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 Ricardo Juan Alfredo Cossio,
ex director general de la DGI en tres oportunidades, quedó procesado
ayer al ser considerado “responsable del delito de administración
fraudulenta”, con relación a dos contratos adjudicados en
forma directa por el organismo recaudador bajo su gestión al consorcio
IBM-Banelco. La suerte de Cossio en la causa cambió a partir de
la renuncia, a principios de año, de Carlos Liporaci, con lo cual
todas sus causas recalaron en los tribunales de Gabriel Cavallo. A cinco
años de iniciada, pero sólo seis meses en su juzgado, Cavallo
dictó el procesamiento de Cossio, otros cuatro funcionarios, la
cúpula de IBM (presidente y vice) y de una decena de empresarios
ligados a firmas subcontratistas o asociados al ex director general en
una de ellas.
La resolución de Cavallo, ampliamente justificada en una minuciosa
fundamentación de más de 100 páginas, alcanza a algunos
nombres conocidos por otras causas judiciales: el ex titular y el vice
de IBM, Ricardo Martorana y Gustavo Soriani, y el creador de la empresa
informática Consad, Juan Carlos Cattáneo, que también
fue funcionario de la Secretaría General de la Presidencia como
hombre de confianza de Alberto Kohan en la administración menemista.
Todos ellos también habían sido procesados en la causa IBM-Banco
Nación, un contrato cuyas irregularidades en algunos puntos empiezan
a mostrar similitudes con los que ahora investiga y describe Cavallo en
el de IBM-DGI.
Ambos contratos fueron simultáneos, firmados en abril de 1994,
pero mientras el del Nación se firmó por una cifra de 250
millones de dólares, el suscripto con la DGI para la informatización
del sistema de cobros previsionales y distribución de fondos entre
distintos organismos llegó a los 425 millones, con una extensión
a los pocos meses por otros 88 millones.
Entre las diversas irregularidades señaladas por el magistrado,
centró el análisis y la información sobre una subcontratación
entre IBM y la empresa Segurex SA, para prestar un servicio que fue abonado
por la DGI pero que nunca se habría realizado. Lo más significativo
que destaca el juez es que Segurex pertenecía a un grupo económico
que involucra a otras cuatro empresas, en una de las cuales Cossio aparece
como accionista.
El dinero cobrado por Segurex por el servicio que facturó pero
que no prestó, unos 500 mil pesos, recorrió un curioso circuito
entre cuentas bancarias de las diversas empresas del grupo, en un mismo
día, para derivar finalmente en dos pagos al exterior a empresas
estadounidenses, presuntamente en cancelación de deudas de Sisteco,
integrante del mismo grupo.
Además del informe de un auditor de la propia DGI, citado en el
fallo, que señala que “Segurex SA no generó servicio
alguno para la puesta en marcha y/o funcionamiento” del sistema informático
de la DGI. Por otra parte, se pudo establecer que “la única
factura generada por la firma Segurex SA a una firma que no compone el
grupo económico al cual pertenece, es la emitida a IBM Argentina
SA en julio de 1994”. Las acciones de Segurex le pertenecían
a las firmas Salisbury y Cía. del Sudoeste. Las de Sisteco, a Eduardo
Mayer y Salisbury. El vicepresidente de Segurex, Horacio Pasman, era a
la vez apoderado general de Sisteco y de Atlantis, empresa esta última
que tenía como accionistas al propio Pasman y a Ricardo Cossio,
entre otros. Pasman también fue procesado por Cavallo.
El fallo también describe diversas maniobras que abren sospechas
sobre el destino de los fondos cobrados por Consad, empresa que ya quedó
cuestionada, junto a otras vinculadas, como vehículos del pago
de coimas en el caso IBM-Banco Nación. En la parte resolutiva,
el fallo dispone la citación de Domingo Cavallo (superior de Cossio
a la fecha del contrato) para que preste declaración testimonial.
Sobre Cossio, además, dispuso un embargo de 2,5 millones de pesos
sobre sus bienes personales y el impedimento para abandonar el país,
al igual que a los demás procesados.
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