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Por W. U.
 Al finalizar una semana en
la que se multiplicaron los contactos entre las máximas autoridades
de la Iglesia Católica y representantes políticos, sociales
y religiosos, los obispos dieron a conocer ayer un comunicado en el que,
utilizando palabras del papa Pablo VI, advierten a los dirigentes argentinos
que “no olviden que ciertas crisis de la historia habrían
podido tener otras orientaciones si las reformas necesarias hubiesen prevenido
tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones explosivas
de la desesperación”. El documento, de apenas tres carillas
y con el título “Queremos ser Nación”, es un llamado
a la responsabilidad de todos los sectores sociales en la búsqueda
de soluciones para la crisis. En el mismo los obispos señalan que
“no queremos ocupar un lugar que no nos corresponde”, en clara
alusión al pedido que algunos les plantearon para que actúen
como mediadores.
El texto de la jerarquía católica comienza advirtiendo sobre
el sentido mismo de la crisis, para señalar que es “inédita”
e “histórica” y que “supone un largo proceso de
deterioro en nuestra moral social, la cual es médula de la Nación,
que hoy corre el peligro de quedar paralizada”. Afirman también
que el éxito en la “reconstrucción” sólo
se alcanzará si se asume que la crisis es “fruto del propio
actuar” y no se pierde tiempo “en responsabilizar de la misma
sólo a los otros”.
Dirigiéndose “a los que han recibido más bienes materiales
o gozan de privilegios” los obispos de la Comisión Permanente
les recuerdan “un principio básico de la moral: que el derecho
de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad
común”. Y agregan que “si se llegase al conflicto entre
los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales,
toca a los poderes públicos procurar una solución con la
activa participación de las personas y de los grupos sociales”.
A los trabajadores los obispos les recuerdan “el principio del bien
común” que respetado “hace que sean justos sus reclamos”
y que por fuera del mismo las demandas corran el riesgo de convertirse
en “injusta agresión contra el todo social, y pueden dificultar
grandemente la reconstrucción de la Argentina”.
Desde el punto de vista doctrinario, el documento episcopal crítica
tanto al “endiosamiento del Estado” del que “surgió
una interpretación cuasi mágica del Estado que todavía
hoy inmoviliza al hombre argentino”, como al “envilecimiento
del Estado, propio del más crudo liberalismo”. Respecto de
esta última perspectiva dicen que “alarmados por los peligros
del estatismo, se procedió a vender las empresas del Estado, pero
sin un diseño racional del mismo” y sin tener en cuenta que
el propio Estado “es un instrumento creado para servir al bien común,
y para ser el garante de la equidad y de la solidaridad del entramado
social”. Agregan además que “tampoco se organizó
previamente una red adecuada de contención social, dando lugar
a la marginalidad y a la exclusión creciente”.
Los obispos católicos caracterizan la situación como “deuda
social” que “grava el futuro de nuestro pueblo” y que “amenaza
derivar en anarquía social de imprevisibles consecuencias”.
En la base de los problemas actuales se ubican dos “enfermedades”
aseguran: “la evasión de los impuestos, y el despilfarro de
los dineros del Estado, que son dineros sudados por el pueblo” que
“comprometen la equidad social y la justa distribución del
ingreso”.
A la hora de reclamar acciones los obispos comienzan señalando
a los propios cristianos que “no estamos exentos de responsabilidad
en esta crisis” y que por lo tanto “debemos cotejar nuestra
conducta social con el Evangelio, asumir nuestro puesto en la superación
de la misma, aún a precio de grandes sacrificios, y crecer en nuestra
conciencia como ciudadanos”. Y para no quedarse afuera de la autocrítica
los obispos dicen que ellos mismos deben revisar su forma de actuar, examinado
el contenido y la “pedagogía” de sus anuncios pero sin
pretender “ocupar un lugar que no nos corresponde”. Por tal
motivo el Episcopado pide “a todos losactores sociales que actúen
según su responsabilidad en el marco de las instituciones republicanas”
y exhorta a los dirigentes a actuar con “magnanimidad” y con
“generosidad”.
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Subsidio a desocupados
La Iglesia Católica “acompañará”
el proyecto que la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)
y el Frente Nacional Contra la Pobreza (FNCP) presentaron ayer para
la aplicación de un subsidio, para los jefes de hogares de
desocupados, en un intento más por erradicar “el hambre
y la miseria”. Así lo informó el titular de la
CTA, Víctor De Gennaro, al término de una reunión
de dos horas que la cúpula de esa central sindical junto
a los representantes del FNCP, mantuvieron con las autoridades del
Episcopado. De Gennaro, calificó como “muy importante”,
el encuentro con los religiosos porque según declaró
“nos permitió expresar los dos sentimientos que anidan
en nosotros”. Por su parte, el titular del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, dijo que “le
hemos pedido a los obispos que el 10 de diciembre permitan que en
todas las iglesias del país se coloquen urnas para la consulta
popular. Los obispos han afirmado que escuchan al pueblo y que lo
van a acompañar”, aseguró Verbitsky.
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OPINION
Por Washington Uranga
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No a la mediación
Al dialogar en los últimos días con distintos actores
sociales los obispos católicos, encabezados por el presidente
de la CEA, Estanislao Karlic, mantuvieron siempre la actitud de
escuchar y de acoger las preocupaciones y las demandas de cada uno
de los interlocutores, pero dejando en claro que no están
dispuestos a actuar como mediadores de la crisis que vive el país.
“La mediación es de la política”, dijo ayer
en privado una alta fuente de la Conferencia Episcopal. “Nosotros
podemos ofrecer la casa, el espacio para el diálogo”,
sostuvo con el mismo énfasis otro de los obispos que tuvo
entre sus manos la redacción del documento que dice que “no
queremos ocupar un lugar que no nos corresponde”. La última
frase puede leerse como una firme decisión episcopal para
actuar en la coyuntura como facilitadores y garantes del diálogo
entre todas las partes, pero evitando por todos los medios convertirse
ellos mismos en artífices de una construcción que
le corresponde a los actores políticos. La idea de la “casa
común” apunta a crear condiciones de diálogo
aun entre aquellos que tienen posiciones antagónicas, para
que puedan presentar sus propuestas y, entre todos, buscar los caminos
de salida. Esto supone, como es lógico, el convencimiento
episcopal acerca de que sólo se sale de la crisis a través
de soluciones consensuadas en las que todos los actores sociales
tienen que poner algo de sí mismo. ¿Cuál sería
entonces el papel de los obispos? Ayudar a “echar luz”
sobre la situación y “ofrecer su casa para que los hermanos
hablen entre sí”, tal como lo dijo el propio cardenal
Bergoglio. La jerarquía eclesiástica está dispuesta
a trabajar para que el diálogo se sostenga a pesar de las
dificultades y a jugar el papel de garante, actuando tanto como
testigo de las posiciones de cada uno de los interlocutores como
de los acuerdos a los que finalmente se pueda arribar. Tal como
lo definió el arzobispo Eduardo Mirás, “la Iglesia
va a apoyar siempre lo que signifique justicia y no hay justicia
sin equidad”. La forma de la actuación eclesiástica
todavía está en construcción, pero las novedades
podrían surgir en el correr de los próximos días,
una vez que la conducción encabezada por Karlic informe de
lo actuado y consulte a la mayoría de los obispos del país.
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