Por Alejandra Dandan

Por primera vez habrá en el país un reclamo judicial multitudinario por contaminación. En total, 163 personas de la ciudad de Las Toscas pedirán el próximo lunes una mediación obligatoria, previa a la demanda, ante la Cámara Civil y Comercial porteña. Son integrantes de unas 90 familias, que están dispuestos a plantear una demanda millonaria contra una curtiembre abierta desde 1990. Para las familias, Arlei S.A. es la responsable “directa o indirectamente de dos muertes, tres casos de cáncer y de los rastros en sangre de cromo y fenoles de cincuenta pobladores entre quienes los estudios toxicológicos han detectado niveles superiores a los parámetros normales”. La curtiembre rechaza la acusación. Aunque la legislación de nuestro país impide la tramitación colectiva de los casos, los damnificados buscan que sus demandas ingresen al mismo juzgado que lleva adelante otros tres juicios por daños y perjuicios contra la curtiembre. Página/12 accedió al expediente donde los perjudicados preparan una demanda por algo más de 10,5 millones de dólares. Aquí se adelantan parte de esos casos y las pruebas que ahora están a punto de presentarse a la Justicia en el marco de un caso similar al de California, que se hizo famoso en la película Erin Brockovich.
El caso de Las Toscas apareció públicamente hace algo más de un año cuando Greenpeace presentó los resultados del examen en suelo tomado de algunos efluentes y sedimentos al aire libre. En esos estudios, los ambientalistas encontraron treinta veces más cromo que los niveles permitidos. Pero el dato sólo confirmaba lo que para los vecinos de la curtiembre era cotidiano: la contaminación, decían, los estaba matando.
La difusión de ese informe disparó dos rápidas acciones de la curtiembre. En octubre incorporó una planta de tratamiento de última generación, al mismo tiempo que declaraba a través de distintos comunicados que el cromo usado en la planta no es hexavalente –considerado tóxico y cancerígeno– sino trivalante.
Ese dignóstico fue confirmado por un perito ingeniero nombrado por la Corte Suprema en el marco de las causas que se tramitan en el juzgado 84. La pericia controló el tipo de desecho de la planta y la tecnología usada para la producción de 7500 cueros diarios. Ese informe resultó favorable a la empresa, ya que descartó el uso de cromo hexavalente , si bien detectó un alto uso de sulfuro de sulfuro de sodio de “fuerte olor y umbral de toxicidad”.
Pero las familias de las Toscas disponen de otras pericias, pruebas que terminaron de preparar asesoradas por uno de los consorcios del Estado de Texas expertos en temas ambientales. Santiago Kaplum, uno de los abogados que los representa, integra esa especie de coalición que intenta aventurase acá con una modalidad hasta ahora inédita en el país.
“Existen pruebas suficientes –asegura el abogado– que muestran un nexo causal exacto entre los insumos y los deshechos de Arlei S.A. y las patologías de una parte de la población de Las Toscas.” Ese nexo es esencial para probar un vínculo entre los productos de la empresa y las enfermedades. Para Kaplum “las enfermedades se gestaron antes de que la empresa modificara el sistema de tratamiento del cuero”. O sea, antes de noviembre del año pasado, cuando se realizó la pericia oficial.
Entre las pruebas recogidas, cuentan con el resultado de una investigación pedida por Arlei a Lida Borello, una experta en ciencias biológicas y ambientales, asociada a organismos internacionales especializados y graduada en un postgrado en ingenieria ambiental e hidrogeológica. El estudio es de septiembre del año pasado y en varios puntos concuerda con el dignóstico de Greenpeace. Página/12 accedió al informe, ahora en manos de la Justicia. Borello informa que “se detectó cromo trivalente en el agua, superior al límite normado para consumo humano fijado por Ley 24.051”. El Cromo Total, fue “hallado en el ingreso de efluentes a la lagunas de tratamientos de desechos, evidenciando –sigue– contaminación del agua subterránea”. En el informe, encontró otras raras sustancias. Halló “anomio en cantidades superiores a las permitidas” y notó “infiltración de efluentes con elevado contenido salino”. El cóctel incluyó “nitratos, nitritos y amonio que evidencian contaminación urbana por posibles fugas de aguas servidas”. Este informe fue difundido por Arlei, aunque sólo parcialmente (ver aparte).
Aún así, el punto más difícil será probar el vínculo “causal” entre enfermedad y tóxicos. Para eso, los apoderados cuentan con los casos de cada una de las 90 familias de las Toscas. La gente fue dividida en tres grandes grupos de acuerdo al grado de afección arrojado por distintos exámenes. Entre los casos más graves hay quince personas con enfermedades manifiestas y otras dos familias que responsabilizan a Arlei por la muerte de sus hijos.
Otro de los grupos, el más numeroso, son unas cincuenta personas con rastros de cromo o fenol en sangre en proporciones mayores a las normales. El último grupo, en tanto, es el más heterogéneo. Son unas veinte familias que no están enfermas pero se consideran afectadas porque han vivido cerca de la curtiembre. No sólo se creen víctimas potenciales de la contaminación, sino que además afrontan problemas colaterales. Hay quienes, por ejemplo, decidieron mudarse pero no pueden vender sus casas por falta de compradores.
A ninguno de ellos se le escapa la historia de Erin Brockovich. La búsqueda de este megajuicio quizá haya sido inspirado por la pelea furiosa que llevó adelante en California la joven interpretada por Julia Roberts.
En estos últimos meses, mientras parte de Las Toscas empezó a mudarse, algunos juntaron las historias a lo que sumaron el informe de un médico legista que explica posibles vínculos entre enfermedades y tóxicos.
Para hacer el informe, el médico usó los resultados encontrados en el suelo y en el aire por Greenpeace, procesados en la universidad inglesa de Exxel. Entre otros puntos, se analizó por ejemplo la potencialidad que tienen los insumos usados en las curtiembres para generar leucemia u otros tipos de cáncer.

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