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JOSE BARRAZA, DETENIDO DESDE EL PIQUETE DE GENERAL MOSCONI, SALTA
“No somos presos, somos rehenes”

Pese a los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos
y del colegio de abogados salteño, Barraza y dos de sus compañeros siguen en prisión desde hace más de dos meses. Un reportaje desde su celda.

El juez Cornejo detuvo a piqueteros
por �apología del delito, sedición�
e interrumpir el transporte.

Por Martín Piqué

“Libertad a los luchadores sociales”, repiten los piqueteros en cada una de sus protestas, ya sean marchas, actos o cortes de ruta. El reclamo, que aparece invariablemente en todas las consignas, revela una situación problemática para las organizaciones de desocupados: desde que los piquetes se difundieron como forma de lucha, muchos manifestantes fueron detenidos, otros cuantos fueron procesados, y las causas penales se convirtieron en una amenaza cotidiana para los que aún están libres.
El caso de Emilio Alí –preso en la cárcel de Batán– es uno de los más conocidos, aunque los incidentes de General Mosconi, y la represión de Gendarmería del 17 de junio, trasladaron la atención al norte de Salta, donde el juez federal Abel Cornejo abrió una causa penal contra los desocupados que cortaban la ruta 34. Una semana antes del enfrentamiento entre piqueteros y gendarmes que causó dos muertes, Cornejo ordenó varias detenciones bajo los cargos de “apología del delito, sedición, interrupción de los medios de comunicación y de transporte terrestre”. Entre los detenidos se encontraba José Barraza, empleado de la empresa de energía eléctrica Trasnoa, afiliado al sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y dirigente del Partido Obrero.
Según el juez Cornejo, Barraza formaba parte de un grupo “que quiso ir a tomar las vías alternativas” para impedir el paso de los transportes que no podían utilizar la ruta, y por eso fue arrestado junto a otros dos militantes, Carlos Gil y César Raineri. Actualmente, los tres siguen presos en las cárceles de Salta. Sin embargo, el controvertido proceso que los llevó a prisión fue muy criticado por el Colegio de Abogados de la provincia, que reclamó al juez Cornejo la “revisión inmediata” de lo actuado: “Manifestamos nuestra más profunda preocupación ante la decisión tomada en ese fuero de denegar la excarcelación de los nombrados, a pesar de encontrarse reunidos los requisitos legales para ello; generando con el mero voluntarismo de los jueces actuantes una situación de verdadera inseguridad jurídica, cercenando la garantía de libertad individual protegida por nuestra Constitución Nacional”, dice textualmente el comunicado del 26 de julio último.
Dos meses después de aquellos acontecimientos, Página/12 pudo entrevistar a Barraza luego de sortear varios obstáculos burocráticos impuestos por el Servicio Penitenciario Federal.
–El 5 de agosto cumplo dos meses de detención. Primero estuve en un escuadrón de Gendarmería y a los 15 días me trasladaron al Penal de Villa Las Rosas –contó a modo de presentación.
–¿Por qué lo detuvieron?
–Por pertenecer a una organización de desocupados que sólo pide trabajo y mejoras salariales, me detuvieron cuando iba a una reunión con obreros de la construcción.
–¿Cómo son las condiciones de su detención en la Penitenciaría?
–Tenemos un régimen similar al de un preso común, salvo que solicitamos aislamiento por razones de seguridad, porque nos consideramos presos políticos. A las 7 de la mañana nos dan mate cocido. De 9.30 a 11 tenemos recreo en un patio, donde vamos con Raineri y dos presos, Marcelo y Pablo, sólo los cuatro porque estamos en un pabellón de aislamiento. El almuerzo es a las 12.30, el recreo a las 13.30, y a la 19 tenemos la cena. En medio de eso, nos informamos sobre lo que pasa afuera, y yo escribo y respondo correspondencia.
–Su abogada denunció que la Gendarmería torturó a varios detenidos.
–Yo no fui torturado físicamente, pero los compañeros apresados durante el conflicto fueron brutalmente torturados. El caso más aberrante es el de un chico discapacitado (Contreras) que no podía dormir en las noches. Se la pasaba gritando: nos comentó que en el Escuadrón de Tartagal le dieron ropa nueva y zapatillas porque estaba bañado en sangre.
–El miércoles pasado, en la Plaza de Mayo, se reclamó “el desprocesamiento de los luchadores populares”. ¿Qué le pareció?
–El reclamo de todos los piqueteros del país, de las diferentes organizaciones nacionales y extranjeras que van desde las políticas, de derechos humanos, y entidades que nuclean a abogados y juristas, por nuestra libertad, y además denunciando las arbitrariedades de la Justicia salteña, no sólo que nos dan fuerzas sino que ponen al desnudo que la nuestra es una lucha justa. No somos presos, sino rehenes del Gobierno. En todo el país piden por Emilio Alí, por Castells y por nosotros.
–¿Cree usted que el gobernador Romero y el gobierno nacional tuvieron algo que ver con su detención?
–Las responsabilidades de ambos gobiernos pasan no sólo por mantenernos injustamente presos sino por la falta de atención a una tierra tan rica que sólo lucha por condiciones de vida digna. Esta responsabilidad que apunta a escarmentar al movimiento piquetero cueste lo que cueste.
–¿Qué piensa de las acusaciones de “violentos” que parten del Gobierno?
–La mayor violencia la ejerce el gobierno que reduce salarios, ajusta a los trabajadores y permite que se mueran 55 chicos por día.

