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Jueces, organismos y fiscales,
juntos por la justicia universal

En la primera jornada
del seminario organizado
por la Comisión por la Memoria bonaerense, tres jueces federales se pronunciaron por el derecho a la verdad y por la depuración policial.

Las deliberaciones se llevaron a cabo en la sala donde sesionó la Conadep en 1984.

Por Victoria Ginzberg

Jueces y fiscales y miembros de organismos de derechos humanos compartieron ayer una jornada de debate. Aunque las reuniones de trabajo se hicieron por separado, todos se juntaron al mediodía en un lunch, bajo una bandera argentina que sobre el blanco reclamaba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los funcionarios judiciales elaboraron un documento contundente en el que se pronunciaron por el respeto de la justicia universal, el derecho a la verdad y la necesidad de depuración de la policía para impedir que continúen las torturas en cárceles y comisarías. Así comenzó el Segundo Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva organizado por la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
Los jueces federales de la Capital Federal Jorge Luis Ballestero, Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón, el defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, el camarista platense Leopoldo Schiffrin y el procurador de Río de Janeiro, Juárez Tavares firmaron el crítico documento en la sala Madres de Plaza de Mayo, del Centro Cultural San Martín, donde funcionó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Sobre la “generalizada práctica de la tortura en todas sus formas en modo sistemático”, especialmente en la provincia de Buenos Aires –“donde se registra una situación de violencia estatal de neto corte autoritario”– los miembros del Poder Judicial estimaron que “cabe una pesada responsabilidad institucional a los poderes políticos que no han realizado las reformas del sistema policial y penitenciario heredados de la dictadura, causando que muchos funcionarios mantengan las prácticas aberrantes del pasado sin que el Gobierno realice acción alguna para revertir la situación, tolerando y consintiendo aquellas prácticas”.
El escrito elaborado por los funcionarios de la Justicia señala que se debe “insistir en que todas las autoridades nacionales y provinciales, en especial el Poder Ejecutivo Nacional, respeten el principio de jurisdicción universal consagrado por la Constitución”. Los jueces, el fiscal y el defensor evitaron pronunciarse acerca de la validez o invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya que el tema está siendo estudiado por la Cámara Federal porteña, pero señalaron que el Congreso debería introducir en el derecho interno la figura de “genocidio”, cuya Convención respectiva fue aprobada y ratificada por Argentina en 1956. Además denunciaron “el completo incumplimiento” del pacto que el Gobierno firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la magistratura federal en los juicios por la verdad y la designación de una comisión especial de fiscales para promoverlos.
La Comisión por la Memoria había invitado a muchos otros jueces y miembros del ministerio público. Algunos, como la jueza María Servini de Cubría, el camarista Horacio Cattani y el fiscal Eduardo Freiler, avisaron que no podían concurrir. Entre los que no contestaron estuvieron el magistrado Jorge Urso y la camarista Luisa Riva Aramayo.
Los miembros de organismos de derechos humanos también debatieron durante toda la mañana en una gran mesa en la que se congregaron representantes del interior y del exterior. Sophie Thonon, abogada de los juicios franceses sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina, destacó la falta de respuesta de la Cancillería a un pedido de colaboración enviado por Francia hace más de un año. “Argentina trató con desprecio la solicitud, en cambio Chile aceptó la rogatoria y ahora un juez chileno está interrogando a testigos a solicitud del juez francés”, expresó Thonon. También estuvieron presentes, entre otros, Elena Reviriego, de la Acusación Popular del juicio español, el uruguayo Diego Camaño; representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, de Buena Memoria y de Abuelas de Plaza de Mayo; la Directora de Derechos Humanos delGobierno de la Ciudad, Gabriela Alegre y los abogados Eduardo Barcesat, Benusz Szmukler, Alberto Zuppi y Mirta Mántaras.
En el escrito suscripto por los organismos de derechos humanos se reclamó que “la Cancillería cese en su actitud obstruccionista” a los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en el extranjero, se rechazó el proyecto de ley que autoriza el ingreso de tropas latinoamericanas y estadounidenses para maniobras conjuntas en Salta que “constituye el restablecimiento de la doctrina de la seguridad nacional y la reconstrucción del Plan Cóndor” y se repudiaron las decisiones de la justicia salteña, que negó la excarcelación de los detenidos por su participación en protestas sociales. Además, se reclamó que el gobierno uruguayo haga lugar a la extradición de los jefes militares imputados por su participación en el Plan Cóndor pedido por Canicoba Corral, uno de los magistrados que asistieron al encuentro.
Durante la reunión, el legislador bonaerense del Frepaso Alejandro Mosquera recordó que la Comisión por la Memoria, de la que forma parte, solicitó hace casi dos meses una audiencia con el presidente Fernando de la Rúa y aún no tiene respuesta. A través de una carta firmada por Estela Carlotto, la Comisión expresó su preocupación por declaraciones del jefe y del Secretario General del Ejército, Ricardo Brinzoni y Eduardo Alfonso. “Creemos que es justo y perentorio que el Presidente se haga tiempo para ocuparse de los temas que tienen que ver con la profundización de la democracia y la defensa de las instituciones”, expresó la Comisión en el texto.

