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BUSCAN QUE EL JUEZ RIOJANO TOME LA CAUSA DE LAS JUBILACIONES
Chumbita, la esperanza de muchos

Preocupados por el creciente escándalo y la cantidad de implicados, en La Rioja apuestan a que la causa por las jubilaciones truchas del banco provincial salga del juzgado federal y pase al riojano juez Chumbita, el mismo que habilitó a Menem a ser candidato a senador. La maniobra es urgente: hay 148 citados a indagatoria y varios funcionarios investigados.

Por Irina Hauser

El poder político riojano está concentrado en una misión: convencer al juez Enrique Chumbita –el mismo que hace diez días autorizó a Carlos Menem a candidatearse a senador– de que se apropie de la causa en la que se investigan 747 jubilaciones bancarias en La Rioja, que se usaron para comprar votos y beneficiar a funcionarios, legisladores y sus amigos. El expediente tramita en el juzgado porteño de Rodolfo Canicoba Corral y la investigación está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán. La preocupación de los riojanos y las estrategias para que el caso pase a su territorio tiene razones: hay 148 personas citadas a indagatoria como sospechosas y varios funcionarios del gobierno de Angel Maza investigados por asociación ilícita que podrían quedar presos por tratarse de un delito no excarcelable. El fraude al Estado estimado es de 60 millones de pesos.
Los jubilados truchos del Banco de La Rioja y los funcionarios que montaron el sistema de retiros especiales piensan que sus esperanzas de que Chumbita pueda estar de su lado son fundadas. Fue nombrado juez cuando Menem era gobernador de La Rioja y tiene una excelente relación con Eduardo Menem, cuya corriente es la que impera en la provincia. Los lazos del magistrado con el peronismo son históricos. En la época en que conducía el país Arturo Frondizi, se candidateó para ser gobernador riojano y ganó, pero nunca asumió porque las elecciones fueron suspendidas. La leyenda entre los riojanos –que Chumbita no quiso confirmar o desmentir a este diario– dice que le dieron, como consuelo, la pensión que le habría correspondido si hubiera gobernado.
Por ahora, los principales hinchas del juez son la mayoría de los jubilados que fueron citados a indagatoria por defraudación y falsificación de documentos, contratos en este caso. Muchos de ellos consiguieron asignaciones del Banco de La Rioja de 800 a 6000 pesos a pesar de que nunca habían trabajado en la entidad o de que no les alcanzaba la antigüedad exigida para jubilarse. Seguramente se sumarán a la tribuna funcionarios como el asesor y mano derecha de Maza, Diego Alvarez, ex titular del Organismo Interjurisdiccional que otorgaba los beneficios jubilatorios. Alvarez fue incriminado la semana pasada por José Ponce, un albañil que se presentó espontáneamente ante la Justicia y dijo que el funcionario le había firmado la jubilación falsa a cambio de que él y su familia votaran a una lista peronista.
La sugestiva visita de Maza días atrás a la ANSeS –que es querellante en la causa e investiga más jubilaciones irregulares riojanas– fue sólo una de las tantas señales de su preocupación. Maza acusó al fiscal Marijuán de plasmar una “persecución política” cuando viajó a La Rioja para allanar la sede bancaria en busca de los expedientes jubilatorios fraguados. De aquel viaje el fiscal se llevó un recuerdo más alentador: una parva de cartas que le habían dejado ciudadanos riojanos en el hotel donde se hospedaba dándole aliento.
El clima de la pesquisa comenzó a cobrar un cariz teneboroso cuando la documentación secuestrada estuvo a un ápice de no llegar a su destino en los tribunales porteños, porque el camión que la traía fue atacado a balazos cuando estaba ingresando a Capital Federal. Días después el fiscal recibió un pequeño ataúd con un esqueleto adentro y la advertencia “cortala con las jubilaciones”.