 

Por Jorge Giacobbe *
Entre razones y métodos

Los piqueteros argentinos son una fenomenología cultural tan novedosa e impactante que han logrado desconcertar y confundir a los analistas más lúcidos de la política, del periodismo y de la lógica empresarial, quienes evidencian dificultades manifiestas para ubicarse respecto de ellos.
Son invitados a los programas de televisión en carácter de “rara avis”, para ser amablemente reprendidos por personas bien entrazadas y leídas, que les indican hasta dónde debería llegar la “travesura”. En algunas radios se intenta asociarlos a experiencias violentas del pasado, a líderes internacionales de izquierda, a manejos económicos espurios, etc.
En los diarios sus movimientos son reflejados con un temor que muchas veces se viste de miedo. Sin embargo, hasta hoy no se ha demostrado su participación en agresiones a bienes particulares o en hechos con armas de fuego. Algunos especialistas de la ley y también los representantes del Gobierno explican –con razón– que su metodología, cortar rutas, es un delito penado por la Constitución. Más cierto, imposible. Tan cierto como que cuando se redactó la Constitución no había 14 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza, con una tercera parte de ellos en situación de indigencia, y que en aquel tiempo se creía que el Estado debía asegurar trabajo, salud y educación a todos los habitantes del país.
También es cierto que hasta pocos años atrás las demandas sociales se canalizaban mayoritariamente por vía de partidos políticos y sindicatos. Pero ya no es así. Actuaciones infelices de unos y otros han provocado que algunos núcleos de reclamantes ya no confíen en sus eficacias. En medio del desconcierto de los más notorios opinantes, la opinión pública piensa que sus reclamos son más que justificados, pero no aprueban sus métodos. No obstante entre una comprensión y otra (razones y métodos), la población no los agrede, ni los mandaría presos, así como tampoco les provee concurrencia. Creo que buena parte del desconcierto que nos abarca se debe al brutal cachetazo que su exhibición nos provoca. No han producido violencia física ni armada, no se visten como nosotros, comen de ollas comunes, viven con monedas y aguantan. No es lo que esperábamos, no es lo que pasó antes. Me parece que lo único que no debemos hacer es negarlos, ni tratarlos como a bichos raros ajenos a nosotros. Ellos son la foto de la cara ineficaz, corrupta, evasora e injusta de la Argentina que fuimos capaces de construir y que aún toleramos. Hay que sacarlos de las rutas, pero en dirección de fábricas y empleos. Cuanto menos hay que incluirlos. El tiempo no sobra.

* Presidente de Jorge Giacobbe & Asociados. Consultores.

