Por Horacio Verbitsky

El discurso de la mano dura del gobernador de Buenos Aires Carlos Rückauf ha ido acompañado por un incremento vertical de los casos de torturas por parte de la policía y del servicio penitenciario en comisarías y cárceles provinciales. La picana eléctrica ha reaparecido e incluso se utiliza para dirimir pugnas internas, como puede apreciarse en el caso de cabo Mariano Lewicki, cuya fotografía con la herramienta maldita ilustra esta edición. El banco de datos de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que desde el año pasado lleva la Defensoría de Casación registró 602 casos de torturas en veinte departamentos judiciales que cubren todo el territorio bonaerense. Sólo 340 de ellos fueron denunciados por las víctimas ante los fiscales para que iniciaran acciones legales. Los otros 262 fueron puestos en conocimiento de los defensores oficiales bajo secreto profesional, con pedido de no formular denuncia, por temor a represalias. El informe fue entregado el 10 de julio por el Defensor de Casación Mario Coriolano a los tres poderes del Estado provincial. La masividad y extensión de las graves violaciones a derechos esenciales desmiente las explicaciones de los ministros Jorge Casanovas y Ramón Verón, quienes han minimizado el escándalo atribuyendo las denuncias al asesor de menores Carlos Eduardo Bigalli y a los camaristas de apelación y garantías Fernando Maroto y Raúl Borrino, todos ellos de San Isidro. El cuadro estadístico que acompaña la presentación de Coriolano indica que San Isidro ni siquiera es uno de los departamentos con mayor número de casos producidos, aunque sí ostenta una de las menores brechas entre casos sucedidos y denunciados. La interpretación es obvia: allí donde hay funcionarios judiciales que cumplen con su deber, los detenidos tienen menos temor de hacer valer sus derechos atropellados.
La cesación de pagos de Buenos Aires sigue curiosos criterios de selectividad. El viernes habían cobrado en pesos todos los funcionarios judiciales del departamento de San Isidro, menos los que se desempeñan en la sala de Maroto, quien fue el primero en presentar un recurso de amparo contra la reducción salarial y el intento de pagar en bonos basura, que luego se generalizó a toda la justicia provincial y derivó en la presentación del fiscal general Luis Chichizola para que se investigue el destino de “los fondos públicos por cuya inexistencia se ha legislado un estado de emergencia que suprime servicios esenciales”. Maroto, quien fue intimado por el Banco de Boston a saldar la cuota de un crédito bajo amenaza de embargo de su casa, viajó a La Plata donde presentó una denuncia penal contra el gobernador por retenerle en forma indebida su sueldo y por desobedecer la orden del juez que concedió el amparo. Como administrador del departamento judicial, Maroto también enfrenta la amenaza de la compañía eléctrica de cortar el suministro por falta de pago. Quienes velen por las garantías constitucionales quedan advertidos.

Un aparato negro

El informe de Coriolano incluye unos pocos ejemplos. Un preso en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica declinó dos propuestas de sus carceleros: fugarse, a cambio de pagar 20.000 pesos, y arrojarle petróleo y quemar vivo a otro preso. Luego de una semana de maltratos por negarse, intentaron quemarlo a él, arrojándole un colchón encendido. Varios detenidos fueron torturados con picana eléctrica en el Comando de Patrullas de Bahía Blanca. Un detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero fue torturado con golpes de palo, patadas y trompadas por una decena de guardianes. A cambio de interrumpir la paliza le ordenaron que apuñalara a otro interno. Un detenido asmático fue golpeado hasta que cayó al suelo con un ataque. .Ahora vas a ver lo que es la maldita policía. le advirtieron antes de pasarle una navaja por la cara. Un detenido en la comisaría 1ª de San Nicolás fue pateado en los genitales y la cabeza y sus dedos colocados en un “aparato negro que transmitía electricidad”. El jefe de la seccional era el comisario Rubén Claudio Gatti, quien seguía en funciones pese a haber sido condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cuatro, en noviembre de 1993, por golpear con un palo a un detenido esposado.
Otro capítulo analiza el agravamiento de las condiciones de detención, que la nueva regulación que hace más difíciles las excarcelaciones tornó “legalmente insostenible”. La cantidad de presos alojados en comisarías trepó de 2100 a 5797. Las situaciones extremas se dan en el conurbano. En La Matanza, los presos alojados triplican la capacidad de las comisarías y en Lomas de Mirador un preso duerme sentado en una silla en el baño. En González Catán hay un baño para 45 personas. De noche hacen sus necesidades en bolsas. Los detenidos conviven con chinches, cucarachas y piojos y sus familiares los visitan dentro de los propios calabozos.
El informe cuestiona la abierta obstrucción a las tareas de los defensores por parte del Servicio Penitenciario provincial, la “falta de impulso” de la gran mayoría de los fiscales intervinientes ante las denuncias y la ausencia o escasez de control por parte de los jueces Ningún tratamiento procura la reinserción social de los presos en comisarías. “Por el contrario, se está generando o profundizando en ellos un sentimiento de odio o resentimiento”.
Coriolano reclama que jueces y fiscales visiten comisarías y cárceles y eleven informes mensuales obligatorios. También solicita que comisiones departamentales integradas por un juez, un fiscal, un defensor oficial, un abogado, un legislador y un representante del Poder Ejecutivo efectúen visitas regulares pero también no programadas a los lugares de detención. A los ministros Casanovas y Verón les pide que no permitan el alojamientode detenidos por encima del cupo legal de cada sitio y no obstaculicen la tarea de los defensores.

