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Por Cledis Candelaresi
 Si Domingo Cavallo consigue
aval parlamentario, en poco tiempo más quedarían eliminados
a través de una ley los regímenes jubilatorios especiales
de embajadores, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, diputados,
senadores, investigadores, científicos, docentes y jueces. Sistemas
que, en rigor, ya fueron derogados por un decreto. La norma que anhela
Economía, y en la que trabaja la cartera laboral, podría
frustrar una larga serie de demandas judiciales de ex funcionarios que
aspiran a cobrar su jubilación de privilegio, aunque dejaría
intacto el beneficio de los que ya la perciben. El bloque de diputados
de la Alianza habría hecho un primer guiño para trabajar
en favor de este proyecto.
En 1994, durante su primera gestión en el Palacio de Hacienda,
el ministro de Economía promovió el decreto 78/94 para dejar
sin efecto todos los sistemas especiales, que permiten a aquellos funcionarios
jubilarse a edad temprana y cobrando alrededor de 5000 pesos mensuales,
muy lejos de los 344 pesos promedio del sistema. Desde entonces, todos
deberían quedar amparados en el régimen general, creado
por la ley de Solidaridad Previsional, que impide a la Anses desde ese
mismo año otorgar haberes superiores a los 3100 pesos. Desde entonces,
el único resquicio para acceder a un beneficio superior fueron
los tribunales.
A contramano de la disposición del Ejecutivo, la Corte Suprema
de Justicia hizo lugar a tres demandas contrarias al decreto, dos correspondientes
a embajadores y una a un ex ministro del Supremo Tribunal. Este último
caso es, quizás, el más controvertido, ya que las retribuciones
judiciales están amparadas por el principio de “intangibilidad”:
ningún otro poder puede alterarlas.
Aunque son apenas tres casos, esos pronunciamientos judiciales allanaron
el camino para que prosperen las otros reclamos de ex funcionarios, que
aspiran a jubilarse con el haber especial, muy superior al de la ley.
Esta presión sobre los tribunales generó un conflicto institucional
que bien puede sintetizarse así: el Ejecutivo considera derogadas
las leyes de regímenes especiales que la Justicia considera vigente.
Para neutralizar aquella amenaza sobre las comprometidas finanzas del
sistema previsional, Cavallo encomendó a la cartera laboral trabajar
en un proyecto de ley que reafirme el contenido del decreto, derrumbando
definitivamente los regímenes especiales. La iniciativa es, por
ahora, más una decisión política que un proyecto
con perspectivas ciertas de prosperar en el recinto, para lo cual los
legisladores en actividad deberían resignar su derecho a percibir
en el futuro una jubilación muy superior a los 3100 pesos que impone
la ley 24.463.
Esta norma también impuso una escala de reducción para todas
las jubilaciones superiores a ese monto e impidió a la Anses otorgar
un beneficio que lo supere. En diciembre de 1999, esos recortes se hicieron
mayores y, finalmente, el reciente decreto de ajuste rebanó en
un 13 por ciento adicional el monto de los haberes ya recortados en las
dos ocasiones anteriores.
Aún después de estas sucesivas podas, subsisten jubilaciones
que en algunos casos rozan los 8000 pesos mensuales. Se trata de beneficios
obtenidos legalmente, aunque resulten políticamente controvertidos
porque en contraste son considerados como “altamente inequitativos”.
Pero aún en el caso de que el proyecto de ley en el que trabaja
el gobierno sea sancionado, muchos legisladores, jueces, ministros y demás
hombres y mujeres que prestaron un servicio al Estado –aunque sea
por poco tiempo y al margen de su desempeño– y hoy cobran
por ello una jubilación privilegiada, seguirán haciéndolo.
La nueva norma bloqueará la aspiración de quienes estén
tramitando su jubilación o vayan a hacerlo en el futuro, pero no
tendría efectos retroactivos. El radical Eduardo Santín
admitió ayer que el bloque oficialista ya se puso a trabajar en
esta propuesta, compromiso que por la tarde también subrayó
la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.
ORIGEN
DE LA CRISIS, SEGUN MACRI
La culpa de los otros
El empresario Francisco Macri
sostuvo ayer que el país está en crisis “porque hay
un 70 por ciento de personas que no pagan sus impuestos y se trabaja en
negro”, pero confió en que “si hay consenso político”
y le permiten al ministro de Economía, Domingo Cavallo, aplicar
su plan económico, entonces la Argentina “va a andar con éxito”.
El accionista principal del Correo Argentino, empresa con una elevada
deuda con el Estado por el canon (derecho de concesión) impago,
pero que a la vez le reclama al gobierno una deuda por servicios prestados,
opinó que “se pueden reducir los gastos, pero si no se aumentan
los ingresos nunca vamos a alcanzar el déficit cero”.
“El mundo nos califica mal porque la sensación es que es muy
difícil en la Argentina alcanzar el consenso para que el ministro
Cavallo, en quien todo el mundo confía, pueda llevar adelante este
programa de ajuste, que será duro, pero quizás corto y definitivo”,
remarcó Macri. estas declaraciones fueron formuladas apenas 24
horas después de que anunciara que no podría pagar los salarios
de julio porque el Estado no le abonaba una deuda de 100 millones de pesos.
En tanto, el Estado nacional mantiene con el empresario una controversia
por el incumplimiento del pago del canon comprometido al momento de la
privatización, una deuda que ya suma 206 millones.
Macri agregó que “ante la crisis y la competencia desleal
de los correos truchos” se encuentra en peligro el pago por parte
de la empresa de los sueldos de los más de 21 mil empleados. Esto
le representa al consorcio una erogación mensual de 17 millones
de dólares en haberes y cargas sociales. Para dirimir estas controversias,
las autoridades del Correo Argentino y los gremios se reunirán
el viernes próximo en el Ministerio de Trabajo.
El empresario explicó que desde el inicio de la concesión
“teníamos que invertir 100 millones de dólares, pero
invertimos 380 millones porque encontramos una Encotesa totalmente destruida
y con más de la mitad de las sucursales inoperables”, señaló.
Por otra parte, “los potenciales socios estratégicos que pensábamos
incorporar nunca pudieron tomar su decisión porque no podían
ni siquiera interesarse en un país sin normas que reglamenten una
actividad tan especial e importante”. “Si la solución
es que el Estado anule la concesión, que así sea, y si es
que venga otro concesionario, también: pero espero que se tome
la mejor decisión”, concluyó.
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