|
Por
Victoria Ginzberg
 Las
imágenes de los niños jujeños con uniformes camuflados
conmocionaron a funcionarios y miembros de organismos de derechos humanos.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, anticipó que
realizará un pedido de informes porque “la existencia de las
escuelas de policía infantil es ajena a todo pensamiento democrático
y contraviene el espíritu de la Convención sobre los Derechos
del Niño”. Adolfo Pérez Esquivel dijo que el Servicio
Paz y Justicia (Serpaj), que preside hará una presentación
judicial ante la Organización de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), además de pedir explicaciones a las autoridades provinciales.
“Es realmente aberrante sólo pensar que la policía
esté entrenando a niños para el uso de armas o preparación
bélica. Ponen como pretexto que lo hacen para sacarlos de la droga
pero es una patraña, no creo que los chicos que están haciendo
eso hayan sido sacados de un instituto de rehabilitación. ¿Quién
inventó esta siniestra operación de lavado de cerebro?”,
se preguntó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza
de Mayo, y reclamó una investigación profunda sobre esta
institución.
El director del programa de violencia institucional y seguridad ciudadana
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gustavo Palmieri, afirmó
que “es preocupante que la única manera en que la policía
se relaciona con la sociedad sea incorporando la sociedad a sus normas,
pero tal vez es peor que rotos otros canales de contención social
–como la escuela– aparezcan en su reemplazo instituciones de
corte militar”. Para Palmieri, la existencia de los niños
policías adoctrinados por el teniente coronel retirado Horacio
Gentiluomo plantea la cuestión del “abaratamiento y empobrecimiento”
de los espacios de inserción social. “En vez de democratizar
la escuela, que es una tarea pendiente, se la militarizó y es peor
porque no tenemos una policía democrática, aunque si nuestras
instituciones fueran democráticas no harían esto”,
expresó el abogado.
La titular del Consejo Nacional de Niñez, la Adolescencia y la
Familia, María Orsenigo, informó que se enteró de
la existencia de las Agrupaciones de Policía Infantil a través
de la oficina de protección de Derechos de Niños y Adolescentes
del municipio de San Salvador de Jujuy, que recibió una consulta
de una “escuela de policía” para realizar cursos sobre
los derechos del niño. A principios de junio, María Adela
Baldwin, capacitadora del Consejo en Jujuy, junto a representantes de
gremios docentes y organizaciones no gubernamentales elevaron pedidos
de informes a la Legislatura y al ministerio de Educación y no
obtuvieron respuesta. “Mi impresión es que esto surge porque
la población tiene necesidad de que los chicos tengan actividades
escolares y extraescolares, y esto fue cubriendo un espacio que debe cubrir
el Ministerio de Desarrollo Social y de Educación con la escuela,
clubes, actividades de tiempo libre”, dijo Orsenigo. La funcionaria
se quejó de que el gobierno provincial no otorga presupuesto para
ejecutar programas de ayuda a los chicos y sí, en cambio, para
que niños y jóvenes aprendan a hacer la venia.
“Es sumamente peligroso. Los chicos apenas tienen para comer y los
quieren militarizar. Asumen un rol que no les corresponde”, afirmó
Pérez Esquivel, preocupado porque el “reglamento unificador”
que deben seguir los chicos policías establece que éstos
se transforman en reservistas que podrían convertirse en instructores
ad honorem.
Conti repudió la conformación de las agrupaciones que enseñan
a los chicos a marchar con uniforme de combate y, como la mayoría
de los consultados, citó la Convención de los Derechos del
Niño, que en su artículo 38 establece que los Estados Partes
deben abstenerse de reclutar en las Fuerzas Armadas a las personas que
no hayan cumplido los 15 años de edad. “Del espíritu
del tratado surge que tampoco pueden ser entrenados para eso. Probablemente
estas escuelas de policía están cumpliendo una función
social pero la socialización de los menores debe hacerse en ámbitos
ajenos a lo bélico”, afirmó la funcionaria. Desde el
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo recalcó
que es preocupante que “en una provincia fronteriza con estados hermanos
se transfieran los valores patrios a lo exclusivamente militar” y
señaló que “hay que recordar que Jujuy, como otras
provincias del norte, fue escenario de una inhumana represión,
que no conoció límite de edad, centrada particularmente
en los trabajadores de los ingenios de la zona”.
|