El recurso de las amenazas cesó junto con el pedido de indagatoria masivo que hizo el fiscal hace dos semanas y que Canicoba Corral avaló el lunes pasado. Pero entonces comenzó una cadena de intentos de otra índole, destinados a frenar la causa, en miras a que la instrucción pase a la justicia riojana, a la que sus propios habitantes describen como “zona liberada”. Allí murieron sin demasiado esfuerzo demandas derivadas de la justicia porteña, como la de la pista de Anillaco.
El propio defensor oficial federal de La Rioja, Eduardo Narbona, presentó el lunes último un recurso de inhibitoria para que Chumbitareclame la controvertida investigación. Lo hizo como defensor del jubilado Adolfo Reyes Córdoba y de Wilson Cortez, un ex funcionario del Organismo Interjurisdiccional que firmaba jubilaciones bancarias. Pero no habría ninguna razón para que Chumbita reclame la competencia porque no instruye ningún caso ligado al de los retiros en pugna.
Un intento similar hizo el abogado José Omar Vega Aciar, que patrocina a 60 jubilados entre los que figuran la ex diputada y actual candidata Marta Rivadera (de la línea de Eduardo Menem) que cobra 2.918 pesos desde los 43 años, y el profesor de tenis de Zulemita, Pablo Romero Chacón, jubilado a los 34 años. Vega Aciar sostiene que “los supuestos hechos delictivos se habrían cometido en La Rioja, el trámite y las jubilaciones se otorgaban allí”. Un argumento en esa línea planteó otro abogado directamente ante Canicoba Corral, quien posiblemente lo rechace porque si bien los trámites se hacían en La Rioja se plasmó una maniobra para engañar a la autoridad central y porque la defraudación se consumaba en Capital Federal cuando la ANSeS depositaba los fondos que luego cada banco daba a los jubilados.
Como refuerzo, Maza hizo gestiones ante la Procuración General de la Nación –de la que dependen todos los fiscales– para que Marijuán se declarara incompetente, según relataron funcionarios judiciales a Página/12. Habló con Luis González Warcalde, que reemplazaba al procurador general Nicolás Becerra en sus vacaciones de invierno. También hubo conversaciones con el fiscal general de la Procuración, Eduardo Miragaya, ligado al menemismo. Hubo emisarios que llegaron a sugerir darle un ascenso a Marijuán y convertirlo –para que “deje de estorbar”– en fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco), lugar que dejó vacante Maximiliano Rusconi.
Aún es un misterio qué dirá Chumbita. Entre otras cosas, porque dos parientes suyos están en la nómina de denunciados por al ANSeS: uno de ellos es Juan Reynerio Chumbita y el otro es Raúl Nicolás Chumbita, contador éste último que firmaba como coordinador general trámites jubilatorios en el Organismo Interjurisdiccional. Claro que Maza también tiene una parienta –Gladys Maza– en la lista.

Botones de muestra
La causa judicial de las jubilaciones truchas del Banco de La Rioja conmueve a la familia judicial no sólo por las disputas sobre si debe estar radicada en la Justicia porteña o en la de la provincia norteña, sino por los personajes que aparecen en ella. Una de las citadas a indagatoria es Herminia Hortensia Gaset Waidatt de Pérez, hermana del fiscal de la cámara de Capital Federal Joaquín Gaset Waidatt. La mujer se jubiló a los 44 años como empleada de la entidad bancaria, a la que nunca perteneció, y gana por eso 1.038 pesos mensuales. Su abogado ya estuvo merodeando los tribunales de Retiro exhibiendo el nombre de su defendida. Otra de las personas bajo investigación es el ex Procurador y ex titular del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja Angel Agüero Iturbe, que recibió una jubilación cercana a los 8000 pesos. En el banco riojano tuvo, al parecer, un breve lapso como asesor. Ahora está bajo análisis la autenticidad de los contratos que exhibió para jubilarse. De todos modos, un dictamen (no vinculante) de la ANSeS sugería que se le revocara el beneficio.

 

 

 

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