Por Mónica
Gutiérrez
Desde Córdoba
El apuro de los legisladores
cordobeses por hacer buena letra ante el humor social les jugó
una mala pasada: el jueves aprobaron, en menos de 48 horas, un proyecto
de reforma de la constitución provincial que no prevé la
modificación de los artículos para establecer quién
va a nombrar a los jueces y quiénes integrarán el jury de
enjuiciamiento a los magistrados. La modificación del texto constitucional
reduce a la mitad la Legislatura, que será de una sola cámara
a partir de octubre. La reforma fue aprobada luego de que el gobierno
de José Manuel De la Sota obtuviera un respaldo del 70 por ciento
por parte de los que fueron a votar el 22 de julio pasado, en la consulta
popular que el propio gobernador promovió. Por su parte, el diputado
frepasista Eduardo García le pidió al Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba que declare inconstitucional la ley sancionada,
porque todos los legisladores tienen que dejar sus bancas dos años
antes del vencimiento de los mandatos.
Según la actual constitución de Córdoba, la designación
de los jueces es una atribución exclusiva del Senado. Pero este
cuerpo no existirá a partir de diciembre, cuando asumirá
una Legislatura unicameral. Y el artículo que contempla el tema,
el 89, no fue incluido en la reforma que se aprobó la semana pasada.
Otro artículo que se omitió es el del jurado de enjuiciamiento,
reconoció un diputado justicialista. La constitución señala
en el artículo 159 que debe integrarse con cuatro senadores y un
miembro del Tribunal Superior de Justicia, pero no se prevé reformar
este punto en la ley que salió sancionada tras el juego de apuestas.
En voz alta, los senadores del oficialismo se negaron a reconocer que
cometieron un par de bloopers y aseguraron que esto podrá
ser enmendado en la Asamblea Constituyente. Por lo bajo, admitieron
que los olvidos se debieron a la rapidez con que ocurrió todo,
cuando a los radicales se les ocurrió apostar a que el cambio en
el Congreso tuviera vigencia desde las elecciones de octubre próximo
y De la Sota les subió la apuesta, ordenando a sus legisladores
que aprobaran el proyecto en las dos cámaras.
De un lado y de otro, los legisladores hicieron el mea culpa: Esto
fue a causa de la premura con que salió esta ley. Aunque
los justicialistas tiraron la pelota afuera: Nosotros les dijimos
a los radicales, y ellos ya no querían mover nada, se justificaron.
Para el senador delasotista Horacio Obregón Cano el artículo
debió haber estado. Recordó que actualmente rige la
ley por la cual los jueces son nombrados por el Consejo de la Magistratura,
ad referéndum del Senado, pero ese organismo no tiene rango constitucional.
En ese sentido, opinó que la reforma que se hará en setiembre
debió incluir otros temas, como el del funcionamiento del
Consejo.
Esta semana el diputado socialista Eduardo García presentó
ante el Tribunal Superior de Justicia un pedido de inconstitucionalidad
de la ley de la reforma. García adujo la abierta violación
de la constitución de la provincia, que declara que ningún
proyecto desechado por una de las cámaras puede volver a presentarse
en las sesiones del mismo año. La reforma constitucional
había sido rechazada por la oposición en Diputados en los
primeros días de julio, tras lo cual De la Sota insistió
con el plebiscito. En los argumentos de la presentación, el diputado
también señala que al establecer de entrada que el Congreso
quedará reducido a una única cámara con 70 miembros,
los legisladores avanzaron por encima de las atribuciones de los constituyentes.
Mientras que la iniciativa de la reforma es potestad absoluta del
Senado, según la misma Constitución, fue el gobernador De
la Sota, por medio de la consulta popular y su injerencia en los medios
de comunicación, el verdadero impulsor, afirmó García.
Desde el Gobierno algunos la descalificaron, mientras que otros prefirieron
no opinar sobre la presentación que deberá resolver elTribunal
Superior, aunque, según trascendió, no le dieron poca entidad
y se advirtió preocupación entre algunos funcionarios y
legisladores.
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