Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira


Los jardines de infantes ahora
tendrán un control fijado por ley

Hasta ahora no existía norma de regulación de los jardines. Había
una ordenanza que nunca entró en vigencia. Ayer la Legislatura sancionó la regulación del sector. Habrá un registro obligatorio. La ley busca
evitar otro escándalo como el de 1997.

La ley sancionada ayer definió que los jardines tienen un carácter educativo-asistencial.

Por Horacio Cecchi

Al parecer, los padres ya no deberán autoconvocarse frente a las puertas de los jardines de infantes como lo hicieron en 1997, frente al Jardín de Ana en Palermo, para denunciar el maltrato al que eran sometidos sus nenes y, de paso, descargar su bronca maltratando a su directora. Ayer, la Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría la primera ley porteña que regulará la actividad del rubro. La ley definió que las instituciones, tanto guarderías –que ya no podrán llevar ese rótulo– como jardines, tienen un carácter educativo-asistencial, evitando de ese modo que la actividad quede enmarcada como un simple depósito de infantes. Se abrirá un registro obligatorio. Se exigirán habilitaciones y planos edilicios. Los empleados deberán contar con título de la actividad y quedarán registrados en blanco.
Hasta abril del ‘97, cualquier interesado en abrir una guardería o jardín de infantes para chicos de menos de 5 años sólo debía cumplir con los requisitos edilicios, siguiendo el mismo concepto de Pink Floyd-The Wall: los chicos eran ladrillos. Pero después del lío de Ana de Lío (ver aparte) se planteó una modificación de urgencia para controlar el descontrol que ostentaban jardines y guarderías.
Una ordenanza, la 52.137, intentó resolver el problema haciendo énfasis en las características que debía cumplir el personal. Pero jamás fue puesta en práctica porque sus requisitos no tenían posibilidad de aplicación. El principal punto de conflicto: el régimen laboral. Las guarderías y jardines (la enseñanza no es obligatoria hasta los 5 años) suelen ser pequeñas instituciones incapaces de sostener las exigencias del estatuto del docente, como vacaciones, antigüedad, y demás.
Según las cifras oficiales, en la ciudad autónoma funcionan, dentro de colegios privados incorporados a la enseñanza oficial, 518 jardines de infantes y 175 jardines maternales. Y hasta marzo pasado, habían sido habilitados otros 967 no incorporados. “Lo que buscamos es blanquear el universo desconocido de los no registrados, un número incierto que funciona cumpliendo sólo normas edilicias”, explicó a Página/12 Juliana Marino, legisladora del PJ y autora de uno de los proyectos que derivó en la redacción final de la norma.
La ley divide en tres tipos de instituciones, según la edad de los chicos que albergue: los jardines maternales, dedicados a chicos de entre 45 días y 2 años, reemplazarán a las guarderías. Los jardines de infantes se ocuparán de niños de entre 3 y 5. Y las escuelas infantiles, entre 45 días y 5 años. La exclusión de las ya antiguas guarderías tiene todo un sentido: “Para consensuar la ley se abrió un debate interno: a qué tipo de instituciones estábamos regulando –sostuvo Marino–. Si bien cumplen un rol asistencial, porque cubren la necesidad de las familias en el cuidado de sus hijos y porque la educación hasta los 5 no es obligatoria, tampoco podemos permitir que sean simples depósitos. Todos estamos de acuerdo en que trabajan con cuestiones como la estimulación temprana, el proceso de identidades, la emocionalidad. Entonces decidimos que fueran instituciones educativo-asistenciales”.
La ley dio un plazo de 30 días a partir de que sea promulgada, para abrir un registro de establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial. Deberán cumplir con el código de Edificación, contar con equipamiento propio para su tarea (cunas, colchonetas, material de juego, entre otros) según la edad de los niños. Contarán con una póliza de seguro, y deberán registrar a su personal, con título docente, habilitante o afín a la tarea que realiza. La documentación deberá estar disponible en todo momento para las autoridades de aplicación.
Dentro de los principios de la ley, quedaron fijados el respeto y cumplimiento de las constituciones nacional y porteña, los Derechos del Niño, la ley de protección de menores de la ciudad. Además de fijargarantías para la incorporación de chicos con necesidades educativas especiales.
Ayer, por 34 votos contra 2, la Legislatura porteña dio el sí al control de los jardines.

 


 

RECLAMO A RUCKAUF PORQUE NO ENVIA LOS SUBSIDIOS
Hogares al borde del colapso

Una olla popular instalada frente a la gobernación bonaerense, en La Plata, fue la forma de protesta elegida por los representantes de los hogares infantiles y comunidades terapéuticas de la provincia, para reclamarle al gobierno de Carlos Ruckauf el pago adeudado de becas y la entrega de alimentos. Bajo la consigna “Si nos escuchan hablamos, si no nos escuchan, marchamos”, los manifestantes le exigieron al mandatario provincial que asumiera “sus obligaciones con la niñez” y pidieron que no se alojaran chicos en calabozos de comisarías y que no se bajara la edad de imputabilidad a los 14 años.
El Estado bonaerense debería pagar mensualmente a los hogares de organizaciones no gubernamentales 2.200.000 pesos, y a las comunidades terapéuticas, clínicas y centros para discapacitados otros 600.000. Pero desde hace meses, el atraso en el envío de fondos ocasionó severos problemas económicos en esos centros asistenciales de La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza y Quilmes, por lo que sus representantes se concentraron para reclamar el pago de becas adeudadas y el mantenimiento de fondos que les permitan subsistir.
La hermana Renza, directora del Hogar Teresa de Calcuta de Quilmes expresó: “Parece que en la Argentina hay funcionarios que deciden qué chico vive y cuál debe morir por falta de alimentos”. Las organizaciones alertaron, además, que “la violación a los derechos de los niños se convierte en un acto de perversidad que limita con la inhumanidad”, y recordaron que “en el país mueren diariamente, por el hambre y la pobreza, más de 100 chicos”.
Los manifestantes entienden que “si se sigue penalizando a la pobreza, las drogas o las balas van a terminar con la vida de muchos chicos”. Por su parte, Rubén Strack, del Hogar Silvio Mirasso de La Plata, explicó que “Tenemos un convenio con el Consejo Provincial del Menor, pero desde marzo último no nos mandan dinero y no tenemos para darle de comer a los chicos, no tenemos zapatillas, no tenemos para retomar las clases”. En los últimos meses esas instituciones que diariamente brindan asistencia y alimentación a más de 5000 chicos pudieron subsistir gracias a la solidaridad de comerciantes y vecinos.

 

PRINCIPAL