Por Victoria Ginzberg
Jueces y fiscales y miembros
de organismos de derechos humanos compartieron ayer una jornada de debate.
Aunque las reuniones de trabajo se hicieron por separado, todos se juntaron
al mediodía en un lunch, bajo una bandera argentina que sobre el
blanco reclamaba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final. Los funcionarios judiciales elaboraron un documento contundente
en el que se pronunciaron por el respeto de la justicia universal, el
derecho a la verdad y la necesidad de depuración de la policía
para impedir que continúen las torturas en cárceles y comisarías.
Así comenzó el Segundo Encuentro Internacional sobre la
Construcción de la Memoria Colectiva organizado por la Comisión
por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
Los jueces federales de la Capital Federal Jorge Luis Ballestero, Gabriel
Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal de Bahía Blanca Hugo
Omar Cañón, el defensor de Casación de la provincia
de Buenos Aires, Mario Coriolano, el camarista platense Leopoldo Schiffrin
y el procurador de Río de Janeiro, Juárez Tavares firmaron
el crítico documento en la sala Madres de Plaza de Mayo, del Centro
Cultural San Martín, donde funcionó la Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas (Conadep). Sobre la generalizada
práctica de la tortura en todas sus formas en modo sistemático,
especialmente en la provincia de Buenos Aires donde se registra
una situación de violencia estatal de neto corte autoritario
los miembros del Poder Judicial estimaron que cabe una pesada responsabilidad
institucional a los poderes políticos que no han realizado las
reformas del sistema policial y penitenciario heredados de la dictadura,
causando que muchos funcionarios mantengan las prácticas aberrantes
del pasado sin que el Gobierno realice acción alguna para revertir
la situación, tolerando y consintiendo aquellas prácticas.
El escrito elaborado por los funcionarios de la Justicia señala
que se debe insistir en que todas las autoridades nacionales y provinciales,
en especial el Poder Ejecutivo Nacional, respeten el principio de jurisdicción
universal consagrado por la Constitución. Los jueces, el
fiscal y el defensor evitaron pronunciarse acerca de la validez o invalidez
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya que el tema está
siendo estudiado por la Cámara Federal porteña, pero señalaron
que el Congreso debería introducir en el derecho interno la figura
de genocidio, cuya Convención respectiva fue aprobada
y ratificada por Argentina en 1956. Además denunciaron el
completo incumplimiento del pacto que el Gobierno firmó con
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar
la magistratura federal en los juicios por la verdad y la designación
de una comisión especial de fiscales para promoverlos.
La Comisión por la Memoria había invitado a muchos otros
jueces y miembros del ministerio público. Algunos, como la jueza
María Servini de Cubría, el camarista Horacio Cattani y
el fiscal Eduardo Freiler, avisaron que no podían concurrir. Entre
los que no contestaron estuvieron el magistrado Jorge Urso y la camarista
Luisa Riva Aramayo.
Los miembros de organismos de derechos humanos también debatieron
durante toda la mañana en una gran mesa en la que se congregaron
representantes del interior y del exterior. Sophie Thonon, abogada de
los juicios franceses sobre las violaciones a los derechos humanos en
Argentina, destacó la falta de respuesta de la Cancillería
a un pedido de colaboración enviado por Francia hace más
de un año. Argentina trató con desprecio la solicitud,
en cambio Chile aceptó la rogatoria y ahora un juez chileno está
interrogando a testigos a solicitud del juez francés, expresó
Thonon. También estuvieron presentes, entre otros, Elena Reviriego,
de la Acusación Popular del juicio español, el uruguayo
Diego Camaño; representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales,
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, de Buena
Memoria y de Abuelas de Plaza de Mayo; la Directora de Derechos Humanos
delGobierno de la Ciudad, Gabriela Alegre y los abogados Eduardo Barcesat,
Benusz Szmukler, Alberto Zuppi y Mirta Mántaras.
En el escrito suscripto por los organismos de derechos humanos se reclamó
que la Cancillería cese en su actitud obstruccionista
a los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en el extranjero,
se rechazó el proyecto de ley que autoriza el ingreso de tropas
latinoamericanas y estadounidenses para maniobras conjuntas en Salta que
constituye el restablecimiento de la doctrina de la seguridad nacional
y la reconstrucción del Plan Cóndor y se repudiaron
las decisiones de la justicia salteña, que negó la excarcelación
de los detenidos por su participación en protestas sociales. Además,
se reclamó que el gobierno uruguayo haga lugar a la extradición
de los jefes militares imputados por su participación en el Plan
Cóndor pedido por Canicoba Corral, uno de los magistrados que asistieron
al encuentro.
Durante la reunión, el legislador bonaerense del Frepaso Alejandro
Mosquera recordó que la Comisión por la Memoria, de la que
forma parte, solicitó hace casi dos meses una audiencia con el
presidente Fernando de la Rúa y aún no tiene respuesta.
A través de una carta firmada por Estela Carlotto, la Comisión
expresó su preocupación por declaraciones del jefe y del
Secretario General del Ejército, Ricardo Brinzoni y Eduardo Alfonso.
