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 Un nuevo plan oficial de salud
para los porteños, que consiste en otorgarles una tarjeta de identificación
a los residentes en la ciudad que no tienen cobertura médica, generó
una serie de dudas y cuestionamientos por presunta discriminación.
El programa colocaría a los residentes en la ciudad en una situación
ventajosa respecto de los pacientes que provienen desde otros puntos del
país, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Para la defensora
del Pueblo, Alicia Oliveira, priorizar a los pacientes porteños
sería “una actitud absolutamente discriminatoria”. También
manifestó su oposición el titular de la Asociación
de Médicos Municipales, Enrique Visillac. El secretario de Salud
porteño, Aldo Neri, salió al cruce de las críticas
al afirmar que “no se dejará de atender a los pacientes que
vengan desde cualquier punto del país, e incluso, desde el exterior”.
El programa, anunció Neri, se pondrá en marcha antes de
fin de año a través de un plan piloto en un área
del sur de la ciudad. “Se trata de definir un barrio y una población
determinada para incorporarla programadamente a la atención. Para
eso, es necesario tener a la gente registrada e identificada”, explicó
Neri a Página/12. El plan, agregó el funcionario, contempla
actividades de prevención, vacunación, detección
de embarazos, control de salud en los ancianos, seguimiento de casos y
rehabilitación.
Para implementar el plan, explicó, “es necesaria una identificación
del paciente, que se hará a través de una tarjeta, para
poder trabajar en forma organizada. Eso sólo se puede hacer con
la población residente en la ciudad, cuya atención es responsabilidad
primordial del Gobierno de la Ciudad”, agregó Neri.
La ombudsman porteña, Alicia Oliveira, criticó la iniciativa
al sostener que “con una credencial de porteño no vamos a
resolver el problema de la salud”. “En momentos de tanta crisis
son necesarias muestras de unidad, no de discriminación. Es cierto
que los vecinos de Mataderos o Lugano se quejan porque a los hospitales
viene la gente de La Matanza. Es una guerra de pobres contra pobres y
lo grave es que el Estado lo fomenta”, dijo Oliveira a Página/12.
Por su parte, Visillac manifestó que “los hospitales públicos
deben estar abiertos a toda la ciudadanía, no sólo para
los vecinos de la ciudad”. “El problema financiero que produce
la atención de pacientes del conurbano puede resolverse mediante
un acuerdo con los municipios o la provincia. Pero no se puede perjudicar
a la gente que no viene a pasear sino a buscar una solución a sus
problemas, que no encuentra en la provincia.”
Neri, por su parte, afirmó que los pacientes que provengan de otros
distritos no se verán perjudicados por el nuevo plan. “No
implica ningún tipo de rechazo de pacientes de ningún lugar
del país, no va a haber diferencias con lo que se está haciendo
ahora”, aseguró. Tampoco habrá perjuicios para la gente
que provenga de la provincia. “La única diferencia es que
el residente tendrá una atención más integral: lo
visitará una asistente social para saber si los hijos están
vacunados o si cumple con el tratamiento.”
“La prioridad es la atención de la gente que no tiene cobertura
de obras sociales y prepagas”, sostuvo Neri. Lo que no niega el funcionario
es que la concurrencia de pacientes bonaerenses genera una saturación
de los hospitales porteños: “El 50 por ciento de los internados
son residentes en la ciudad, mientras que el 44 por ciento proviene de
la provincia de Buenos Aires y el 6 por ciento de otros distritos. En
consultorios externos, el 60 por ciento son de la ciudad, el 37 por ciento
del Gran Buenos Aires y el 3 por ciento de otros distritos”, precisó
el funcionario.
Ese problema, opinó Neri, se resuelve con un trabajo coordinado
entre la ciudad, la provincia y los municipios involucrados. “Los
municipios deben ocuparse de la atención primaria y derivar a los
hospitales porteños loscasos donde sean necesarias prácticas
complejas o donde los hospitales sean insuficientes”, concluyó.
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