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Un pequeño olvido en la constitución de Córdoba

Después del plebiscito, se
aprobó disolver el Senado a
fin de año. Pero se olvidaron
de determinar quién designará
y juzgará a los jueces. Piden la anulación de todo el proceso.

De la Sota impulsó la
disolución del Senado provincial.
Pero no modificaron los artículos que tratan de los jueces.

Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba

El apuro de los legisladores cordobeses por hacer buena letra ante el humor social les jugó una mala pasada: el jueves aprobaron, en menos de 48 horas, un proyecto de reforma de la constitución provincial que no prevé la modificación de los artículos para establecer quién va a nombrar a los jueces y quiénes integrarán el jury de enjuiciamiento a los magistrados. La modificación del texto constitucional reduce a la mitad la Legislatura, que será de una sola cámara a partir de octubre. La reforma fue aprobada luego de que el gobierno de José Manuel De la Sota obtuviera un respaldo del 70 por ciento por parte de los que fueron a votar el 22 de julio pasado, en la consulta popular que el propio gobernador promovió. Por su parte, el diputado frepasista Eduardo García le pidió al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que declare inconstitucional la ley sancionada, porque todos los legisladores tienen que dejar sus bancas dos años antes del vencimiento de los mandatos.
Según la actual constitución de Córdoba, la designación de los jueces es una atribución exclusiva del Senado. Pero este cuerpo no existirá a partir de diciembre, cuando asumirá una Legislatura unicameral. Y el artículo que contempla el tema, el 89, no fue incluido en la reforma que se aprobó la semana pasada. “Otro artículo que se omitió es el del jurado de enjuiciamiento”, reconoció un diputado justicialista. La constitución señala en el artículo 159 que debe integrarse con cuatro senadores y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, pero no se prevé reformar este punto en la ley que salió sancionada tras el juego de apuestas.
En voz alta, los senadores del oficialismo se negaron a reconocer que cometieron un par de bloopers y aseguraron que “esto podrá ser enmendado en la Asamblea Constituyente”. Por lo bajo, admitieron que los olvidos se debieron a la rapidez con que ocurrió todo, cuando a los radicales se les ocurrió apostar a que el cambio en el Congreso tuviera vigencia desde las elecciones de octubre próximo y De la Sota les subió la apuesta, ordenando a sus legisladores que aprobaran el proyecto en las dos cámaras.
De un lado y de otro, los legisladores hicieron el mea culpa: “Esto fue a causa de la premura con que salió esta ley”. Aunque los justicialistas tiraron la pelota afuera: “Nosotros les dijimos a los radicales, y ellos ya no querían mover nada”, se justificaron.
Para el senador delasotista Horacio Obregón Cano “el artículo debió haber estado”. Recordó que actualmente rige la ley por la cual los jueces son nombrados por el Consejo de la Magistratura, ad referéndum del Senado, pero ese organismo no tiene rango constitucional. En ese sentido, opinó que la reforma que se hará en setiembre “debió incluir otros temas, como el del funcionamiento del Consejo”.
Esta semana el diputado socialista Eduardo García presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un pedido de inconstitucionalidad de la ley de la reforma. García adujo la “abierta violación de la constitución de la provincia, que declara que ningún proyecto desechado por una de las cámaras puede volver a presentarse en las sesiones del mismo año”. La reforma constitucional había sido rechazada por la oposición en Diputados en los primeros días de julio, tras lo cual De la Sota insistió con el plebiscito. En los argumentos de la presentación, el diputado también señala que al establecer de entrada que el Congreso quedará reducido a una única cámara con 70 miembros, los legisladores avanzaron por encima de las atribuciones de los constituyentes. “Mientras que la iniciativa de la reforma es potestad absoluta del Senado, según la misma Constitución, fue el gobernador De la Sota, por medio de la consulta popular y su injerencia en los medios de comunicación, el verdadero impulsor”, afirmó García.
Desde el Gobierno algunos la descalificaron, mientras que otros prefirieron no opinar sobre la presentación que deberá resolver elTribunal Superior, aunque, según trascendió, no le dieron poca entidad y se advirtió preocupación entre algunos funcionarios y legisladores.

 

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