Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira


Denunciarán a la Bonaerense en
la apertura del juicio ARMIAS

Empieza el proceso contra ex carapintadas que vendían armas y explosivos y que fueran vinculados con el atentado a la AMIA.

Armado: Pacífico investigó la participación de los bonaerenses
en el armado de la causa e incluso tiene una detallada enumeración
de cómo plantaron testigos.

Uno de los detenidos cuando fue llevado a declarar. Los carapintadas fueron desvinculados del atentado.

Por Raúl Kollmann

Esta mañana, a las 9, comenzará el llamado juicio ARMIAS. Y va a empezar con furibundas denuncias por parte de uno de los acusados. Se trata de un proceso en el cual estarán sentados en el banquillo de los acusados un grupo de ex militares carapintadas que hicieron dinero robando armas de los cuarteles en los que revistaban y que en un primer momento se investigó si no habían sido los proveedores de los explosivos para el atentado contra la AMIA. La conexión con el ataque a la mutual judía fue descartada por la Cámara Federal y por ello, en principio, sólo serán juzgados por las maniobras de robo de armas y explosivos que, en verdad, le vendían a las bandas de delincuentes. El imputado Jorge Pacífico va a denunciar que todo fue un armado de oficiales de la Bonaerense, que cuando las pistas empezaban a apuntar contra su fuerza quisieron echarle la culpa a los carapintadas, y que toda la maniobra tuvo el apoyo de dos integrantes del Modín, que –según Pacífico– fueron comprados para producir una interna dentro de ese partido.
Al Tribunal Oral Federal número 4, integrado por María Cristina Sanmartino, Horacio Vaccare y Leopoldo Bruglia, le llega un expediente que, como casi todos en el caso AMIA, está lleno de trampas, traiciones, ineficacia y casualidades increíbles. Lo que sucedió es que cuando las pistas del atentado apuntaban a la Bonaerense, el policía a cargo de la pesquisa, el comisario de esa fuerza Angel Salguero le llevó al juez Juan José Galeano otra pista supuestamente definitiva: había un grupo de carapintadas que le habrían entregado a los terroristas el trotyl o la dinamita necesaria para poner en movimiento el explosivo de mayor envergadura, el amonal, que destruyó la AMIA.
Como probó Página/12 en su momento, Salguero –antes de pasar al caso del atentado– estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de General Sarmiento, justo la zona donde operaba esta banda que le vendía armas y explosivos a los ladrones comunes. O sea que bastante tiempo después el juez Galeano se quedó con la impresión de que ya conocía la banda con anterioridad y la puso sobre el tapete para desviar la investigación del atentado que por entonces estaba rumbeada hacia varios oficiales y comisarios de la Bonaerense.
En diciembre de 1995 se allanó Campo de Mayo y se detuvo a los militares que van a ser juzgados desde hoy: Jorge Pacífico, Juan Carlos Coppe, Ricardo Villarino, Miguel Angel Lovera y otras siete personas más, casi todas vinculadas al Ejército. El allanamiento fue encabezado por Salguero junto a su amigo Juan José Ribelli, hoy procesado como cómplice del atentado. Este dato ya habla por sí mismo.
En las semanas previas, Galeano y Salguero montaron un operativo de compra de armas para comprobar que la banda efectivamente se dedicaba a eso. Para ello pusieron en la cancha a un agente encubierto, que usó el nombre de Daniel Norberto Graciano, quien pagó 20.000 dólares por fusiles, granadas y municiones. La banda también vendía trotyl, fusiles FAL, fusiles rusos AK47 e incluso ofrecieron un helicóptero que había conseguido Pacífico. Sin embargo, el grupo no va a ser juzgado por lo que Graciano les compró sino por todas las armas y explosivos que se les encontraron en los domicilios y que realmente terminaban vendiéndole a los piratas del asfalto o a ladrones de camiones de caudales.
En realidad el juez Galeano y los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman no están del todo convencidos de que los carapintadas no tuvieron nada que ver. Hay una casualidad llamativa: Pacífico justo estaba a dos cuadras de la AMIA cuando ocurrió la explosión y aparece sobre los escombros colaborando con las víctimas. Otra persona del Modín, el también ex suboficial carapintada Burgos, aparece en las filmaciones acercando una camioneta blanca y ayudando a llevarse un herido al Hospital de Clínicas.La sospecha del juez y los fiscales es que ambos estaban allí como supervisando los efectos del atentado, pero la Cámara Federal sostuvo que no había elementos para imputar a los carapintadas por el atentado.
Todo indica que el papel principal en la jornada de hoy lo va a jugar Jorge Pacífico, un hombre que estuvo cinco meses preso y que guarda un fuerte rencor: en aquel momento murió su esposa. Pacífico investigó la participación de los policías bonaerenses en el armado de la causa e incluso tiene una detallada enumeración de cómo plantaron testigos, algunos de los cuales eran amantes e incluso tenían hijos con los oficiales que conducían la pesquisa. Otros de esos testigos encubiertos están hoy presos por homicidio y otras causas. También Pacífico va a arremeter contra dos cuadros del Modín, Miguel Romero y Sergio Nantilo, a los que acusaría de participar en el armado de la supuestamente falsa pista carapintada, o bien a cambio de dinero o como agentes infiltrados de la SIDE o como parte de una interna partidaria.

 

La CIDH ya nombró veedor

Por R. K.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó ayer a su presidente, el prestigioso jurista chileno Claudio Grossman, como veedor de la CIDH en el juicio por el caso AMIA que se iniciará en setiembre. La designación de Grossman, que además es de origen judío, evidencia la importancia que la CIDH le da al juicio, ya que pone a su máximo cargo, el presidente, como responsable de la evaluación del proceso.
El nombramiento fue confirmado a Página/12 por el embajador Leandro Despouy, delegado especial de la Cancillería en materia de Derechos Humanos y el funcionario que trató en Washington de dar respuesta a las denuncias realizadas ante la CIDH por el caso AMIA.
La designación del observador fue producto de la denuncia realizada por los familiares agrupados en Memoria Activa y que sostienen que todo el proceso de investigación fue irregular y que el Estado argentino incumplió con su deber de investigar la muerte de las 85 víctimas del atentado.
El doctor Alberto Zuppi, quien junto con Pablo Jacoby, representa a Memoria Activa, señaló su satisfacción por la designación de Grossman, que es también decano de la American University y tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos.

 

PRINCIPAL