Las 48 horas de protesta piquetera culminarán hoy con un paro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y una marcha a la Plaza de Mayo de los manifestantes de todo el país que promete ser –admiten en el gobierno– masiva. “Creo que el paro de mañana (por hoy) de la CTA en varias provincias va a adquirir una dimensión importante y en todas las capitales va a haber movilizaciones. La marcha, con la llegada de trabajadores y productores del interior, demostrando que los gobiernos provinciales y el nacional acuerdan las políticas para llevar adelante este ajuste, será multitudinaria”, dijo ayer el titular de la CTA, Víctor De Gennaro. Y confirmó que los empleados públicos, los judiciales y los docentes primarios, secundarios y universitarios no trabajarán en el día de hoy, en señal de protesta por la aprobación de la ley de déficit cero.
De Gennaro dijo que la marcha a Plaza de Mayo comenzará a las 14 en el Congreso de la Nación, donde “nos vamos a encontrar los distintos sectores”. El sindicalista anunció que “va a haber una masa multisectorial” en la que incluyó a “la Federación Agraria, Pymes, organizaciones defensoras de Derechos Humanos” y aseguró que desde la CTA “hay una decisión clara y no vamos a cejar” en el rechazo al ajuste impuesto por el Gobierno. En la Casa Rosada, en tanto, están más preocupados por el impacto de la marcha que por los piquetes, tal vez porque estos últimos dividen a la opinión pública por la metodología empleada, mientras que una marcha puede generar más adhesiones.
Los empleados judiciales acatarán hoy el paro, lo mismo que los empleados públicos –incluidos los que trabajen en hospitales– y los docentes de todos los niveles. La Federación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) adhieren a la medida de protesta, con lo cual no habrá clases ni en las escuelas primarias, ni en las secundarias, ni en las universidades. El alto acatamiento al paro que hicieron el lunes los docentes bonaerenses puede dar la pauta de lo que ocurrirá hoy en materia educativa. Y por si no quedaba claro el motivo del paro, la CTERA difundió ayer un comunicado en el que detalla la situación de los docentes de las provincias. Puede leerse, por caso, que en el Chaco se adeudan los sueldos de junio, que no se pagó el aguinaldo ni hay fecha tentativa de cobro; que en Entre Ríos se pagará el aguinaldo en cuotas y que no hay fecha de pago del salario de julio y que en Jujuy se adeuda el salario de junio, amén de que el aguinaldo y el salario de julio se abonarán en cuotas. La titular de CTERA, Marta Maffei, criticó además al ex presidente Raúl Alfonsín, a quien acusó de tener “un discurso alineado con la justicia social y después apoyar las medidas de Fernando de la Rúa”.
De Gennaro aseguró que “vamos a demostrar que así como hay unidad nacional para un ajuste como el que está convocando el presidente de la Nación (Fernando de la Rúa) y los sectores financieros, hay también una confluencia y una esperanza diferente” y denunció además que desde las esferas de poder “hay una clara actitud de no resolver la pobreza”, porque “de marzo a esta parte, han dejado escapar 12 mil millones de pesos de las reservas públicas” que según sostuvo “podrían haber resuelto el problema de la pobreza en el país”. La CTA viene reclamando desde hace poco más de un año el otorgamiento de un subsidio de 380 pesos para los jefes o jefas de hogar desocupados y un salario universal de 60 pesos por cada hijo. Para la central sindical, el otorgamiento de estos subsidios alcanzará para que “no haya en la Argentina un sólo hogar por debajo de la línea de pobreza”.
De Gennaro reiteró además su rechazo a la “judicialización de los conflictos” gremiales por parte del gobierno. “No hay palabras para justificar lo que hace el gobierno y por eso mañana a las 14, todos los sectores que decimos no a este ajuste y sí a la vida en igualdad de condiciones, vamos a concentrarnos frente al Congreso y a marchar a la Plaza de Mayo”. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el periodista Horacio Verbitsky, la religiosa Martha Pelloni, el sacerdote Luis Farinello, las diputadas frepasistas Marcela Bordenave y María América González, respaldaron el paro de la CTA y el llamado a la Consulta Popular.

EL AJUSTE EN SAN JUAN HACE ESTRAGOS EN EL GOBIERNO
Avelín amenazó con renunciar

El gobernador de San Juan, Alfredo Avelín (Alianza), amenazó con pedir al gobierno nacional la intervención federal de la provincia porque la Legislatura se negaba a aprobar su plan de ajuste. Las dificultades no vinieron sólo de la oposición justicialista; radicales y frepasistas también rechazaron el proyecto oficial.
La sesión en la que se iba a tratar la creación de un bono provincial y un plan de ajuste estatal se suspendió luego de que el Gobierno no pudo torcer la decisión de la mayoría de los representantes del radicalismo y del Frepaso, que estaba en contra del ajuste impulsado por Avelín. Ambos partidos cuestionan el manejo que hizo el gobernador, líder de Cruzada Renovadora, de las finanzas públicas de la provincia, sobre todo luego de que la semana pasada el ministro de Economía, Enrique Conti, admitiera que el gobierno de la Alianza había hecho más de 2000 nombramientos en el Estado desde que asumió a fines de 1999.
Por la mañana, el gobernador sanjuanino amenazó con reclamar la intervención federal si la Cámara de Diputados no aprobaba el plan de ajuste que impulsa su administración. Avelín afirmó que los legisladores de la Alianza y de la oposición debían entender que la emisión de un título público “es la única posibilidad que le queda a la provincia para no caer en una crisis social”. De todas formas, luego de que se frustrara la sesión el jefe de asesores del gobernador, Ricardo Ortiz, dijo que no se evaluaba por el momento pedir a la Nación la intervención, aunque reconocía que la situación económica de la provincia era grave. El paquete de leyes que Avelín deseaba que los legisladores aprobaran, involucra el ajuste en las cuentas del Estado e incluye la autorización al Poder Ejecutivo para emitir unos 50 millones de pesos en títulos públicos.
Esos bonos serían entregados a los empleados estatales en un porcentaje que varía entre un 19 y un 30 por ciento en los salarios de los empleados estatales que ganen más de 400 pesos de salario bruto.

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