¡Mátenlos!

Así como Coriolano ha elaborado un panorama general sobre la situación de los presos en Buenos Aires, el Asesor de Menores Bigalli trazó un cuadro desolador de las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes denunciadas por niños. El año pasado la Suprema Corte de Justicia creó un registro informatizado de denuncias, de consulta publica. El incremento de la cantidad de denuncias es indisimulable. De los 576 casos registrados por Bigalli en tres años en San Isidro, 129 ocurrieron en el primero año y medio y 447 en el segundo, es decir que casi se triplicaron.
Algo similar sucede con las muertes de niños en supuestos enfrentamientos con la policía. Según los informes que la Suprema Corte de Justicia solicitó a todos los Jueces de Menores de la provincia en 1999 cuarenta niños murieron de ese modo. El relevamiento de 2000 no ha concluido, pero según los datos extraoficiales de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) el promedio mensual se incrementó un 140 por ciento respecto de los diecisiete años anteriores. Las medidas de control que periódicamente dispone la Corte no han producido un cambio decisivo. En parte porque la actitud general de los jueces deja mucho que desear. Pero sobre todo porque el discurso violento del poder político ampara la picana y el gatillo alegre, cuyas prácticas también han ido ganando consenso en algunos sectores de la sociedad. En noviembre del año pasado un Foro Vecinal de La Plata organizó en el Centro de Oficiales Retirados del Ejército un encuentro de vecinos con autoridades policiales y fiscales. Un comerciante dijo que como la policía, los fiscales y los jueces “no tienen medios para contener a los delincuentes, lo único que hace falta acá es que los legisladores cambien las leyes y, en el caso puntual de los menores, que los metan presos, los maten o, no sé, que no entren por una puerta y salgan por la otra”.
En abril de este año el comisario de San Nicolás José Aurelio Ferrari hizo una explícita defensa de la tortura como la madre de todas las investigaciones. “En España [al sospechoso] lo cuelgan de un caño y le tiran de las bolas hasta que diga dónde puso el cuchillo, dónde el cuerpo. Tener a un tipo sentado acá, sin comer durante 24 horas, y pegarle un par de cachetadas no es tortura. La policía científica es un invento, que no resulta eficaz”. La impunidad de expresiones aberrantes de este tipo preanuncia males mayores. El sábado último, durante el Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva celebrado en La Plata, el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón recordó un episodio de su juventud. El juez con quien trabajaba llevó a un grupo de funcionarios y estudiantes a la Escuela de Policía. Un oficial les exhibió entre los instrumentos del oficio una picana eléctrica. El juez escuchó en silencio y luego desoyó el reclamo de sus colaboradores de procesarlo por apología del delito. El oficial se llamaba Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Del dicho al hecho

