Por Eduardo Tagliaferro

En la causa por la venta ilegal de armas, la detención de Carlos Menem y la suma de acontecimientos posteriores llevaron a la postergación de muchas actividades procesales. Entre éstas, el juez federal Jorge Urso tiene pendiente de resolución el pedido formulado por el fiscal Carlos Stornelli para que reclame a la Justicia cordobesa que se inhiba de seguir adelante con la investigación de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. El fiscal entiende que el hecho fue realizado por la asociación ilícita que vendió las armas argentinas a Croacia y Ecuador y por lo tanto debería anexarse a la causa que se instruye en Comodoro Py. La postergación, sin fecha, de la audiencia a la que hoy debía asistir el ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan es una consecuencia colateral de la suma de esas tareas pendientes. En tribunales no descartan que la nueva citación a Kohan no sea en calidad de testigo sino de imputado.
La Justicia cordobesa entiende que las dos explosiones ocurridas en Río Tercero, en noviembre del ‘95, fueron un hecho accidental. En las investigaciones llevadas adelante por Urso, la planta militar aparece ocupando un papel destacado en el entramado de la venta ilegal de armas. Allí se concentró el armamento procedente de unidades militares de todo el país. Armas que luego de reacondicionadas fueron embaladas en containers que terminaron en el puerto de Buenos Aires.
En el expediente también quedó acreditado que dos operarios de la planta cordobesa viajaron a Croacia, para enseñarle a las tropas croatas el uso de los cañones Citer. Varios operarios confirmaron que en Río Tercero se clonaron piezas de los cañones italianos Oto Melara que fueron vendidos a los Balcanes. La duplicación de piezas respondió al intento de rehacer algunos de los ocho cañones que se habían comprado en 1968, con la expresa condición de no ser revendidos a otros países.
De probarse que las explosiones respondieron a un hecho intencional, los procesados por Urso verían complicada su situación procesal, ya que además de los delitos por asociación ilícita, malversación de los bienes del estado y falsedad ideológica, sumarán la responsabilidad por los siete muertos y trescientos heridos que produjo la voladura.

La sombra del Jefe

Es difícil pensar que el sentimiento que embargó a Alberto Kohan luego de conocer que Urso postergaba la audiencia de hoy haya sido de tranquilidad. De las diligencias que tienen pendientes los funcionarios judiciales a cargo de las investigaciones por la venta ilegal de armamento, pueden desprenderse elementos que modifiquen la situación del ex secretario de Carlos Menem. Así es que, de ser llamado como testigo, podría terminar siendo otro imputado. “Los tiempos los tiene que definir la Justicia”, había sido la respuesta del geólogo cuando se enteró que sería el primer funcionario de Menem llamado por la Justicia luego de que el menemismo abandonara el gobierno. Había pasado tan sólo una semana y la jueza María Romilda Servini de Cubría quería conocer la real vinculación que unía a Kohan con el magnate saudita Gaith Pharaon, en el caso por lavado de dinero del liquidado Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI).
En la causa por la venta de armas, la situación de Kohan se complicó luego de que el ex brigadier Tomás Medina declaró que se entrevistó en dos ocasiones con Carlos Menem para concertar la venta de dos submarinos a Taiwan. En la segunda visita a la Rosada, “sin que yo le efectuara comentario alguno– dijo el brigadier en su declaración ante Urso– (Menem), me dijo que ya estaba al tanto del problema que habíamos tenido y que el referente dejaba de ser (Karim) Yoma y pasaba a ser Kohan”. Luego de ese encuentro, el brigadier admitió que lo atendió Hugo Martínez Viademonte, secretario de Kohan. En su largo testimonio, Medina declaróque continuó encontrándose con Martínez Viademonte y de la mano de éste llegó a reunirse con Carlos Tórtora en la SIDE. Al recordar esa reunión, afirmó que Tórtora “me hizo referencia de que junto con Kohan estaban tratando de armar ese tipo de negocios de comercialización de armamentos con la idea de crear una empresa privada que se hiciera cargo de la actividad que hasta ese momento realizaban las empresas militares”.
La sombra de Kohan ya había aparecido en las investigaciones cuando la venta de fusiles a Ecuador había involucrado a un amigo suyo: el suicidado capitán de navío Horacio Estrada. Miembro de los grupos de tarea de la ESMA y de buena llegada al ex almirante Emilio Massera, Estrada se incorporó a la FEPAC de la mano de Kohan. Allí se ocupó de los equipos que realizarían la propuesta para el área de Defensa. En la FEPAC, junto a Estrada participaron el ex oficial naval, Carlos Cañón y uno de los hombres fuertes de la ESMA y del proyecto político del masserismo, Jorge Radice.
Por si fuera poco para Kohan, Stornelli en su acusación recordó que Domingo Cavallo escribió en El peso de la verdad, que era idea de Kohan que “siempre habría una empresa privada dispuesta a asumir la responsabilidad de la triangulación, sin que se arriesgara el prestigio argentino”. Kohan tiene motivos para estar preocupado. Durante muchos años fue la sombra del Jefe y puede llegar a compartirla con él.

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