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 Tras una década de idas
y venidas judiciales, el peor capítulo de la vida del empresario
y actual presidente del club Boca Juniors, Mauricio Macri, llegó
a su fin: ayer, la Justicia porteña sentenció por el secuestro
del heredero del imperio Socma a siete de los integrantes de la llamada
“banda de los comisarios”, con penas que van desde los cinco
años de prisión a la reclusión perpetua. Las condenas
más severas fueron para los ex suboficiales Juan Carlos “Pelado”
Bayarri y Miguel Angel “Jopo” Ramírez, y para el subcomisario
retirado José “El Turco” Ahmed, en tanto otro ex comisario,
Alfredo Hugo “Poroto” Vidal, que estuvo prófugo durante
los últimos diez años, será juzgado próximamente
por el hecho.
Mauricio Macri, heredero de una de las fortunas más importantes
de la Argentina, y vicepresidente del grupo que nuclea empresas como Autopistas
del Sol, Pago Fácil, Correo Argentino y Bon Freeze, entre otras,
fue secuestrado frente a su casa del Barrio Parque la madrugada del domingo
25 de agosto de 1991. Tras pasar doce días encerrado en el sótano
de un local ubicado en la avenida Juan de Garay 2882, del barrio porteño
de Boedo; treinta metros bajo tierra y con la solitaria compañía
de un televisor blanco y negro 14 pulgadas, por el que seguía cada
movimiento de su familia en la búsqueda; Macri fue liberado ileso
el jueves 6 de setiembre.
Las primeras versiones hablaban de un rescate de 5 millones de dólares.
Luego, la familia Macri declaró a los medios que no se había
pagado un solo peso. Los rumores de que el gobierno de Carlos Menem había
financiado parte del pago aumentaron. Tiempo después, durante la
instrucción, el juez Nerio Bonifatti encontraría, en las
paredes del local de Garay, parte del dinero, y el padre de uno de los
detenidos también le entregaría plata.
“En el secuestro de Macri tienen algo que ver el “Pelado”
Bayarri y Carlos Benítez”, decía un anónimo
que llegó a manos de Bonifatti en noviembre de 1991. A fines de
ese mes, ambos policías fueron detenidos. Ayer, Bayarri fue condenado
a reclusión perpetua. Benítez recibió una sentencia
de 11 años de cárcel.
Tras la detención del dúo, la banda comenzó a desmoronarse
como un castillo de naipes. José “El Turco” Ahmed, un
subcomisario retirado de la Policía Federal, condenado en 1989
por el secuestro del empresario Osvaldo Sivak, fue señalado por
otros detenidos como cabecilla del grupo, junto a su hermano Camilo. Ahmed
es otro de los secuestradores que recibió la pena de reclusión
perpetua. Su hermano estuvo prófugo durante unos meses después
del rapto de Macri, y en enero de 1992 apareció muerto en Mar del
Plata, tras caer desde el piso 12 de un edificio céntrico.
El tercer condenado a perpetua es el suboficial Miguel Angel “Jopo”
Ramírez. Los demás acusados recibieron condenas de 15 años
(Ramón Avalos) y de 5 años (Héctor Ferrer y Raúl
González), en tanto los comisarios Juan Carlos Arza y Hugo Luis
Andersen fueron absueltos. Arza y Andersen habían sido detenidos
junto al comisario Raúl González, titular en el momento
del secuestro de la división Servicios Técnicos de la Superintendencia
de Comunicaciones de la Policía Federal.
En tanto, la situación del ex subcomisario Alfredo Hugo “Poroto”
Vidal será definida en una futura resolución del magistrado.
Sucede que Vidal –que también estuvo involucrado con la banda
que secuestró a Sivak– estuvo prófugo durante una década
y fue arrestado el 11 de mayo pasado en San Martín, mientras se
trasladaba en un auto repleto de armas y chapas de la Policía Federal.
Vidal permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, en
un sector especial separado del resto de la población carcelaria.
Fuentes judiciales revelaron que Macri se mostró “poco interesado”
en la causa, “como si quisiera sepultar ese capítulo del pasado”.
A tal punto, explicaron las fuentes, que en una oportunidad debió
ser llevado a testimoniar “mediante la fuerza pública”.
Además del secuestro de Macri, a la banda se le imputan el de Karina
Werthein, el de Alfredo Apstein, el de Sergio Meller y el de Julio Ducdoc.
LA
CAMARA DE CASACION RATIFICO UNA PENA A 35 AÑOS
El límite ya no es más de 25
En un fallo inédito,
la Cámara de Casación ratificó el dictamen de un
Tribunal Oral que estableció la inusual pena de 35 y 29 años
y medio de prisión a dos hombres tras ser considerados culpables
de la violación de chicos de la calle. La novedosa decisión
abre un nuevo camino en la jurisprudencia argentina, ya que históricamente
se consideró que el tope en el país es de 25 años
de reclusión. Al inusitado monto de la pena se llegó tras
sumarles a los dos hombres condenas anteriores que pesaban sobre ellos.
Las condenas establecidas por la Sala III de la Cámara de Casación
recayeron sobre Luis Alberto Manfredi y Julio César Córdoba,
que ya tenían penas anteriores. Al primero se le impuso una “pena
única” de 35 años de prisión y a su cómplice,
29 años y medio, en sanciones muy similares a las que le había
impuesto en su oportunidad el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6.
Al confirmar la pena, los integrantes de la Sala III –Gustavo Mitchell,
Guillermo Tragant y Rafael Riggi– afirmaron que “en caso de
concurso de delitos reprimidos con prisión temporal, el máximo
de esa pena que puede imponerse no es el de 25 años”. Existe
un debate planteado entre los penalistas, ya que el Código Penal
establece “para la especie de prisión” el máximo
de 25 años, aunque una modificación legal de 1984 –incluida
dentro de la Ley de Defensa de la Democracia– permite “elevar
en la mitad” ese monto.
Manfredi y Córdoba fueron condenados por los delitos de “violación,
corrupción de menores agravada y privación ilegal de la
libertad”, tras ser hallados culpables de estremecedores hechos perpetrados
contra tres chicos de la calle: entre el 17 y el 20 de mayo de 1998, secuestraron
y violaron en reiteradas oportunidades (cinco Manfredi y cuatro Córdoba)
a un chico que vagaba por Constitución, el que finalmente logró
escapar y dio aviso a la policía. Los investigadores constataron
que pocos días antes, los dos hombres habían cometido el
mismo delito con una chica de 13 años, esa vez en presencia de
otro pequeño –de ahí la figura de corrupción
de menores–, también secuestrado.
Al término del juicio oral, el Tribunal le impuso a Manfredi la
pena de 20 años y, como tenía otras sanciones, unificaron
esa pena en la de 36 años (ahora llevada a 35 por la Cámara).
Respecto de Córdoba, lo condenaron a 19 años de cárcel
y le unificaron esa condena con otras anteriores por los mismos delitos
en 30 años y seis meses (un año más de lo que determinó
la Cámara).
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