Por Maximiliano Montenegro

Domingo Cavallo lanzó ayer un nuevo paquete de medidas para intentar bajar las tasas de interés, que él mismo definió en “un nivel insoportable”. Para ello, anunció tres mecanismos que abren a los empresarios la posibilidad de pagar impuestos con títulos de la deuda pública. Así, imaginan en el equipo económico, aumentará la demanda de bonos de la deuda, lo que haría automáticamente descender el riesgo país o, lo que es lo mismo, la tasa de interés que debe pagar el Gobierno para financiarse. Una cuarta medida apunta a facilitar la emisión de bonos de las provincias, ya que con dichos títulos se podrán cancelar impuestos nacionales. Para autorizar esta última operatoria, Cavallo se reserva el derecho de enviarles luego a los gobernadores, en concepto de coparticipación de impuestos, los propios bonos provinciales.
Cavallo empezó anoche su exposición en el Banco Nación, donde reunió a empresarios y banqueros destinatarios de los anuncios, pintando un panorama descarnado. “Lamentablemente, en el exterior hay mucho escepticismo. Pese a todo los que hemos hecho hay mucha gente que no nos cree y las tasas de interés están en un nivel insoportable”, afirmó.
Luego, describió el círculo perverso en que se metió el propio gobierno. “Con estas tasas de interés, lo primero que dejan de pagar las empresas son los impuestos, entonces se hace más exigente de cumplir la regla del déficit cero”, admitió. El ministro sabe que o bajan las tasas, o más temprano que tarde deberá anunciar un nuevo recorte de salarios y jubilaciones para cumplir con la ley del déficit cero, el salvavidas (¿de plomo?) al que se aferró ante el embate de los “mercados”.
El mecanismo ideado por Cavallo para bajar las tasas consiste en otorgarle “un premio” –en sus propias palabras– a los empresarios que compren títulos públicos. El “premio” es que podrán utilizar los bonos para cancelar impuestos futuros en condiciones favorables. Habría, entonces, tres caminos para acceder a las facilidades impositivas que ofrece Cavallo. Son los siguientes:
Comprar títulos de la deuda a valor de mercado –algunos cotizan al 50 por ciento de su valor nominal–. Esos títulos deberán ser depositados en un banco, que emitirá un certificado de pago de impuesto equivalente a los intereses que paga. En este caso, es clave el hecho de que las obligaciones tributarias (“este año, en el 2002, en el 2003 o en el 2004”, dijo Cavallo) serían canceladas en el mismo período en que vence el cupón del bono, es decir, cuando el Estado debe pagar los intereses de dicho título.
En esta aplicación, sin embargo, la empresa que compre el bono seguirá corriendo el riesgo de que el Estado entre en cesación de pagos. Si así fuera, perdería el capital en la compra del título a valor de mercado, ya que sólo podrá cubrir impuestos futuros con los vencimientos de intereses.
El segundo mecanismo es la cancelación de deudas impositivas hasta el 30 de junio pasado con el capital de los bancos adquiridos en el mercado. En ese caso, el Estado se encargará de fijarle un valor técnico al título, que obviamente será mayor al valor de mercado (ahí, está el premio), pero –se supone– inferior al 100 por ciento.
El beneficio para la empresa sería ahorrarse total o parcialmente los punitorios por el atraso que, de otro modo, debería pagar a la AFIP (a razón del 3 por ciento mensual) para ponerse al día en sus compromisos tributarios.
El tercer mecanismo busca “recrear un mercado de Letes” (Letras del Tesoro), que son títulos el gobierno emite en el mercado local. En este caso, capital e intereses de las Letes podrían ser utilizados para pagar impuestos futuros. De esta forma, “la tasa de interés que se fije en futuras licitaciones de Letes deberá ser sustancialmente menor que las actuales”, aseguró Cavallo.
Ciertamente, en este caso, la medida funciona lisa y llanamente como un adelanto de impuestos, similar al que se suscribió con el llamado “bonopatriótico”, por el que empresas privatizadas y bancos le facturaron al gobierno una tasa de interés anual del 7,5 por ciento. El riesgo de cesación de pagos es nulo, porque aún si el gobierno cayera en default los empresarios deberían seguir pagando los impuestos. En todo caso, el costo de adelantarle impuestos al gobierno es el “costo de oportunidad” de invertir ese mismo dinero en otro activo financiero también con riesgo de incobrabilidad nulo, como ser lo títulos del Tesoro norteamericano, que pagan a corto plazo una tasa de interés que ronda el 3,5 por ciento.
En teoría, si Cavallo lograra tentar a los empresarios radicados en el país a adquirir títulos públicos, se elevaría la cotización de los bonos, reduciéndose automáticamente el riesgo país. Además, acotaría la especulación con títulos de la deuda argentina, que vienen realizando en las últimas semanas bancos y operadores financieros internacionales, al incrementar la tenencia local de los títulos. Finalmente, despejaría las dudas que existen en el exterior sobre la refinanciación de los vencimientos de capital de la deuda para este año y hasta el 2003.
Sin embargo, no es seguro que la demanda por bonos explote, ni mucho menos. Primero, porque hay sectores que actualmente tienen pocos impuestos que rendir a la AFIP: porque no tienen ganancias y acumulan créditos fiscales de IVA por inversiones y exportaciones. Segundo, porque, salvo el mecanismo de las Letes, las empresas que adquieran los títulos deberán “confiar” en Argentina, lo cual hoy es parte del problema.