 

Opciones morales

“Opciones morales ante situaciones límites” es el título del Segundo Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva que se realizará hasta el domingo en Buenos Aires y La Plata. El evento está organizado por la Comisión Provincial por la Memoria, formada por miembros de organismos de derechos humanos y legisladores del PJ, la UCR y el Frepaso y coordinada por Gabriela Cerruti. Entre otras actividades, el fin de semana se realizarán:
El sábado: a las 9 en el Teatro Argentino –51 entre 9 y 10, La Plata– Debate sobre “las sociedades latinoamericanas frente al Estado represor”, con Manuel Garretón, Horacio Verbitsky, María Herminia Tavares de Almeida y Elizabeth Jelin. A las 18 en el mismo lugar Silvia Sigal, Carlos Altamirano, Claudia Hilb e Hilda Sábato expondrán sobre “procesos Políticos y sociales que antecedieron a la dictadura”. A las 21 en el cine Select –Pasaje Dardo Rocha 7 y 50, La Plata– se proyectarán Sor Alice, Juan como si nada hubiera sucedido, Maestros del viento, Papá Ivan y Cortos del Instituto Nacional de Cinematografía.
El domingo: Bruno Groppo, Enzo Traverso, Luis Alberto Romero y Dolores Béjar darán una conferencia sobre “Las raíces del horror: autoritarismos en Europa y América latina”. En el Teatro Argentino. A las 16 Daniel Brauer, Héctor Schmucler, Bernhard Giessen y Hugo Vezzeti hablarán sobre “Opciones morales en situaciones límites”.

 

OPINION
Por Washington Uranga

Angelelli de todos

El 4 de julio de 1976, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, cinco religiosos palotinos fueron asesinados. El 18 de julio del mismo año, los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville corrieron la misma suerte en El Chamical, en La Rioja. El obispo de entonces, Enrique Angelelli, decidió ir al lugar, iniciar por su cuenta las investigaciones y denunciar los motivos de los asesinatos. El propio Angelelli había reunido pruebas que daban cuenta de que los curas de El Chamical habían sido sacados de la casa en la misma noche de su muerte por varios hombres armados que vestían de civil y que mostraron credenciales de la Policía Federal. Al día siguiente los sacerdotes fueron encontrados acribillados a balazos en las afueras del pueblo. Uno de ellos tenía evidentes signos de tortura. El 25 de julio un grupo de encapuchados se presentó en parroquia de Sañogasta buscando al párroco. No lo encontraron. El cura, advertido por el obispo, había abandonado el lugar. Entonces la comitiva asesina dirigió sus pasos hacia la casa de un militante cristiano, laico y perteneciente al Movimiento Rural, Wenceslao Pedernera. A este hombre de 38 años lo ametrallaron a la vista de su familia.
El asesinato del obispo Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto de 1976 y del que se cumplen 25 años, no puede ser visto de manera aislada, sino como parte del contexto de persecución que instaló la dictadura militar y que también tuvo como destinatario a un sector de la Iglesia Católica comprometido con las luchas populares.
Angelelli sabía que estaba sentenciado a muerte. Además de las amenazas recibidas, él mismo había visto una lista de presuntas víctimas en la que estaba incluido. Los sacerdotes le habían pedido que dejara La Rioja. Sin embargo, decidió permanecer y hacerse cargo personalmente de la investigación por los asesinatos de los curas de El Chamical.
El 4 de agosto en la carretera que conduce a la capital riojana y a la altura de Punta de los Llanos, Angelelli murió ultimado a golpes con piedras después de que su camioneta volcó a raíz de un accidente provocado y él, accidentado pero aún con vida, quedó sobre el pavimento. La policía bloqueó la zona e incautó el vehículo. Apenas pocas horas después la carpeta con toda la documentación probatoria que Angelelli había logrado reunir sobre el asesinato de los curas Longueville y Murias estaba en el despacho del ministro del Interior de la dictadura, general Albano Harguindeguy.
El pueblo cristiano de La Rioja transformó a Angelelli en mártir desde el momento mismo de su asesinato y más allá de cualquier reconocimiento formal eclesiástico o de procesos judiciales falseados o truncos. Otros, también no católicos, lo incorporaron a sus propias banderas. Quizá recordando que ese cura cordobés que llegó a La Rioja para ser obispo, lo hizo diciendo que quiero “comprometerme con ustedes y ser un riojano más” y lo fue hasta la muerte. En esa misma ocasión les había pedido a sus fieles católicos que “oren para que sea el obispo y amigo de todos, de católicos y no católicos, de los que creen y de los que no creen pero que luchan contra las injusticias”.

 

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