El gobernador de La Rioja, Angel Maza, mostró públicamente su interés en el destino de la causa en la que se investigan más de setecientas jubilaciones truchas de su provincia. Ayer se reunió con el juez Rodolfo Canicoba Corral e intentó, sin éxito, hacer lo mismo con el fiscal Guillermo Marijuan. En una entrevista “muy formal”, el gobernador se puso “a disposición” del magistrado pero también le manifestó su preocupación porque muchas de las 148 personas citadas a indagatoria iban a tener dificultades para trasladarse a la Capital Federal.
El comentario no es un dato menor si se tiene en cuenta que hubo una ofensiva para que el expediente quede en manos del juez riojano Enrique Chumbita. “Conforme a los montos jubilatorios percibidos no puede ser que no tengan dinero para viajar. Se va a cumplir con la ley y el que no venga va a ser trasladado con la policía”, dijo Marijuan al conocer la “inquietud” de Maza.
El jueves Canicoba Corral defendió su competencia para investigar las 747 jubilaciones bancarias de La Rioja que se usaron para comprar votos y beneficiar a funcionarios y legisladores. El magistrado utilizó argumentos similares a los que había planteado el viernes pasado el fiscal, es decir que la denuncia afecta al patrimonio del Estado nacional, que la víctima del ilícito es la Anses –Administración Nacional de la Seguridad Social– y que todos los expedientes jubilatorios eran revisados en Buenos Aires.
Los escritos de Canicoba Corral y Marijuan respondieron a una presentación realizada por el abogado Martín Dip, defensor de dos imputados, que reclamó que la causa quede en manos del juzgado federal de La Rioja. José Omar Vega Aciar, que patrocina a 60 jubilados entre los que están la ex diputada Marta Rivadera (de la línea de Eduardo Menem) que cobra 2.918 pesos desde los 43 años y el profesor de tenis de Zulemita, Pablo Romero Chacón, jubilado a los 34, hizo un planteo similar. Además, el defensor oficial federal de La Rioja, Eduardo Narbona, presentó un recurso de inhibitoria para que el juez riojano que habilitó al ex presidente Carlos Menem a candidatearse a senador reclamara el expediente. De todas formas Chumbita tendría problemas para hacerse cargo de la causa ya que dos parientes suyos están en la lista de los denunciados por la Anses.
La carta que Maza entregó a Canicoba Corral fija “la postura asumida por la provincia de La Rioja respecto del tema de las jubilaciones que son objeto de investigación”. Está dirigida al gerente normalizador del Anses, Héctor Douglas Lyall y reclama que ese organismo “realice los controles pertinentes, proceda a dar de baja del sistema a quienes hayan realizado acciones fraudulentas para la obtención del beneficio previsional y realice los trámites pertinentes para que dichas personas restituyan lo percibido al margen de la legalidad vigente”. El Gobernador reconoció que “pudieron haber existido irregularidades a nivel provincial” pero recalcó que “ha sido responsabilidad de los organismos nacionales, tanto de la ANSeS como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la realización del contralor previo de toda documentación presentada por quienes llevan adelante un trámite jubilatorio”.
Actualmente la causa volvió a la fiscalía donde peritos calígrafos trabajan doble turno para verificar las firmas de 148 personas. Además, trascendió que habría llegado al juzgado información que indicaría nuevas irregularidades en la confección de los recibos de haberes de los beneficiarios. En base a esta novedad Marijuan podría pedir una nueva ronda de indagatorias, que se sumarían a las 148 ya ordenadas por el magistrado, que comenzarán el 3 de setiembre próximo.

PIDEN SE CITE A KISSINGER EN ESTADOS UNIDOS
Un testigo por el plan Cóndor

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral firmó ayer el pedido para que el gobierno norteamericano autorice la declaración testimonial del ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger en la causa en la que investiga el Plan Cóndor. Documentos desclasificados en Estados Unidos no dejan dudas de, como mínimo, el conocimiento cabal que tenía el funcionario sobre la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur durante la década del `70.
El magistrado entregó al ministerio de Justicia el escrito en el que en base a la ley de asistencia recíproca, se solicita que un fiscal o juez estadounidense interrogue a Kissinger. Para eso, Canicoba Corral envió un cuestionario detallando las preguntas que el ex secretario de Estado debería responder. Allí se indica que, de ser necesario, el ex funcionario que recibió el premio Nobel de la Paz, tendría que ser relevado del secreto de Estado.
En un telegrama secreto enviado por el Departamento de Estado a los embajadores estadounidenses en Buenos Aires, Montevideo, Santiago, La Paz, Brasilia y Asunción, fechado en agosto de 1976, Kissinger estableció pautas políticas ante los informes de la CIA que aseguraban que “los gobiernos planean y dirigen asesinatos, dentro y fuera de los territorios de los miembros del Cóndor”. La existencia de este tipo de documentos, que fueron desclasificados por Estados Unidos, demuestra que el ex funcionario tiene información para aportar a la causa que investiga Canicoba Corral y el secretario Oscar Aguirre.
En este expediente, el magistrado ordenó las capturas internacionales de los dictadores Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner y del ex jefe de la policía secreta chilena Manuel Contreras. También reclamó las extradiciones de ex comandante del ejército uruguayo Julio César Vadora y de los represores de ese país José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida. El dictador Jorge Rafael Videla fue procesado por participar de la “asociación ilícita” que fue el Plan Cóndor y deberá ampliar su declaración la semana que viene. Antes, testimoniarán el periodista Martín Sivak y la uruguaya Belela Herrera, que fue representante del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas del Cono Sur.
El juez francés Roger Le Loire ya intentó interrogar a Kissinger en una causa abierta por los familiares de los ciudadanos franceses víctimas del Cóndor. El magistrado lo convocó a declarar mientras el hombre estaba en París, pero el ex secretario de Estado volvió a su país sin pasar por el Palacio de Justicia.

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