EL GOBIERNO PAGARA 7,5% POR EL FONDO PATRIOTICO
Haga patria, preste a interés

El Gobierno se apuntó un nuevo “logro” en su negociación con los sectores más poderosos del poder económico. Consiguió que el “fondo patriótico” que aportarán las principales empresas como adelanto de impuesto a las ganancias no le cueste el 9,0, sino el 7,5 por ciento anual. Aunque en Economía confían que los 1000 millones se integrarán la próxima semana, todavía hay 100 millones que no aparecen. Pero lo cierto es que “la patria”, en principio rendirá a los bancos y privatizadas 1,5 punto menos. Lo recaudado se destinará al “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias”.
Además de la baja en la tasa, fuentes de Economía se encargaron de aclarar que los desembolsos no serán inmediatos, sino que habrá que esperar hasta la próxima semana. Según trascendió aun restarían conseguirse fondos por 100 millones. Del monto total, 500 millones serán aportados por el grupo de bancos denominados “creadores de mercado”, y los 500 restantes mayoritariamente por las empresas privatizadas.
El aporte se computará como un anticipo del Impuesto a las Ganancias, correspondiendo la mitad al ejercicio 2003 y el otro 50 por ciento al 2004. Con los recursos obtenidos se constituirá un fondo fiduciario con el que la Nación espera financiar deudas y déficits provinciales en el marco de la ley de “déficit cero”.
Inicialmente las empresas no iban a recibir ningún tipo de interés por el adelanto. Nunca un anticipo impositivo había devengado interés alguno, pero la influencia de los bancos sobre el viceministro de Economía Daniel Marx, que ya se evidenció durante el megacanje, determinó que finalmente se pacte una tasa. Eduardo Escasany, titular de ABA fue explícito: en una reunión mantenida con directivos de las privatizadas –alguna de las cuales habían ofrecido el aporte sin exigir ninguna tasa de interés a cambio– el banquero señaló que “ustedes no regalan sus mercancías. Nuestra mercancía es el dinero y creemos que tenemos que cobrar una tasa por nuestro dinero”. Traducido por Marx el argumento fue otro: se debe pagar un interés, pues se trata de adelantos que no corresponden al ejercicio inmediatamente posterior (o sea al 2002), sino a los subsiguientes.
En primera instancia se había determinado que el interés anual que se pagaría por el adelanto sería del 9 por ciento. Así lo confirmó el propio Marx. Sin embargo, ayer se confirmó que dicha tasa finalmente será del 7,5 por ciento anual.
Marx y otros funcionarios del Palacio de Hacienda se reunieron con embajadores y directivos de empresas de países europeos con intereses en la Argentina y también lo hicieron con alrededor de medio centenar de empresas locales, a las que se le pidió participación en la conformación del fondo. De los 500 millones que integrarán las empresas, Repsol YPF decidió aportar 150 millones de pesos, Telefónica y Telecom aportarán, sumadas, 150 millones, Edenor 10 millones, y Aguas Argentinas 10 millones, en tanto que otras como Edesur, Metrogás y Camuzzi están analizando su respuesta al requerimiento. Además también se pidió a estas firmas que no recorten el nivel de sus inversiones previstas.

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