis meses” que le
reclama a Rodríguez Saá la entrega de los módulos
alimentarios al Consejo Social. “Y cuando se consiguen finalmente
los alimentos, se reparten sin tener en cuenta para nada las reales necesidades
de la gente y convierten al hambre y la carencia en los hogares en un
mero botín político de una interna partidaria”, agregó.
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