|
Por Martín
Piqué
 Más de doscientos desocupados
de Florencio Varela tomaron ayer la sede del Ministerio de Trabajo de
la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Reclamaban el pago de 180 planes
Barrios Bonaerenses. Portaban palos y cubrían sus rostros con pasamontañas
y pañuelos, en los que figuraban las iniciales del Movimiento Teresa
Rodríguez. La protesta terminó con una fuerte represión,
con más de 60 detenidos, y volvió a demostrar que la irrupción
de los piqueteros en la vida política ya es un hecho. Pero también
generó un fuerte debate en las organizaciones de desocupados.
“Esto es funcional a los intereses del Gobierno”, cuestionó
Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, en diálogo
con Página/12. “Estos compañeros se equivocan. Ellos
creen que la fuerza se demuestra al cortar un puente con 100 compañeros
y que te puteen 200 mil personas. Nosotros, en cambio, creemos que la
dureza la da la masividad de las protestas”, agregó.
Luego de cinco horas de negociaciones con el ministro Aníbal Fernández,
los manifestantes decidieron retirarse de las instalaciones oficiales,
pero no pudieron ir muy lejos: a doscientos metros del edificio fueron
reprimidos con balas de goma y bastonazos. La Policía arremetió
contra los desocupados, cuando éstos caminaban hacia la estación
de tren. La escena era seguida de cerca por el ministro de seguridad Ramón
Verón. Ante el avance policial, una veintena de jóvenes
rodeó a Martino y comenzó a arrojar piedras para tratar
de impedir su arresto. Los policías respondieron con tiros al aire,
y detuvieron a casi cincuenta personas. Luego persiguieron a los piqueteros
que habían logrado huir, por lo que al final de la jornada los
detenidos eran 69. Entre ellos se encontraba uno de los dirigentes, Roberto
Martino.
Por orden del fiscal Leandro Heredia, los manifestantes fueron recluidos
en la comisaría segunda de La Plata, donde declararon ante la policía
en el marco de la causa por “privación ilegítima de
la libertad, daño y amenazas calificadas”. Al cierre de esta
edición seguían detenidos en esa dependencia policial, y
el comisario inspector Bovet confirmaba a Página/12 que se les
había iniciado una “investigación penal preparatoria”
que luego quedó en manos del fiscal.
La protesta de los piqueteros modificó el paisaje habitual del
centro de La Plata. Los desocupados del Movimiento Teresa Rodríguez
habían llegado a la madrugada, en el tren que pasa por Quilmes,
y a las 7.30 ya se encontraban en las puertas del edificio de la calle
7 y 39. Un rato después comenzó a llegar la policía,
que paulatinamente fue sumando cada vez más agentes: al mediodía
el Ministerio de Trabajo estaba rodeado por más de 200 agentes
de la policía montada, de la guardia de infantería y del
Grupo Halcón, el mismo que actuó en la masacre de Ramallo.
La represión parecía inminente porque el titular de la cartera
laboral, Aníbal Fernández, no quería negociar mientras
los manifestantes permanecieran dentro del ministerio. Fernández
había llegado a las 7.20, y con él habían entrado
los desocupados, que intentaron forzar la puerta de entrada con una barreta.
Al final ingresaron por la fuerza y ocuparon varios pisos del edificio,
algunos subieron hasta el tercero, donde está el despacho del ministro,
para negociar con Fernández.
Después de la represión, el ministro Fernández defendió
la acción de la policía y criticó a los miembros
del Movimiento Teresa Rodríguez. “No puede haber nadie que
alegremente se meta a un banco o a un ministerio y lo tome. Esto no puede
pasar y por eso actuó la Justicia”, dijo. Mientras el funcionario
hacía declaraciones, un grupo de 40 piqueteros que había
logrado escapar, se encontraba rodeado por policías en la Facultad
de Periodismo. Los salvó la intervención del diputado frepasista
Alejandro Mosquera, quien le pidió a Verón que no hubiera
más violencia.
Consultados por este diario, varios dirigentes de desocupados criticaron
las acciones del “Teresa Rodríguez”: “Cada vez que
anunciamos una protesta importante, ellos se salen con algo así”,
reconoció ayer a Página/12 un referente de los piqueteros
de La Matanza que no quiso dar su nombre.
|
Cacerolazo en puerta
Tal como anunció Página/12 en su edición
del jueves, el martes próximo los cortes de ruta organizados
por la Mesa Nacional de Organizaciones de Desocupados se realizarán
en forma coordinada con otros sectores sociales. Así, los
piquetes estarán acompañados de “un cacerolazo
y un apagón”. El miércoles, además, se
hará una marcha a Plaza de Mayo. La Mesa que agrupa a la
CTA, la CCC y el Polo Obrero consideró que la jornada del
martes será “muy importante” por la “masividad”
y la “enorme organización” de la protesta. Luego,
anunció que el “cacerolazo y apagón” se
hará el martes de las 20 a las 20.15 y que la marcha a Plaza
de Mayo partirá “todos los piquetes de Capital Federal
y Gran Buenos Aires”.
|
“NO
JUDICIALIZAR EL CONFLICTO”
Juampi, conciliador
“No debemos judicializar
el conflicto social”, sostuvo ayer en Salta el ministro de Desarrollo
Social, Juan Pablo Cafiero, quien volvió a General Mosconi tras
la imprevista visita que realizó a fines de junio para dialogar
con los piqueteros tras el enfrentamiento con Gendarmería. “Volví
para cumplir con la promesa que hicimos en el viaje anterior de ayudar
a desarrollar respuestas genuinas.”
Cafiero, que entonces fue el primer funcionario nacional en ir a Mosconi
para interiorizarse de los reclamos de los vecinos, participó de
una asamblea en la Iglesia del pueblo, donde comentó a la comisión
vecinal, a desocupados, y a miembros de la comunidad wichi, el proyecto
que el Ministerio pretende implementar en la zona.
Les explicó que se trata de un plan de inversión que, de
acuerdo con el frepasista, creará 100 nuevos empleos a corto plazo,
y 1500 en un futuro más lejano. “A través de un convenio
que firmamos con la provincia, Salta se compromete a poner 3000 hectáreas
de bosque y el Ministerio hace un aporte de 450 mil pesos para el manejo
del mismo”, sostuvo.
Según el ministro, con esto se generará “un horizonte
productivo” ya que va permitir “el desarrollo de pequeños
aserraderos y la extracción de productos forestales bajo un manejo
sustentable”.
A su vez, Cafiero inauguró obras de infraestructura en la capital
salteña y obras de agua potable en las localidades norteñas
de Aguaray, Pichanal y Urundel. Además, aseguró que el total
de la inversión del Ministerio en la ciudad de Salta ascendería
a 20 millones de pesos.
En referencia a la intensidad del conflicto social, el ministro sostuvo
que “lo último que
debe intervenir es la fuerza de la justicia y la policial” porque
“esa es la derrota de las políticas sociales”. Y agregó:
“en todas las protestas subyace un elemento de justicia” por
lo que “el Estado tiene que dar respuesta a tono con los reclamos,
tratando de solucionar los problemas”. El ministro concluiría
la gira hoy tras visitar Tartagal.
|
