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 Los gobiernos de Buenos Aires
y de la Nación se cruzaron ayer duramente sobre los recursos que
reclama la provincia para afrontar el pago de sueldos y jubilaciones de
casi medio millón de personas que todavía no saben cuándo
cobrarán. El viceministro de Economía, Daniel Marx, aseguró
que la Nación ya giró los recursos correspondientes a la
coparticipación federal impositiva, mientras que el vicegobernador
bonaerense, Felipe Solá, afirmó que la Nación no
cumplió en forma total su compromiso de financiar en 500 millones
de pesos a la provincia de aquí a fin de año.
No obstante, Solá aseguró que a partir de pasado mañana
los empleados públicos y los jubilados “van a cobrar, aunque
con algún atraso”.
Marx remarcó que “todo ha sido girado de acuerdo con lo previsto”,
y puso de relieve que “los montos no han sido menores”. “Si
hace falta más, bueno, cada provincia tiene sus propias responsabilidades”,
sostuvo el responsable del área de Finanzas, quien consultado sobre
si la Nación había cumplido su compromiso con la provincia
de Buenos Aires, afirmó: “Así es”.
Por su parte, Solá precisó que “emitimos el bono, achicamos
el gasto por 500 millones de pesos, y ellos no cumplieron con los 500
millones de financiamiento, nos dieron solamente 110 millones el mes pasado”.
Solá señaló que “lo que no dice Marx es que
a las provincias les retuvieron por deudas anteriores una buena parte
de esos fondos”. “Marx dice una parte de la verdad, pero no
toda”, sostuvo el vicegobernador
En tanto, la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos
y Uso Hospitalario (Capgen) anunció ayer la posibilidad de suspender
el suministro de medicamentos a los hospitales provinciales, si el Gobierno
bonaerense insiste en la cancelación de la deuda con Patacones.
La deuda corresponde al período 1999-2001 y asciende a 5,8 millones
de pesos, y es intención del gobernador Carlos Ruckauf, cancelarla
con patacones.
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OPINION
Por Claudio Lozano*
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El déficit
cero no cierra
Suponiendo que la economía argentina se mantenga estancada
durante el año 2001, el cumplimiento de la ley de déficit
cero requiere de un nuevo recorte en el último trimestre
de este año equivalente a 1562 millones de dólares.
Esto supone una reducción del 26% del gasto (acumulativo
respecto del 13% del trimestre en curso) y colocaría la rebaja
salarial y jubilaciones en el orden del 42,38% para todo el semestre.
Cabe consignar que este escenario es el mas benigno. Parece claro
que a partir de las definiciones adoptadas y que suponen en concreto
transformar la hiperrecesión en objetivo de la política
económica, el 2001 no finalizará con estancamiento
sino con una caída que puede estimarse en el orden del 1,5%.
Si esto fuese así, la recaudación sería menor
y el ajuste a realizar en el último trimestre se elevaría
a un 40% acumulativo respecto al vigente en el trimestre actual.
Se consolidaría así una reducción del 58,2%
para el conjunto del semestre. Por cierto, lo expuesto supone que,
de mantenerse el criterio oficial, no existirá el medio aguinaldo
correspondiente a diciembre.
La magnitud que exhiben los recortes futuros en función de
las proyecciones que estamos presentando permiten comenzar a aproximarnos
al dislate que supone y plantea la política oficial. En primer
lugar, en términos fiscales lo que no se observa en una política
que lleva al límite la recesión es cuál es
el piso de la recaudación futura. Por lo tanto, se abren
interrogantes desde este punto de vista alentados incluso por la
instrumentación simultánea de planes de competitividad
que desfinancian aún más al Estado.
En segundo término, se ha afirmado que el déficit
cero implica no aumentar el endeudamiento. No obstante, debe precisarse
que así fuese que el Estado dispusiera de todos los pesos,
debería poder transformarlos en divisas. Para esto se requiere
que la balanza de pagos provea de dólares suficientes con
los que afrontar el endeudamiento público. Como la cuenta
corriente es negativa y la inversión extranjera no compensa
ese déficit, los dólares no están. Así,
habrá que endeudarse para sostener la hiperrecesión.
Por último, los recortes planteados y la hiperrecesión
definen un cuadro de conflictividad social y precariedad institucional.
En suma, la propuesta oficial no cierra fiscalmente, no resuelve
los problemas de solvencia externa y pone en el límite la
crisis institucional. Cualquiera de los problemas apuntados o la
combinatoria de todos ellos pueden dar lugar a la profundización
de la crisis y definen que la decisión gubernamental ha puesto
a la Argentina en la triste disyuntiva de optar entre el camino
hiperrecesivo hacia la dolarización o la variante de terminar
en dicho escenario luego de una profunda devaluación.
La recesión dolarizante y el default disciplinador son dos
caras de una misma moneda y reflejan el distinto posicionamiento
que en la presente coyuntura tienen los ganadores del modelo. Ambas
variantes son solidarias con un contexto de evaporación del
régimen democrático y suponen un mayor autoritarismo
político. Es hora de definir un programa de emergencia antes
de que la emergencia sea mayor.
* Secretario de Estudios y Formación, CTA.
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