Por
Irina Hauser
El poder político riojano está concentrado en una misión:
convencer al juez Enrique Chumbita el mismo que hace diez días
autorizó a Carlos Menem a candidatearse a senador de que
se apropie de la causa en la que se investigan 747 jubilaciones bancarias
en La Rioja, que se usaron para comprar votos y beneficiar a funcionarios,
legisladores y sus amigos. El expediente tramita en el juzgado porteño
de Rodolfo Canicoba Corral y la investigación está a cargo
del fiscal Guillermo Marijuán. La preocupación de los riojanos
y las estrategias para que el caso pase a su territorio tiene razones:
hay 148 personas citadas a indagatoria como sospechosas y varios funcionarios
del gobierno de Angel Maza investigados por asociación ilícita
que podrían quedar presos por tratarse de un delito no excarcelable.
El fraude al Estado estimado es de 60 millones de pesos.
Los jubilados truchos del Banco de La Rioja y los funcionarios que montaron
el sistema de retiros especiales piensan que sus esperanzas de que Chumbita
pueda estar de su lado son fundadas. Fue nombrado juez cuando Menem era
gobernador de La Rioja y tiene una excelente relación con Eduardo
Menem, cuya corriente es la que impera en la provincia. Los lazos del
magistrado con el peronismo son históricos. En la época
en que conducía el país Arturo Frondizi, se candidateó
para ser gobernador riojano y ganó, pero nunca asumió porque
las elecciones fueron suspendidas. La leyenda entre los riojanos que
Chumbita no quiso confirmar o desmentir a este diario dice que le
dieron, como consuelo, la pensión que le habría correspondido
si hubiera gobernado.
Por ahora, los principales hinchas del juez son la mayoría de los
jubilados que fueron citados a indagatoria por defraudación y falsificación
de documentos, contratos en este caso. Muchos de ellos consiguieron asignaciones
del Banco de La Rioja de 800 a 6000 pesos a pesar de que nunca habían
trabajado en la entidad o de que no les alcanzaba la antigüedad exigida
para jubilarse. Seguramente se sumarán a la tribuna funcionarios
como el asesor y mano derecha de Maza, Diego Alvarez, ex titular del Organismo
Interjurisdiccional que otorgaba los beneficios jubilatorios. Alvarez
fue incriminado la semana pasada por José Ponce, un albañil
que se presentó espontáneamente ante la Justicia y dijo
que el funcionario le había firmado la jubilación falsa
a cambio de que él y su familia votaran a una lista peronista.
La sugestiva visita de Maza días atrás a la ANSeS que
es querellante en la causa e investiga más jubilaciones irregulares
riojanas fue sólo una de las tantas señales de su
preocupación. Maza acusó al fiscal Marijuán de plasmar
una persecución política cuando viajó
a La Rioja para allanar la sede bancaria en busca de los expedientes jubilatorios
fraguados. De aquel viaje el fiscal se llevó un recuerdo más
alentador: una parva de cartas que le habían dejado ciudadanos
riojanos en el hotel donde se hospedaba dándole aliento.
El clima de la pesquisa comenzó a cobrar un cariz teneboroso cuando
la documentación secuestrada estuvo a un ápice de no llegar
a su destino en los tribunales porteños, porque el camión
que la traía fue atacado a balazos cuando estaba ingresando a Capital
Federal. Días después el fiscal recibió un pequeño
ataúd con un esqueleto adentro y la advertencia cortala con
las jubilaciones.
El recurso de las amenazas cesó junto con el pedido de indagatoria
masivo que hizo el fiscal hace dos semanas y que Canicoba Corral avaló
el lunes pasado. Pero entonces comenzó una cadena de intentos de
otra índole, destinados a frenar la causa, en miras a que la instrucción
pase a la justicia riojana, a la que sus propios habitantes describen
como zona liberada. Allí murieron sin demasiado esfuerzo
demandas derivadas de la justicia porteña, como la de la pista
de Anillaco.
El propio defensor oficial federal de La Rioja, Eduardo Narbona, presentó
el lunes último un recurso de inhibitoria para que Chumbitareclame
la controvertida investigación. Lo hizo como defensor del jubilado
Adolfo Reyes Córdoba y de Wilson Cortez, un ex funcionario del
Organismo Interjurisdiccional que firmaba jubilaciones bancarias. Pero
no habría ninguna razón para que Chumbita reclame la competencia
porque no instruye ningún caso ligado al de los retiros en pugna.
Un intento similar hizo el abogado José Omar Vega Aciar, que patrocina
a 60 jubilados entre los que figuran la ex diputada y actual candidata
Marta Rivadera (de la línea de Eduardo Menem) que cobra 2.918 pesos
desde los 43 años, y el profesor de tenis de Zulemita, Pablo Romero
Chacón, jubilado a los 34 años. Vega Aciar sostiene que
los supuestos hechos delictivos se habrían cometido en La
Rioja, el trámite y las jubilaciones se otorgaban allí.
Un argumento en esa línea planteó otro abogado directamente
ante Canicoba Corral, quien posiblemente lo rechace porque si bien los
trámites se hacían en La Rioja se plasmó una maniobra
para engañar a la autoridad central y porque la defraudación
se consumaba en Capital Federal cuando la ANSeS depositaba los fondos
que luego cada banco daba a los jubilados.
Como refuerzo, Maza hizo gestiones ante la Procuración General
de la Nación de la que dependen todos los fiscales
para que Marijuán se declarara incompetente, según relataron
funcionarios judiciales a Página/12. Habló con Luis González
Warcalde, que reemplazaba al procurador general Nicolás Becerra
en sus vacaciones de invierno. También hubo conversaciones con
el fiscal general de la Procuración, Eduardo Miragaya, ligado al
menemismo. Hubo emisarios que llegaron a sugerir darle un ascenso a Marijuán
y convertirlo para que deje de estorbar en fiscal
general a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de
Contrabando (Ufitco), lugar que dejó vacante Maximiliano Rusconi.
Aún es un misterio qué dirá Chumbita. Entre otras
cosas, porque dos parientes suyos están en la nómina de
denunciados por al ANSeS: uno de ellos es Juan Reynerio Chumbita y el
otro es Raúl Nicolás Chumbita, contador éste último
que firmaba como coordinador general trámites jubilatorios en el
Organismo Interjurisdiccional. Claro que Maza también tiene una
parienta Gladys Maza en la lista.
Botones
de muestra
La
causa judicial de las jubilaciones truchas del Banco de La Rioja conmueve
a la familia judicial no sólo por las disputas sobre si debe
estar radicada en la Justicia porteña o en la de la provincia
norteña, sino por los personajes que aparecen en ella. Una
de las citadas a indagatoria es Herminia Hortensia Gaset Waidatt de
Pérez, hermana del fiscal de la cámara de Capital Federal
Joaquín Gaset Waidatt. La mujer se jubiló a los 44 años
como empleada de la entidad bancaria, a la que nunca perteneció,
y gana por eso 1.038 pesos mensuales. Su abogado ya estuvo merodeando
los tribunales de Retiro exhibiendo el nombre de su defendida. Otra
de las personas bajo investigación es el ex Procurador y ex
titular del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja Angel Agüero
Iturbe, que recibió una jubilación cercana a los 8000
pesos. En el banco riojano tuvo, al parecer, un breve lapso como asesor.
Ahora está bajo análisis la autenticidad de los contratos
que exhibió para jubilarse. De todos modos, un dictamen (no
vinculante) de la ANSeS sugería que se le revocara el beneficio. |
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