En el mismo Encuentro, varios jueces federales firmaron una alarmada denuncia sobre “la generalizada práctica de la tortura”. Entre ellos, Rodolfo Canicoba Corral, quien menos de una semana después condenó a ex miembros de la Policía Federal Juan Carlos Bayarri, Miguel Angel Ramírez y Carlos Alberto Benito por su participación en secuestros extorsivos, entre ellos el de Mauricio Macri. Ocurre que los tres fueron torturados para que confesaran, por lo cual fueron procesados una decena de comisarios, subcomisarios y suboficiales. En 1996 y 1998 fueron sobreseídos, pero la Cámara de Apelaciones revocó esos fallos complacientes y ordenó profundizar la investigación. Según la policía, Bayarri fue detenido en LaBoca. Pero cuatro testigos confirmaron que el arresto se produjo un día antes, en Avellaneda. Esas 24 horas fueron el lapso empleado para los apremios ilegales, confirmados por los mismos peritos policiales. Hay además tres testimonios y fotografías de Bayarri golpeado. El ex suboficial denunció lo sucedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bigalli afirma que las cárceles están pobladas de pobres y los institutos de menores por los hijos de los pobres. La determinación de las personas a criminalizar no la toma la justicia, sino la policía, condicionada por el sistema político y los medios de comunicación. “Los seleccionados son presentados a la sociedad como los únicos delincuentes y, los delitos que se les imputa, como los únicos delitos”, aunque es obvio que no lo son. Para explicar que el ejercicio del poder punitivo no procura la solución de la criminalidad “sino el control de los sectores sociales subordinados”, Bigalli reproduce un relevamiento de todas sus defensas técnicas, según la calificación legal. El 88,57 por ciento consiste en delitos contra la propiedad y no llegan al 3 por ciento, en cada caso, las tenencias de arma de guerra y los homicidios. Su conclusión es que “el Estado en actos de ostensible injusticia distributiva encarcela sólo a aquellos a quienes constantemente ha desatendido, asigna males sólo a quienes previamente les negó bienes”.
Otro capítulo del informe se refiere al inconstitucional alojamiento de niños en dependencias policiales. La persistente actividad de Bigalli, acogida por la Cámara de Apelación y Garantías llevó a la clausura de lo que el asesor califica de “jaulas pestilentes existentes en dependencias policiales” y a la inhabilitación de numerosas comisarías para el alojamiento de niños, de modo que en el Departamento Judicial de San Isidro sólo permanecen en comisarías habilitadas con exclusividad para esa finalidad y sólo hasta el momento de prestar declaración indagatoria.
Este es un punto en el que la policía coincide con los defensores de los derechos humanos. Hace dos meses, durante una reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública el secretario general, comisario inspector Raúl Marcelo Cheves, dijo que el alojamiento de niños y adolescentes en comisarías era ilegal. Agregó que los mismos agentes policiales que proceden a una detención, “muchas veces tras intercambios de disparos, peleas y/o golpes en donde se pusiera en juego la vida de ambas partes, luego son los responsables en la dependencia, de su custodia y seguridad”. Esto “vulnera los derechos y expectativas del trabajador policial” que no está capacitado para esa tarea. La custodia de detenidos lo distrae de “su misión específica hacia la comunidad, que es de seguridad y no de contención y/o penitenciaria, propicia violaciones a los derechos humanos y corrupción” y desprotege a la comunidad frente a la delincuencia, afirma el alto jefe policial.
Lo mismo afirmaron, respecto de los mayores, los jueces del Tribunal en lo Criminal nº 3 de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, Eduardo Oscar Alemano y Hugo Trogu. El tribunal dispuso que los presos no podrán permanecer más de diez días en las comisarías e intimó al Poder Ejecutivo a construir la alcaidía prevista en la ley en un plazo de dos años, bajo apercibimiento de “responsabilidad civil y penal por los daños en las personas y en las cosas que se pudieran producir en caso de incumplimiento del mandato judicial”. En el amparo declaró el entonces jefe de la policía de Mar del Plata, comisario Carmelo Impari, quien dijo que 20 por ciento del personal de comisarías estaba afectado a la custodia y traslado de detenidos, “lo que implica perjuicio serio a la seguridad urbana, pues la policía hace algo que no debe hacer y no hace lo que sí debe hacer”.

El Estado de Malestar

La transición que Bigalli describe del Estado de Bienestar al Estado de Malestar generó una crisis de legitimidad que “condujo al poder político a buscar una nueva fuente de legitimación que justifique su existencia ante la comunidad y hallaron la seguridad ciudadana”. La denominada doctrina de la seguridad omite “todo lo atinente a la seguridad económica, a la seguridad social, quedando el significado reducido a la seguridad física”. También ignora “la afectación de la seguridad física proveniente de la violencia institucional”, de modo que “la criminalidad queda reducida a los delitos callejeros, preponderantemente contra la propiedad”. Por otra reducción similar, “criminales serán apenas aquellos que por su escaso entrenamiento sólo pueden apoderarse de bienes ajenos a través de robos callejeros”. La seguridad se presenta como un tema bélico, lo cual genera fuerte apoyo político, divide a la comunidad en bandos opuestos, obstaculiza la coalición de los sectores sociales subordinados; permite el uso de medios violentos excepcionales, desacredita los discursos de respeto a los Derechos Humanos, agrega Bigalli. “Sólo un discurso autoritario puede considerar insuficiente, en términos de violencia, al ejercicio de poder mas violento fuera de la hipótesis de guerra”.

Zona liberada

Por H. V.

