Dos años y medio pasaron
ya del inolvidable e insoportable apagón que dejó
a oscuras a casi 600.000 personas en el tórrido febrero de 1999.
Sin embargo, no todos se resignaron al resarcimiento pagado por Edesur
y recurrieron a la Justicia para reclamar por más. En los últimos
meses, más de treinta juicios contra la compañía
fueron resueltos y, en el ciento por ciento de las demandas, la Justicia
falló en favor del usuario, con indemnizaciones que oscilaron entre
los 1000 y los 5000 pesos. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires aseguraron a Página/12 que hay más
de 1500 juicios que se están tramitando. Mientras que desde
Edesur desestimaron cualquier resurgimiento de las demandas y detallaron
que menos del 0,4 por ciento de los afectados se presentaron a la
Justicia, algunos abogados comentaron que las consultas se han intensificado
en los últimos tiempos, tras conocerse los fallos positivos para
los usuarios.
El 15 de febrero de 1999 se incendió una subestación de
Edesur y comenzó en la ciudad un histórico apagón
que duró 11 días y fue un verdadero calvario para 150.000
clientes (que estadísticamente representan algo así como
600.000 personas). Por los perjuicios ocasionados, el ENRE le fijó
a la empresa una multa de 75 millones de pesos en concepto de resarcimiento.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo porteña consideró
que los daños causados por el apagón superaban largamente
esa suma y presentó una demanda a la Justicia, la que finalmente
determinó que Edesur es civilmente responsable por
el apagón. El abogado de la Defensoría, Eduardo Monti, explicó
a este diario que esa sentencia habilitó a demandar a todos
los que hubieran sufrido el corte y con un procedimiento sencillo, ya
que el usuario sólo debe demostrar que fue perjudicado y no necesita
probar la responsabilidad de Edesur, porque ya está determinada
su culpa. A partir de eso, muchos afectados demandaron a Edesur
por los daños morales y los perjuicios económicos ocasionados
por el apagón, y la Justicia falló siempre en favor del
consumidor.
Durante el último año se fueron sucediendo las condenas
a la empresa, que tuvo que pagar indemnizaciones de entre 1000 y 5000
pesos. Animados por esto, muchos damnificados comenzaron a hacer consultas
para comenzar una acción legal. Ernesto Mociulsky, abogado patrocinante
de unas 250 causas contra Edesur y con 20 sentencias favorables, detalló
que se acerca mucha gente para averiguar cómo iniciar la
demanda. El abogado sostiene que este resurgimiento se debe a que
todas las resoluciones fueron siempre favorables a los vecinos y se corrió
la voz.
Alejandro Itzcovich, otro abogado con alrededor de 300 causas iniciadas,
apuntó un promedio de 10 consultas diarias, de gente que
quedó a la espera de ver lo que pasaba con los primeros juicios.
Los abogados explicaron que hay un plazo de hasta 10 años para
presentar una demanda, ya que la Cámara fijó que se
trató de un incumplimiento de contrato por parte de la empresa
y no de daños y perjuicios, causa que prescribe a los dos años.
Sin embargo, Mociulsky cree que todavía son muy pocas las
demandas en relación a la cantidad de perjudicados. Existen temores
a iniciar juicios por la desconfianza en los abogados y en la justicia.
Para evacuar dudas y temores entre los usuarios, el abogado de la Defensoría
aclaró que el trámite es bastante sencillo y que es posible
solicitar el beneficio de litigar sin costo y de esa manera quedar
eximidos de pagar la tasa de justicia, el tres por ciento del monto reclamado.
Mociulsky fue más lejos y aventuró: Es impensable
que se pierda una demanda. El damnificado sólo debe demostrar que
fue perjudicado y demandar el dinero que representó el daño.
En Edesur puntualizaron que registramos 681 juicios iniciados
y desestimaron la posibilidad de que esta cifra crezca considerablemente,
pese a que en la Defensoría calculan que hay más de 1500
juicios iniciados. Destacaron que ya pagaron 75 millones de pesos
a 156.000 clientes perjudicados por el corte. Finalmente, los abogados
aclararonque el usuario que cobró el resarcimiento de la empresa
no está inhabilitado para iniciar una acción legal, y que
en todo caso, de la indemnización determinada por la Justicia se
descontará la cifra pagada por la empresa.
TRAS
ROBAR EN SU CASA, SECUESTRAN A UN HOMBRE
De rehén por los cajeros
Un comerciante de 56 años
vivió ayer una pesadilla, cuando dos parejas de asaltantes lo secuestraron
en la puerta de su casa, en la localidad de José C. Paz, y lo llevaron
a recorrer varios cajeros automáticos de la zona noroeste del Gran
Buenos Aires para que sacara dinero de sus cuentas. Una hora después,
la policía logró interceptar a los asaltantes, que liberaron
ileso al rehén y se entregaron.
Lázaro Coradeghini fue interceptado por los asaltantes en el momento
en que sacaba su auto Volkswagen Gol del garaje. Los dos varones, de 20
y 21 años, obligaron al hombre a entrar en la casa, de donde se
llevaron varios electrodomésticos y otras pertenencias. Dentro
de la vivienda estaba la esposa del comerciante, María Alfaro,
de 48 años. Las dos mujeres que habían llegado con los ladrones
esperaban en la calle.
Tras desvalijar la casa, los cuatro asaltantes subieron al auto de Coradeghini
y lo obligaron a manejar hasta San Miguel, donde planeaban hacerle retirar
dinero de varios cajeros automáticos. Pero la esposa del rehén
había dado aviso a la policía cuando los delincuentes dejaron
la casa, por lo que se montó un operativo en la zona de los bancos.
Finalmente, una docena de patrulleros logró interceptar el auto
en el que se movilizaban los ladrones y la víctima, en el cruce
de las calles Italia y Presidente Perón. Los delincuentes indicaron
al comerciante que detuviera el auto, y se entregaron a la policía.
En su poder se secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros.
Tres de los asaltantes fueron identificados como Walter Gastón
Salón, de 21 años, Alfredo Aguirre, de 20 y Claudia Stark,
de 18. Coradeghini tuvo que ser trasladado a una clínica privada
a raíz de un golpe que recibió en la cabeza, aunque fuentes
policiales indicaron que su estado de salud es bueno y que ya fue dado
de alta. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 4 del departamento Judicial de San Martín.
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