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 El sistema educativo argentino
está cada vez más al rojo vivo. Ayer, la Federación
de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(Ctera), realizó un paro masivo en repudio al ajuste lanzado por
el Gobierno nacional, y a la difícil situación que atraviesan
los docentes en varias provincias. Además, la huelga fue apoyada
por los maestros bonaerenses, quienes no retomarán el dictado de
clases, en rechazo a la versión ruckaufista del ajuste, que incluye
pago con bonos a quienes reciben más de 740 pesos de sueldo, rebajas
salariales, el congelamiento de aumentos por antigüedad y el retraso
en el pago de sueldos. Por su parte, el ministro de Educación,
Andrés Delich, afirmó que “aunque no comparta la metodología”,
le parece “razonable” la protesta en la provincia de Buenos
Aires y agregó que “si hay consenso”, convocará
a paritarias “a partir de setiembre”.
“Hoy la situación es de colapso”, aseguró Marta
Maffei, secretaria general de Ctera, al describir el panorama general,
y agregó que la medida de fuerza tuvo un acatamiento del “90
por ciento” en Capital, y del “95 por ciento” en la provincia,
siempre hablando de los establecimientos públicos. Según
el Gobierno de la Ciudad, en cambio, el ausentismo docente en los colegios
estatales fue de un 65 por ciento en el nivel primario, y de un 35 por
ciento en el secundario.
De todos modos, aun si se toman las cifras oficiales, se comprueba el
malestar que existe entre los docentes por su situación y por la
del país, ya que casi dos tercios de los maestros de escuelas públicas
de Capital, un distrito en donde no hay atrasos salariales ni pago con
bonos, adhirió a la huelga. Pero, por otra parte, el impacto máximo
se produjo en provincias como Tucumán, en donde se pagan los sueldos
docentes con bonos y tickets, o en Jujuy, que tiene atrasos de dos meses
en la liquidación de los salarios.
En tanto, en territorio bonaerense, los problemas del sector educativo
se agudizan. “Los docentes no van a volver a las escuelas de las
provincias hasta que no cobren”, señaló Hugo Yasky,
secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación
de Buenos Aires (Suteba). Pago con bonos, rebaja de sueldos, congelamiento
de los plus por antigüedad y por zona desfavorable son los elementos
más conflictivos dispuestos por la administración Ruckauf.
Pero también está la gravísima situación que
atraviesan cientos de comedores escolares en todo el distrito.
Por ejemplo, en La Matanza, “la alimentación en los comedores
está suspendida por falta de presupuesto”, dijo Maffei, y
reveló que organizaciones no gubernamentales como Cáritas,
que brindan el servicio de los comedores, “están en situación
de cancelación de prestación del servicio”.
En cuanto al incentivo docente, el Ministerio de Educación informó
que ya giró la partida de 55 millones de pesos a las distintas
provincias, por lo que el viernes los distritos estarían en condiciones
de abonarlo. Sin embargo, en Buenos Aires el mes pasado el Gobierno local
usó esa plata para completar el pago de sueldos, y demoró
varios días la entrega del incentivo de 60 pesos por cargo.
Delich, por su parte, dijo que es “razonable” el paro en Buenos
Aires, pero que no le parece “correcto” en Capital, “donde
la ciudad ha hecho un esfuerzo para mantener los salarios”. En otro
sentido, el funcionario anticipó que está “convocando
a una reunión de la mesa ejecutiva del Consejo Federal Educativo
para el martes, y a partir de ahí, si hay consenso, convocar a
un acuerdo de paritarias a partir de setiembre”. Según Delich,
el objetivo del llamado es “establecer algún mecanismo de
articulación de los reclamos, y a la vez de las posibilidades que
tienen las provincias y el Gobierno nacional tendiente a evitar que se
realicen paros”.
Desde la Ctera, Maffei se mostró escéptica por la convocatoria
a paritarias. “Las reuniones por las reuniones en sí no sirven.
Nosotrosqueremos que las paritarias no dependan de la voluntad de las
provincias para sentarse a negociar”, consideró Maffei, al
recordar que la ley de 1990 que regula esos llamados establece un piso
mínimo de representantes de las provincias para que comiencen a
discutir las paritarias.
Por otro lado, la Ctera resolverá en un congreso a realizarse el
17 de este mes cómo continúa su plan de lucha. Por lo pronto,
para estrechar lazos con el resto de la comunidad, y no aparecer únicamente
como “huelguistas”, Maffei ya anunció que “desde
el 25 de este mes, las escuelas abrirán los sábados, para
explicarles a los padres los efectos del ajuste”.
CONFLICTO
CON EL SENADO BONAERENSE
Ruckauf, generoso con él
“Si el gobernador quiere
que las empresas y la gente crean en el Patacón, que empiece por
aceptarlo en su salario y en el de sus funcionarios”. Con este argumento,
los senadores provinciales de la UCR-Alianza, Diego Rodrigo, Gustavo Marelli
y Juan Carlos Stávale, presentaron ayer un proyecto de ley que
pretende ponerle un tope al cobro en pesos por parte de los funcionarios
públicos. De no aprobarse, peligraría el ajuste.
De acuerdo con los senadores, el decreto que reglamenta la ley de ajuste
que establece el recorte de sueldos y el pago de bonos a los empleados
de la provincia, permite que el gobernador Carlos Ruckauf y sus funcionarios
puedan cobrar en pesos la mitad de sus remuneraciones, en erogaciones
que van desde 1500 a 7000 pesos. “Excluyen de los alcances de esa
ley a los gastos de representación, viáticos y refrigerio
que conforman la mitad de su salario”, por lo que argumentan que
el decreto de Ruckauf no establece el tope de pesos que cobran él
y sus funcionarios, que no respeta el máximo que la ley establece
para los sueldos de los empleados estatales.
“Esta situación representa una gran injusticia, ya que mientras
a los empleados se les pagará en patacones a partir de los 740
pesos, los funcionarios políticos tendrán el privilegio
de percibir la mitad de su sueldo en pesos”, sostienen los senadores.
El bloque radical sostiene que podrían dar marcha atrás
con el ajuste a los estatales “si los funcionarios no cumplen la
ley”. Por ello, el proyecto pretende que “tanto el ajuste de
los sueldos a partir de 1200 como el pago en patacones a partir de los
740 pesos, se compute no sólo a la remuneración bruta sino
a los conceptos no remunerativos o no bonificables incluidos como gastos
de función”.
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