El 30 de marzo de 2000, un ladrón intentó asaltar la sede de la Banque Nationale de París en Barrancas de San Isidro. El cabo primero Mariano Lewicki hizo sonar la alarma desde su garita y lo persiguió. Cuando el ladrón lo atropelló con su auto, Lewicki lo reconoció: lo había visto en la comisaría 4ª, con el jefe de calle, oficial subinspector Martín Alejandro Ferreira. Ferreira llegó al banco 15 minutos después de la alarma y no tres como estaba tabulado, y anotó en el cuaderno de control que había pasado por allí una hora antes. Lewicki se lo reprochó, porque no era cierto. “Para cubrirme de la departamental”, explicó Ferreira. Hacía veinte años que no robaban un banco en la zona.
Lewicki le comunicó al comisario Jorge Pascual Avesani que sospechaba que el banco había sido entregado por Ferreira y por el encargado de calle, sargento Alejandro Castro. “Yo te quisiera ver a vos en mi lugar, tratando de conseguir todos los meses la plata para la departamental”, respondió Avesani. Dos semanas más tarde, Lewicki fue acusado de circular en un auto robado y con patentes falsas. Lewicki no lo niega, pero afirma que se lo había dado el propio Ferreira, con orden de no sacarlo de la jurisdicción y de no dar su número de celular si tenía algún problema. Ferreira y Castro le pegaron hasta que firmó un acta admitiendo el robo. Le advirtieron que si hablaba iban a matar a toda su familia y lo pasaron a disponibilidad.
Durante los dos meses de detención lo trasladaron varias veces a los tribunales de San Isidro. Para cobrar su sueldo lo llevaron esposado y con dos policías con ametralladoras a una sucursal del Banco Provincia en Martínez donde todos lo conocían. Al día siguiente la camarista Margarita Vázquez lo puso en libertad por falta de pruebas.
Las amenazas comenzaron al tercer día de su detención, cuando le apuntaron a la cabeza de su esposa. La última fue en febrero de este año: un hombre le tiró una cupé Fuego encima, le apuntó a la cabeza y le dijo que se callara. En una denuncia presentada ante el camarista de Casación Federico Domínguez Lewicki narró las torturas y las amenazas y la venta de seguridad a los comerciantes de la zona.
Ferreira redactó y el comisario Avesani firmó el acta por la cual la comisaría entregó a la familia de Lewicki una bolsa con sus “efectos personales”. La lista incluye, literalmente: “Un peluche, herramientas, una baliza, la chaqueta con las insignias y escudos, un criquet carrito color azul con una barreta, una tricolor de color azul con escudo esta policía, una capa para la lluvia, un matafuego, una navaja, un cuchillo y su gorra y una picana eléctrica”. Al recuperar la libertad, Lewicki abrió la bolsa y encontró la picana, con una leyenda que dice: “ZForce III. 100.000 v. Warning: Extreme Danger. Keep Out of Reach of Children. Use Only as Directed”. Lewicki, que entregó la picana al fiscal Hernán Collantes, afirma que no entiende “cuál es el mensaje”, pero que sabe que varios policías la siguen usando.
–¿Por qué lo dice?
–Se la vi usar a Ferreira, a Castro y al sargento primero De los Santos, que la lleva en la cintura como si nada. Ahí caía gente pesada, como el hermano de Valor. Ahora hay vía libre para el robo, pero cambió el jefe de calle y no deja usar picana. Ferreira fue trasladado luego de un incidente con la hija de un diplomático francés.
El 11 de octubre de 2000 Lewicki denunció haber visto a Ferreira y al sargento Castro golpear en la comisaría a los detenidos Daniel Becker y Cristian Libertini y a un tercero cuyo nombre ignora, en presencia del comisario Avesani. Declaró que estando como ayudante de guardia escuchó golpes en la oficina de Servicio Externo y al entrar vio al jefe y alencargado de calle “pegando trompazos en las costillas al detenido Libertini”. Avesani, que estaba en la oficina, “le pegó un trompazo al dicente y le dijo que saliera, que no tenía que estar allí”. Según Lewicki Ferreira y Avesani hicieron trasladar a varios policías que no aceptaron formar parte de la venta de seguridad a los comerciantes de la zona. “Ferreira les decía que eran unos negros cabezas de mierda”. Tres de ellos, los suboficiales Daniel Godoy, Jorge Rodríguez y Luis Quinteros lo confirmaron ante el fiscal.
La protección a los cultores de la picana se origina en la más alta jerarquía política de la provincia. El año pasado Rückauf sostuvo como jefe de policía al comisario mayor Eduardo Raúl Martínez durante cuatro meses, luego de que en esta página se demostrara con resoluciones judiciales y peritajes médicos que había estado preso por torturar con corriente eléctrica a un ciudadano alemán detenido. Recién lo pasó a retiro cuando Martínez declaró que si un policía torturara a un detenido él mismo lo fusilaría, “por la espalda”.

CASOS DE TORTURAS, POR DEPARTAMENTO JUDICIAL

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