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Por Raúl
Dellatorre
 No hubo precisiones acerca
de los mecanismos de liquidación de deudas impositivas con bonos,
a pesar de que se esperaba que la Secretaría de Ingresos Públicos
las diera anoche a última hora. Domingo Cavallo informó,
en conferencia de prensa, que recién hoy estarían listos
los decretos para la firma del Presidente. Sólo posteriormente
se prepararán las normas reglamentarias. Es que a lo largo de toda
la jornada de ayer se sucedieron los rumores, hubo infinidad de consultas
y hasta idas y vueltas en el criterio oficial sobre los alcances y la
forma de cancelación de impuestos con títulos de la deuda.
Según la última versión circulante anoche, el pago
de deudas impositivas y previsionales vencidas al 30 de junio pasado podrá
hacerse en bonos y, además, en cuotas, para hacer posible que un
mayor número de contribuyentes pueda acceder a dicha facilidad.
De hecho, estas condiciones convertirán a la propuesta en una suerte
de moratoria.
Entre los consultores impositivos existe cierto consenso en que la alternativa
de compra de bonos para cancelar impuestos futuros (del año que
coincida con el de vencimiento del cupón) es válida sólo
para grandes empresas y preferentemente operando en mercados cautivos.
El requisito es tener capacidad financiera suficiente para inmovilizar
un capital en títulos y, además, cierta certeza de que tendrá
en los próximos años ventas que justifiquen el pago del
IVA y utilidades que den lugar al pago del impuesto a las ganancias. En
cambio, la alternativa de saldar impuestos vencidos con bonos parece ser
del talle de las medianas y pequeñas, además de alguna grande
con incumplimientos fiscales por problemas financieros.
Conforme a estimaciones oficiosas, la DGI acumula hoy créditos
por morosidad en obligaciones impositivas y previsionales por más
de cinco mil millones de pesos. A ello se suman otros 15 mil millones
que corresponden a deudas en gestión judicial. Pero de este último
monto, más de la mitad resultaría incobrable por insolvencia
del deudor. De todos modos, frente a estas cifras inusualmente altas de
deudas tributarias, se esperaba que “la AFIP hiciera algo”,
según repitieron diversos consultores impositivos. Pero no todos
están convencidos de que la fórmula de resolver en simultáneo
el problema impositivo y la baja cotización de los bonos de la
deuda vaya a dar un buen resultado.
“El primer efecto que se logró es negativo, y es que todo
el mundo dejó de pagar sus impuestos hasta ver de qué se
trata este nuevo mecanismo”, señaló a este diario el
titular de un estudio impositivo mediano con buenas vinculaciones en la
DGI. Por otra parte, hay cierto escepticismo acerca de que la “convocatoria”
a cancelar deudas impositivas y previsionales, aun con títulos
devaluados, tenga mucha receptividad. “No veo posibilidades de que
sean demasiadas las empresas que puedan afrontar el costo; se parte de
la hipótesis falsa de que el grueso de los morosos no paga porque
se está financiando al 3 por ciento con la plata de los impuestos:
si no pagan es porque no hay plata, y no la tendrán tampoco para
comprar un bono aunque sea al 60 por ciento de su valor”, explicó
un especialista con varios clientes en dificultades financieras.
Algunos de estos problemas llegaron a oídos de José María
Farré y de sus asesores durante la jornada, lo que habría
dado lugar a que se baraje la alternativa de la cancelación en
cuotas, aunque con bonos, de la deuda vencida. “Para el que tiene
una deuda vencida importante, el 60 por ciento (para comprar los bonos
a su valor de mercado) sigue siendo una cifra importante, y difícilmente
pueda acceder o quiera ir a un crédito bancario para pagar los
impuestos”, comentó un analista empresario. La salida del
pago en cuotas de la deuda consolidada se impone casi como una condición
ineludible.