Creemos que es justo y perentorio que el Presidente se haga tiempo
para ocuparse de los temas que tienen que ver con la profundización
de la democracia y la defensa de las instituciones, expresó
la Comisión en el texto.
Opciones morales
Opciones morales ante situaciones límites es
el título del Segundo Encuentro Internacional sobre la Construcción
de la Memoria Colectiva que se realizará hasta el domingo
en Buenos Aires y La Plata. El evento está organizado por
la Comisión Provincial por la Memoria, formada por miembros
de organismos de derechos humanos y legisladores del PJ, la UCR
y el Frepaso y coordinada por Gabriela Cerruti. Entre otras actividades,
el fin de semana se realizarán:
El sábado: a las
9 en el Teatro Argentino 51 entre 9 y 10, La Plata Debate
sobre las sociedades latinoamericanas frente al Estado represor,
con Manuel Garretón, Horacio Verbitsky, María Herminia
Tavares de Almeida y Elizabeth Jelin. A las 18 en el mismo lugar
Silvia Sigal, Carlos Altamirano, Claudia Hilb e Hilda Sábato
expondrán sobre procesos Políticos y sociales
que antecedieron a la dictadura. A las 21 en el cine Select
Pasaje Dardo Rocha 7 y 50, La Plata se proyectarán
Sor Alice, Juan como si nada hubiera sucedido, Maestros del viento,
Papá Ivan y Cortos del Instituto Nacional de Cinematografía.
El domingo: Bruno Groppo,
Enzo Traverso, Luis Alberto Romero y Dolores Béjar darán
una conferencia sobre Las raíces del horror: autoritarismos
en Europa y América latina. En el Teatro Argentino.
A las 16 Daniel Brauer, Héctor Schmucler, Bernhard Giessen
y Hugo Vezzeti hablarán sobre Opciones morales en situaciones
límites.
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OPINION
Por Washington Uranga
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Angelelli de todos
El 4 de julio de 1976, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires,
cinco religiosos palotinos fueron asesinados. El 18 de julio del
mismo año, los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville corrieron la misma suerte en El Chamical, en La Rioja.
El obispo de entonces, Enrique Angelelli, decidió ir al lugar,
iniciar por su cuenta las investigaciones y denunciar los motivos
de los asesinatos. El propio Angelelli había reunido pruebas
que daban cuenta de que los curas de El Chamical habían sido
sacados de la casa en la misma noche de su muerte por varios hombres
armados que vestían de civil y que mostraron credenciales
de la Policía Federal. Al día siguiente los sacerdotes
fueron encontrados acribillados a balazos en las afueras del pueblo.
Uno de ellos tenía evidentes signos de tortura. El 25 de
julio un grupo de encapuchados se presentó en parroquia de
Sañogasta buscando al párroco. No lo encontraron.
El cura, advertido por el obispo, había abandonado el lugar.
Entonces la comitiva asesina dirigió sus pasos hacia la casa
de un militante cristiano, laico y perteneciente al Movimiento Rural,
Wenceslao Pedernera. A este hombre de 38 años lo ametrallaron
a la vista de su familia.
El asesinato del obispo Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto
de 1976 y del que se cumplen 25 años, no puede ser visto
de manera aislada, sino como parte del contexto de persecución
que instaló la dictadura militar y que también tuvo
como destinatario a un sector de la Iglesia Católica comprometido
con las luchas populares.
Angelelli sabía que estaba sentenciado a muerte. Además
de las amenazas recibidas, él mismo había visto una
lista de presuntas víctimas en la que estaba incluido. Los
sacerdotes le habían pedido que dejara La Rioja. Sin embargo,
decidió permanecer y hacerse cargo personalmente de la investigación
por los asesinatos de los curas de El Chamical.
El 4 de agosto en la carretera que conduce a la capital riojana
y a la altura de Punta de los Llanos, Angelelli murió ultimado
a golpes con piedras después de que su camioneta volcó
a raíz de un accidente provocado y él, accidentado
pero aún con vida, quedó sobre el pavimento. La policía
bloqueó la zona e incautó el vehículo. Apenas
pocas horas después la carpeta con toda la documentación
probatoria que Angelelli había logrado reunir sobre el asesinato
de los curas Longueville y Murias estaba en el despacho del ministro
del Interior de la dictadura, general Albano Harguindeguy.
El pueblo cristiano de La Rioja transformó a Angelelli en
mártir desde el momento mismo de su asesinato y más
allá de cualquier reconocimiento formal eclesiástico
o de procesos judiciales falseados o truncos. Otros, también
no católicos, lo incorporaron a sus propias banderas. Quizá
recordando que ese cura cordobés que llegó a La Rioja
para ser obispo, lo hizo diciendo que quiero comprometerme
con ustedes y ser un riojano más y lo fue hasta la
muerte. En esa misma ocasión les había pedido a sus
fieles católicos que oren para que sea el obispo y
amigo de todos, de católicos y no católicos, de los
que creen y de los que no creen pero que luchan contra las injusticias.
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