Por Eduardo Tagliaferro

Los defensores de Carlos Menem fundarán hoy ante la cámara federal porteña su apelación al procesamiento contra el ex presidente, en la causa por la venta ilegal de armas. Rebatir la existencia de una asociación ilícita y refutar las pruebas analizadas por el juez Jorge Urso son los dos objetivos principales del escrito con el que los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi intentarán conseguir la libertad del ex presidente. Mientras tanto estudian una futura presentación, en la que pedirían la incompetencia del tribunal federal para investigar hechos que también son instruidos por el fuero penal económico.
En aproximadamente 300 carillas, la defensa de Menem intentará desacreditar las pruebas que condujeron al juez a calificarlo como Jefe de la asociación ilícita que realizó la maniobra. En este punto, para los abogados es central desacreditar la declaración del ex interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga. Esta confesión señaló el camino que finalmente llevó al ex presidente a prisión, y si bien dijo que “nunca habló con Menem del tema de las armas”, reveló muchas situaciones que permitieron al magistrado concluir que “Menem ejerció su jefatura en las sombras”. Entre ellas, citó las ocasiones en las que Emir apareció consultando a un funcionario más encumbrado en la escalera de las decisiones.
Al analizar el testimonio de Sarlenga, los defensores dicen que a diferencia de lo contemplado en las leyes sobre narcotráfico, la declaración no pertenece a la de un “arrepentido” sino al de un coimputado que quiere mejorar su condición procesal. Este argumento ya fue planteado por la defensa de Emir Yoma y desestimado por la cámara federal. Al rechazar la apelación del empresario del cuero, la sala II concluyó que en su confesión, Sarlenga no intentó deslindar responsabilidades ya que también admitió hechos que lo perjudicaban.
En la refutación de las pruebas, los abogados emplean unas cuantas líneas para cuestionar los testimonios de Esteban Caselli, del vendedor de armas Horacio Calderón y de los militares Tomás Medina y Edmundo Schaer. Desacreditar las pruebas intenta liberar a Menem definitivamente de las investigaciones. Rebatir la asociación ilícita y el cargo de la jefatura apunta a un objetivo de mínima, lograr la imputación de una figura excarcelable. Aquí la defensa de Menem insiste con argumentos conocidos como el de que los decretos presidenciales son hechos de gobierno no justiciables. Por lo tanto, no cabe la calificación de “falsedad ideológica”. Los decretos fueron secretos precisamente, afirman, por ser actos de gobierno. La existencia de una asociación ilícita en la maniobra, fue impulsada en la causa por la misma Cámara ante la que hoy apelan los abogados de Menem.
El pedido de incompetencia forma parte de una estrategia más a largo plazo. Tiene sus puntos débiles, al comienzo de las investigaciones, el mismo reclamo fue formulado por el abogado Néstor Blondi en representación del traficante de armas Diego Palleros. Los camaristas en lo penal económico habían concluido que las actuaciones federales eran competentes. La alternativa fue explorada por el menemismo en distintos momentos de la causa, dado que en el fuero penal económico es considerable el predicamento del ultramenemista César Arias.

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