Sin embargo, no son pocos los que ven algunos inconvenientes a futuro
para quienes acepten ingresar en la eventual moratoria. “Si el programa
es exitoso, habrá demanda de bonos y a la segunda o tercera cuota
el precio de mercado de los títulos se habrá acercado al
valor nominal, lo cualequivale a un aumento de la cuota del 40 o 50 por
ciento. ¿Quién va a recomendar meterse en un plan así?”,
se preguntaba anoche un asesor impositivo de pymes.
SALDRA
A CIRCULACION OTRO BONO POR 2000 MILLONES
La Nación emite, provincias pagan
Por Claudio Scaletta
El gobierno nacional tiene listo
el decreto que habilitará la emisión de un Bono Federal
para el pago de salarios y proveedores de los Estados provinciales. El
monto a emitir será de entre 1500 y 2000 millones de pesos. El
tope estará dado por las nóminas salariales de las provincias,
las que también se utilizarán como parámetro para
la distribución del nuevo papel. Adicionalmente, se emitirán
certificados de garantía de deuda mediante los cuales la Nación
reconocerá los 1200 millones que adeuda a las provincias, certificados
que podrán ser utilizados como garantía para la emisión
de nuevos bonos provinciales. En síntesis, quedará habilitada
la circulación secundaria de más de 3000 millones de pesos
en papeles y la coexistencia de bonos nacionales y provinciales.
Como parte del acuerdo con los gobernadores para la sanción del
déficit cero, el gobierno nacional se comprometió a encontrar
una vía de solución para las urgencias financieras de las
provincias. En especial, para las más inmediatas, las salariales
y el pago a proveedores. En una reunión mantenida entre los mandatarios
provinciales y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se decidió
delegar la búsqueda de consensos en dos negociadores “externos”.
La Nación quedó representada por Horacio Liendo y las provincias
por el ex secretario de Programación Económica de Roque
Fernández, Rogelio Frigerio. Sin embargo, frente a la corrida especulativa
que sufrió la Argentina –el gobierno descubrió que
en “los mercados” existen especuladores recién la semana
pasada–, los acontecimientos se precipitaron. Desde Economía
decidieron entonces dejar de lado a los negociadores y sus tiempos para
salvar más rápido las diferencias. Según reconocieron
a este diario algunos de los participantes en las tratativas previas,
el decreto que se encuentra a la firma de Fernando de la Rúa es
“secreto”. No obstante, su contenido ya es conocido por los
gobernadores. En líneas generales:
u Habilita la emisión de un Bono Federal para el pago de salarios
y a proveedores que, de acuerdo a las fuentes consultadas, alcanzaría
un monto de entre 1500 y 2000 millones.
u Permite otorgar certificados de deuda a las provincias para saldar los
1200 millones que no se coparticiparon por el aumento del IVA del 18 al
21 por ciento, medida dispuesta en 1995 durante la crisis del Tequila.
Estos certificados podrían ser utilizados por las provincias como
garantía para la emisión de títulos propios.
En síntesis, el Bono Federal no reemplazará a los papeles
emitidos (y a emitir) por las provincias, sino que convivirá con
ellos. Los argumentos que justifican el inminente neofestival de bonos
son una ampliación de la base monetaria para evitar que la restricción
de circulante actúe deprimiendo aún más la demanda
y, por lo tanto, dificulte la reactivación de la economía.
Las cifras en danza suponen una emisión secundaria que alcanzará
alrededor del 25 por ciento extra sobre la circulación monetaria
actual, la que alcanza los 12.767 millones. Desde el Palacio de Hacienda
tienen la subjetiva impresión de que lo peor de la crisis ya pasó
y que la tarea ahora es concentrarse en la reactivación. Resta
esperar que no ocurra lo que señala la literatura sobre teoría
monetaria, es decir, que los actores económicos se den cuenta de
que existe mayor circulante para una misma masa de producto dando lugar
al ajuste entre ambas magnitudes y por lo tanto a la inflación,
en este caso: el desagio de los bonos.
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