Por José
Natanson
Hay una unificación
de diferentes cortes, que antes se habían dado por separado. El
fenómeno es la coordinación, no un gran crecimiento de la
protesta, así evaluaba ayer una alta fuente del Gobierno
la segunda jornada de cortes de ruta en todo el país. Igual, el
funcionario admitía que el impacto fue mayor porque, esta vez,
los cortes se unieron a un paro de la CTA y una manifestación a
la Plaza de Mayo, cuya asistencia fue estimada en 12 mil personas por
el ministro del Interior, Ramón Mestre. Hoy, como parte de una
estrategia para disuadir el piquetazo previsto para la semana que viene,
la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, difundirá una serie
de denuncias sobre supuestas presiones a los beneficiarios de los planes
Trabajar para que se unan a los reclamos.
El análisis que hizo el Gobierno sobre los dos capítulos
de la protesta el de la semana anterior, de 24 horas, y el de 48
horas que terminó ayer fue similar: con matices, los funcionarios
minimizaron la asistencia a los cortes de ruta y aseguraron que su impacto
mediático está sobredimensionado. Al mismo tiempo, en la
Rosada destacaron el carácter pacífico de las protestas
y la convivencia con los piqueteros, que permitieron abrir rutas alternativas,
y a los que reconocen como un nuevo interlocutor alternativo a los sindicatos
tradicionales.
Claro que ayer fue distinto. En primer lugar, porque los cortes duraron
dos días, lo que encendió la alarma ante las dificultades
que podrían producir los cortes nocturnos. Anoche, Mestre informó
que la protesta fue pacífica, que hubo 4 interrupciones parciales
y 14 cortes totales: uno en Buenos Aires, tres en Chaco, uno
en Córdoba, uno en Formosa, tres en Jujuy, uno en Misiones, dos
en Neuquén, uno en Río Negro y uno en Santa Fe. Según
la versión oficial, se habría registrado una disminución
de la protesta ya que el día anterior, con exactitud de relojero,
Interior había calculado 27 cortes totales con 8586 personas.
Pero lo central fue que la protesta de ayer estuvo acompañada por
un paro convocado por la CTA y por una movilización a la Plaza
de Mayo. Lejos de las estimaciones de los piqueteros, que hablaron de
50.000 personas, Mestre volvió a bajarle el precio: dijo que la
concentración se limitó a 12 mil asistentes.
Para el titular de Interior, fue un hecho importante y positivo
que la protesta se haya desarrollado sin incidentes y que los argentinos
sepamos convivir y respetarnos mutuamente. De todos modos,
Mestre machacó con aquello de que los problemas no se van
a solucionar ni con paros o movilizaciones sino que lo vamos a hacer trabajando
y tratando de resolver el conjunto de la sociedad argentina los males
que padecemos.
Más allá de las declaraciones, al final del día en
el Gobierno hacían un análisis más político
sobre el alcance de la protesta. La clave es que no lograron sumar
masivamente a la clase media, decía un ministro que siguió
de cerca la marcha de los piquetes. Un razonamiento que difiere bastante
del de los dirigentes sociales (ver páginas 2 y 3). Hubo
algunos sectores que se unieron a la protesta: universitarios, los trabajadores
del Estado, los docentes, pero no fue masivo. Los piquetes siguen siendo
monopolio de los desocupados, de activistas sociales y de los militantes
de los partidos de izquierda, explicaba una fuente de la Rosada,
que señalaba la unificación de los cortes que hasta el momento
se habían concretado por separado como la principal característica
del movimiento piquetero.
La conclusión, entonces, es que el impacto de la segunda jornada
de protesta fue mayor, gracias al paro de la CTA y la movilización
a la Plaza de Mayo, pero que la asistencia a los cortes fue menor. Les
va a costar sostenerlos la semana que viene, aseguraba un funcionario
del Ministerio de Trabajo en referencia a la protesta de 72 horas convocada
para el próximo martes.
Bullrich va por más
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, ofrecerá hoy
un informe en el que detallará supuestas presiones a beneficiarios
de planes Trabajar para que se unan a la protesta. La ministra
dará datos específicos respecto de las denuncias,
los lugares donde los proyectos no pudieron realizarse por ausencia
de trabajadores y las medidas que ejecutará el ministerio
ante la Justicia, aseguró la directora nacional de
Inspección Federal del Trabajo, Silvina La Ruffa, que se
ocupó de coordinar a los 485 auditores del Ministerio. Sin
embargo, una alta fuente del Gobierno criticó la decisión
de Bullrich: según dijo, los inspectores fueron directamente
a los lugares (como La Matanza o Neuquén) en donde se suponía
que podía haber presiones. No fue una encuesta, fue
un análisis muy sesgado que abarcó a sólo el
4 por ciento de los 100 mil beneficiarios, aseguró.
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