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Por
Cledis Candelaresi
El gabinete nacional discutirá hoy cómo profundizar el recorte
de gastos eludiendo una poda adicional a la que ya sufrieron las jubilaciones
y sueldos estatales superiores a los 500 pesos. Para no repetir una segunda
quita, políticamente intolerable, el Gobierno intenta acelerar
la reforma estatal en ciernes, comenzando, presumiblemente, por la Administración
Nacional de la Seguridad Social, cuyos defectuosos mecanismos administrativos
hacen que al Estado le escurran varios centenares de millones por año.
Paradójicamente, la actual crisis en las cuentas públicas
hizo trizas un prolijo programa de ahorro previsto para la administración
nacional, que hasta habría permitido premiar con un aumento salarial
a los empleados más eficientes.
Hoy asume formalmente como interventor de la Anses Douglas Lyall, quien
tendrá la responsabilidad de administrar el presupuesto de la Seguridad
Social, casi la mitad de los recursos de que dispone la Nación.
Presumiblemente, el hombre de confianza de Patricia Bullrich recuerde
el proyecto oficial para depurar las cuentas de esa Administración,
con el propósito de ahorrar no menos de 800 millones de pesos,
básicamente combatiendo el fraude.
Domingo Cavallo ya se comprometió públicamente a dar esta
batalla hace un par de meses, cuando aún Economía proclamaba
como prioridad el crecimiento, eludiendo cualquier mención a la
palabra ajuste. Pero la renuencia del mercado a confiar en los títulos
de deuda argentinos terminó alterando el discurso oficial tanto
como los planes.
Las circunstancias superaron absolutamente al decreto 103, complementario
de la ley de Solvencia Fiscal. Esta limita el déficit a un porcentaje
del PBI y para ello intenta imponer un control estricto sobre el gasto
de los organismos estatales. Aquel emplazaba hasta el 30 de abril pasado
a cada repartición pública a rediseñar su estructura
con el propósito de recortar gastos. Como estímulo, cada
una podría disponer libremente del grueso de ese ahorro para cubrir
otros gastos, incluyendo el pago de estímulos al personal.
En la propia Secretaría de Modernización, promotora de este
mecanismo, descontaban que no sería fácil instrumentar el
monitoreo de esos “acuerdos programa” que, en muchos casos,
requeriría fondos adicionales para contratar auditoras externas.
El principal obstáculo, sin embargo, provino de los propios administradores
oficiales, reticentes a seguir achicando sus presupuestos.
Hasta ahora, sólo un ente regulador, la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo y la Anses, intentaron comprometerse ante la Jefatura de Gabinete
a modificar su esquema de egresos, en tanto que el resto de las reparticiones
ni siquiera llegó a diseñar un proyecto en este sentido.
Por el contrario, muchas de ellas se embarcaron en una pelea a brazo partido
con Jefatura y Economía con el argumento de que les resultaba imposible
instrumentar cualquier recorte adicional al que hubieran hecho hasta el
momento.
A esta altura de las circunstancias esta discusión parece ociosa,
ya que el plan de ajuste ordenado y consensuado perdió su oportunidad.
El gobierno busca ahora afanosamente cómo evitar un recorte de
haberes adicional al 13 por ciento que se previó en este primer
trimestre, ya que los datos de la recaudación indican que para
cumplir con la pauta del déficit cero Economía debería
ordenar una nueva reducción.
La cruda realidad de los ingresos en picada también condenaron
a un cajón al proyecto elaborado por la Secretaría de Modernización
para recortar gastos en forma paulatina y discriminada, obligando a rebanar
más algunas áreas y premiando con un permiso de mayor gasto
a las otras. Por ahora, sigue ganando la alternativa más cruenta
pero que genera un ahorro seguro e inmediato como la achicar sueldos y
beneficios de la seguridad social.
Amparos
contra el ajuste
La
Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados presentará hoy
ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social un amparo fundado
en los “derechos de incidencia colectiva” para evitar que
se aplique el recorte del 13 por ciento al conjunto de las jubilaciones.
El proyecto está en línea con la iniciativa que adoptarán
algunas entidades gremiales, que proyectan elevar un recurso similar
ante la Justicia para preservar el haber de sus afiliados. Las alternativas
podrían caer en terreno fértil si se atiende a dos pronunciamientos
que tuvieron lugar durante la feria judicial de invierno: la justicia
laboral hizo lugar a algunos amparos sindicales contra el recorte
a los salarios públicos, del mismo modo que acogió el
reclamo de un jubilado para que no se altere su remuneración. |
Sin
viajes al exterior
En
una medida de carácter extraordinario, el gobierno nacional
suspendió por 180 días los viajes al exterior de los
funcionarios de la administración nacional y organismos descentralizados.
La medida tiene como marco un programa de Reforma del Estado, cuyo
diseño y ejecución quedaron subordinados a las urgencias
fiscales de la Nación. A esa determinación –que,
presumiblemente, tendrá sus excepciones: el secretario de Financiamiento,
Daniel Marx, llegará hoy a en misión oficial a los Estados
Unidos– añadió otra menos simpática para
el conjunto de los estatales, como es la orden de “un estricto
control horario” de todos los trabajadores. Esta regla acaba
de ser impuesta a través de una resolución administrativa
en la que se imparte la expresa instrucción de poner en funcionamiento
los equipos de control horario de aquellas reparticiones que no lo
tuvieran en uso. La orden responde al prioritario afán de plan
eliminar “ñoquis” que abundan en las reparticiones
estatales más que al objetivo de garantizar una mayor productividad
de los agentes públicos. |
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