Todos apuntan contra el Ejército brasileño. Por primera vez, desde el fin de la dictadura militar, sale a la luz que los mecanismos ilegales de inteligencia de entonces siguen intactos, aun cuando la versión oficial indicaba la extinción del Servicio Nacional de Informaciones (SIN) que funcionó hasta 1985. La preocupación actual de los uniformados son los movimientos sociales “como el MST”, a los que el Ejército califica como “fuerzas adversas” –comparables al narcotráfico y al crimen organizado– que en ciertas ocasiones pueden ser “eliminados”. El informe se permite -además– un exabrupto con la figura clave de la democracia: “(para salvaguardar el orden público) muchas veces es necesario hasta arañar derechos de los ciudadanos”. Así lo destacan documentos militares secretos que reveló el diario Folha de Sao Paulo. A este controvertido escenario, se sumó la oposición de la Policía Militar que –mientras continúa con su reclamo salarial– rechaza la iniciativa gubernamental que quiere concederle más atribuciones al Ejército, tras la seguidilla de rebeliones policiales de las últimas semanas.
El Ejército brasileño tiene sus propias definiciones: las “fuerzas adversas”, “son grupos, movimientos sociales, entidades y organizaciones no gubernamentales y cualquier persona que provoque reflejos negativos para la seguridad nacional”. Y ejemplifica: “Actualmente se verifican ejemplos de esas entidades en el crimen organizado, en el narcotráfico y en los movimientos populares como en el MST (Movimiento de los Sin Tierra)” ya que –en palabras de la cartilla confidencial– dichos grupos pueden promover “actos de sabotaje” contra instalaciones militares para apropiarse de documentos, armas y municiones. Por último, las recomendaciones del caso: “repeler o eliminar la fuerza adversa” e, incluso, “para alcanzar los objetivos, muchas veces es necesario hasta arañar derechos de los ciudadanos, en una especie de arbitrio necesario”.
Los documentos capturados también se expiden sobre la metodología necesaria para las operaciones de inteligencia e indican que es legal mentir, falsificar documentos, crear empresas falsas y alquilar inmuebles con el fin de combatir a los movimientos sociales. Siguiendo estrictamente esas normas, el Ejército cuenta hoy con siete “Compañías de Inteligencia”, localizadas en Porto Alegre –sede emblemática de los movimientos sociales internacionales–, Río de Janeiro, San Pablo, Manaus, Recife, Campo Grande y Brasilia. A su vez, cada “compañía” cuenta con un cierto número de subsidiarias llamadas “grupos destacados”, formando un total de 22. El Ejército, mientras tanto, se niega a hacer declaraciones sobre el episodio pero ya abrió una indagación militar-policial para investigar las circunstancias que llevaron al ministerio público a ordenar el allanamiento por el cual se obtuvieron los documentos secretos. La pesquisa se hizo el mes pasado en un cuartel secreto que los militares habían montado en Marabá, al sur del estado de Pará –región donde el MST tiene gran actividad–, que operaba camuflado como una agencia de noticias. En un comunicado, el Ejército se limitó a desmentir que allí funcionaba una oficina de inteligencia y, en cambio, declararon que en la zona sólo realizan “actividades cívico-militares”.
Otro frente de tormenta es la Policía Militar, que se niega a cederle poder al Ejército por entenderlo como “un retroceso histórico”. Así lo expresaron los 27 comisarios nacionales en una carta pública, donde reclaman recursos fijos para la Seguridad y un piso salarial pero rechazan la propuesta gubernamental de crear una “Guardia Nacional”. El responsable del Gabinete de Seguridad Institucional, general Alberto Cardoso, salió a ponerle trapos fríos al asunto y señaló que “debe ser mejor estudiado por ser un tema polémico” y descartó la idea de promover de inmediato una unificación de las dos instituciones policiales (civil y militar). El presidente del Superior Tribunal Militar (STM), Olympio Pereira da Silva Junior, mostró que no esa era la solución al problema y explicó: “sóloocurrieron nuevas huelgas porque los gobernadores no castigaron a los involucrados, una actitud que fortaleció los líderes huelguistas”.

GUATEMALA EN REVUELTA CONTRA UN IMPUESTAZO
La dictadura por otros medios

Por José Elías
Desde Guatemala

Una jornada nacional de protestas en contra de un alza impositiva y la escandalosa corrupción que ha caracterizado al régimen degeneró en actos vandálicos en la ciudad de Totonicapán, 201 kilómetros al noroeste de la capital guatemalteca, donde las turbas desbordaron la presencia policial y quemaron una estación de radio y la casa del diputado Iván Arévalo, miembro del partido de Efraín Ríos Montt en el poder. Al cierre de esta edición, la policía ha recibido refuerzos y recuperaba la ciudad, en manos de la turba durante casi dos horas, y se han producido las primeras capturas, según reportes de emisoras de radio.
Los hechos ocurrieron en medio de un paro nacional de todas las actividades productivas, el cual es acompañado por masivas manifestaciones de protesta tanto en la Ciudad de Guatemala como en capitales y poblaciones del interior del país, donde miles de personas protestan en las calles por la entrada en vigencia de un paquete tributario que aumenta, entre otros gravámenes, el Impuesto al Valor Añadido (IVA) del 10 al 12 por cien y castiga el consumo de cigarrillos, refrescos embotellados y bebidas alcohólicas.
Pero por encima de la natural oposición a cualquier alza impositiva, es el rechazo a la corrupción del riosmonttismo el sentimiento que ha unificado a los guatemaltecos y permitido que salieran a las calles, tomados de la mano, sectores con intereses tan disímiles como el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y financieras (CACIF, la poderosa patronal), con dirigentes sindicales y estudiantiles, sin precedentes en la historia de Guatemala.
“No nos oponemos a los impuestos. Nos oponemos al abuso, al saqueo y a la corrupción del gobierno”, editorializó el matutino Nuestro Diario, el de mayor circulación del país, resumiendo el sentimiento generalizado.
Ocurre que la prensa independiente ha documentado escándalos mayúsculos de corrupción protagonizados en las más altas esferas del Frente Republicano Guatemalteco, el partido-iglesia del inefable general Efraín Ríos Montt, que llegó al poder gracias a su lema de “no robo, no miento y no abuso”, para dar muestras de todo lo contrario al apenas asumir el Gobierno, en enero de 2000.

PRINCIPAL