Por A. M.

Más que ocuparse de los derechos humanos de Carlos Menem, la abogada Alicia Martínez Ríos deberá empezar a interesarse por su propia situación judicial. La ex funcionaria aparece involucrada en una tentativa de fraude contra el Estado y podría ser llamada a indagatoria por el juez Gabriel Cavallo. La Justicia investiga si fue la impulsora de un trámite por el cual la Cancillería acordó el pago de honorarios millonarios a un abogado y en el cual fue falsificada la firma del ex ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella.
El domingo 22 de julio, Martínez Ríos volvió a ser noticia porque acudió a la quinta de Don Torcuato, lugar de reclusión del ex presidente procesado por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La ex funcionario llegó junto a los ex titulares de la Corte y de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), Pedro Nikken y Carlos Ayala. Aunque se tuvo que quedar en la puerta, porque el juez Jorge Urso prohibió el ingreso de más de dos visitas por vez, ella y Alicia Pierini fueron las que gestionaron en Washington el encuentro. Ambas hicieron una presentación en la CIDH invocando el Pacto de San José de Costa Rica para tratar de lograr la liberación de Menem.
Pero la historia contada en el expediente que la tiene como imputada comenzó mucho antes. En 1991, cuando la empresa Celulosa Argentina pidió su propio acuerdo preventivo, su abogado Ernesto Galante reclamó honorarios por 100 millones de dólares. Todas las instancias judiciales de la provincia de Santa Fe rechazaron la demanda del letrado, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no le fue mejor. En 1996 los jueces supremos desestimaron su pedido. Galante los querelló por prevaricato, en una causa que sigue abierta, pero además acudió a la CIDH para poder cobrar.
Mientras tanto, el abogado firmó un “acuerdo de solución amistosa” con Martínez Ríos, por entonces secretaria de Asuntos Consulares y Generales del ministerio de Relaciones Exteriores, quien reconoció su derecho a cobrar honorarios a cambio de que retirara su demanda en la CIDH. Un día antes de que Menem abandonara la Presidencia circuló un decreto con la firma de Guido Di Tella que autorizaba el pago. Galante tampoco tuvo suerte esa vez: aquel 9 de diciembre de 1999 el ex presidente firmó 200 decretos pero el suyo quedó afuera. Las nuevas autoridades no sólo frenaron el trámite sino que hicieron una denuncia.
Leandro Despouy, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Cancillería, se mostró reacio al convenio y el Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, emitió un duro dictamen en contra de lo firmado por Martínez Ríos. Aseguró que la presentación “no constituye una denuncia de violación de derechos amparados por los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, sino tan solo una manifestación de disconformidad frente a una decisión judicial adoptada en el trámite del procedimiento de la regulación de honorarios profesionales”. Marcer fue más allá y llevó el caso a la Oficina Anticorrupción (OA), que a su vez presentó una denuncia en la justicia federal. El Procurador señaló que “ni la ley de ministerios entonces vigente, ni el decreto 393/98, surge que a la época de la firma del instrumento la funcionaria suscriptora (Martínez Ríos) contara con facultades para realizar tal cometido”. Y agregó la necesidad de “dictar una resolución por la cual revoque, por nula e ilegítima, la declaración de la entonces secretaria”. Cancillería así lo hizo.
En su momento, el ex canciller Di Tella fue citado por el juez Gabriel Cavallo y negó haber firmado ese decreto. “No sólo no ordené en fecha tan extemporánea la elevación de esa propuesta de acuerdo a la Presidencia, sino que no lo hice nunca y jamás podría haberlo hecho ya que, cuando hacia noviembre de 1999 fui enterado de su existencia, manifesté mi abierta negativa a concretarla por considerarla absolutamente improcedente y sin fundamentos”, declaró. Y agregó que “el entonces vicecancillerAndrés Cisneros le había transmitido con suma elocuencia ese rechazo a la embajadora Martínez Ríos”.
Hace dos semanas el magistrado recibió el resultado del peritaje caligráfico que determinó que la firma estampada en el documento no pertenece al ex canciller. Martínez Ríos, que está involucrada en la causa por el delito de tentativa de fraude, pidió que se realice un peritaje a un sobre en cuyo reverso alguien escribió a mano “Alicia, seguí con eso” en tinta azul. La ex secretaria de Estado reconoce que hizo la gestión por Galante pero quiso probar que Di Tella la apoyó y le dio instrucciones al respecto. Los peritos concluyeron que “no se puede determinar” si esa es la letra del ex canciller.
“En el expediente estaría acreditado que ella fue la impulsora de la maniobra”, aseguró a Página/12 uno de los investigadores del caso. Es por eso que el juez podría llamarla a declaración indagatoria en breve, e incluso ampliar la imputación a más personas. La abogada quiere que se vuelvan a realizar los peritajes porque en los que se hicieron no participó un profesional que la representara. Galante no fue denunciado por la OA ni tampoco figura como imputado en la causa.
Las anteriores autoridades de la Cancillería suscribieron numerosos convenios similares pero los nuevos funcionarios decidieron ponerle freno a esa política porque se oponen a que organismos internacionales que investigan violaciones a los derechos humanos atiendan demandas patrimoniales. A su vez, la semana pasada la CIDH no hizo lugar a los reclamos de Tomás Enrique Carvallo Quintana por el cierre del Banco Regional del Norte Argentino. Según la Cancillería, el argumento utilizado sienta un precedente: “Las personas jurídicas carecen de personería para actuar en el ámbito interamericano, cuya competencia está reservada a las personas físicas”.

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