 

Por Alfredo Bravo *
Cosas de Crottos

El vagabundo es un andariego al que, por una caprichosa asimilación, los argentinos llamamos croto. Originariamente, este término designó al cosechero que se desplazaba gratuitamente por la inmensa geografía nacional a bordo de vagones ferroviarios de carga en busca de conchabos estacionales. Tal “prebenda” se la confería la Ley Crotto impulsada en su momento por el radical, estanciero y prominente dirigente ruralista José Camilo Crotto, quien –seguramente a su pesar– aportó su apellido para enriquecer el argot popular. Aunque existía una diferencia sustancial entre el vagabundo (persona vacía de quehaceres) y el cosechero (proletario rural), ambos necesitaban transitar libremente: el primero para mantener su identidad nómade, el segundo para asegurarse la subsistencia.
Para Crotto, como para sus cofrades terratenientes de la Argentina agroexportadora, garantizar el libre tránsito de los crotos auténticos era primordial: de ello dependía que llegaran puntuales a sus campos para recoger los frutos de la tierra. En el mismo ámbito corporativo que Crotto supo trajinar, el sábado último y durante la inauguración oficial de la muestra ganadera de Palermo, su descendiente Enrique, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, revivió aquel desvelo por el derecho a transitar cuando arengó a los presentes: No podemos aceptar en silencio que grupos de piqueteros, más allá de la posible validez de sus reclamos, corten impunemente las rutas argentinas y nada se haga para impedirlo.
Los piqueteros, se sabe, no son vagabundos. Si como ellos son personas vacías de quehaceres, se esperanzan en que esa condición sea transitoria y en que un gobierno sensible la revierta. Tampoco viajan hacia los campos sembrados, ya que hoy día la cosecha casi prescinde de la mano del hombre. Son, en cambio, seres afincados a la vera de rutas que no conducen al empleo anhelado. Por el contrario, ven en ella al lugar del territorio nacional que eligieron para permanecer y asociarse con sus iguales con el fin útil de peticionar a las autoridades que se les reconozca el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita. En fin, para hacer uso de buena parte de los derechos que reconoce el artículo 14 de la Constitución a todos los habitantes de la Nación.
Derechos similares reclaman muchos hombres y mujeres del campo cuando complican el tránsito con sus tractores y camionetas en reclamo de reivindicaciones que, por sectoriales, no dejan de ser justas. Derechos similares reclama el movimiento Mujeres en Lucha cuando impide concretar las ejecuciones judiciales de sus campos en beneficio de la usuraria banca acreedora. Derechos similares reclaman los productores que malvenden sus establecimientos al capital concentrado y se convierten en desocupados urbanos. Derechos similares reclaman los propietarios de tierras anegadas en la Cuenca del Salado ante la indiferencia de un gobierno que privilegia intereses menos urgentes. Nada de esto puede ser ajeno al entendimiento de Crotto El Joven. Sin embargo, en su arenga de la Rural parece añorar los tiempos en que Crotto El Viejo gobernaba Buenos Aires y confería al patrón y a un vecino ponderado de la localidad la facultad de sellar el destino laboral del cosechero al certificar su buena o mala conducta (Decreto Nº 3 del 7 de enero de 1920); los tiempos en que a la oligarquía le bastaban cuatro gritos para imponer su orden.
Desde esa añoranza y con tono de casta, Crotto El Joven reclama a sus colegas rurales que no acepten en silencio la acción de los piqueteros. La consigna recuerda a las que en tiempos de Crotto El Viejo se lanzaba desde los coquetos salones patricios. Por entonces, los piqueteros no existían, había –en cambio– una chusma revoltosa que en los talleres de Vassena o en los campos patagónicos de los Menéndez y de los Braun amenazaban los privilegios de los que habían hecho fortuna mirando pastar a las vacas. Había también un presidente que nada hacía para impedirlo y al que los patricios presionaron hasta que ordenó a la Policía y al Ejército quecumplieran con su deber, enigmática expresión que los uniformados develaron rápidamente como mandato para reprimir salvajemente.
Hoy, las palabras y el sentir de Crotto El Joven resultan desactualizadas. A la verdadera gente del campo, la producción de commodities desvalorizados apenas le alcanza para sobrevivir tras pagar los altos intereses de su inevitable endeudamiento. A la verdadera gente del campo no le queda privilegio por preservar que los piqueteros amenacen.
Mal orienta Crotto El Joven a quienes pretende representar si les señala a los piqueteros como enemigos. El presidente de la Sociedad Rural parece no comprender, que tanto los padeceres de los hombres de campo como la desesperación de quienes cortan las rutas en reclamo de trabajo, se originan en un modelo económico donde la especulación no deja lugar a la producción. Hoy se acusa a la dirigencia de no estar a la altura de las circunstancias. Crotto El Joven parece darle la razón a los que así piensan.

* Diputado Nacional. Partido Socialista Democrático. ARI

 

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