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AMENAZAN A UN JUEZ QUE PIDIO LA INTERVENCION FEDERAL
Buenos Aires, una provincia bomba

Un camarista solicitó la intervención federal a Buenos Aires. Poco después, un hombre entregó una amenaza mafiosa en su casa. 

La aparición de los Patacones amenaza con profundizar la crisis en Buenos Aires.
El juez Maroto denunció a Rückauf por retenerle el sueldo en forma indebida.

Por Horacio Verbitsky

Una hora y media después de presentar a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Buenos Aires el juez de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Fernando Maroto recibió un mensaje mafioso de amenaza en su domicilio. Además de denunciar e investigar las constantes denuncias por torturas en comisarías y cárceles, Maroto fue el primer juez que presentó un recurso de amparo para no cobrar con bonos basura y el único que denunció penalmente al gobernador Carlos Rückauf por retenerle en forma indebida su sueldo y por desobedecer la orden del juez que concedió el amparo.
A las 13.30 de ayer Maroto solicitó a la Cámara de Diputados la intervención federal, por lo que considera una situación de �grave crisis institucional� en la provincia. A las 15 un desconocido de alrededor de 50 años, con campera y bolso al hombro, golpeó a la puerta de su casa en San Isidro. �Su esposo y Dieguito están haciendo mucho quilombo�, le dijo a la mujer del juez. �Yo lo aprecio mucho, pero dígale que lo quieren quebrar, que van a tener un accidente y que le dejamos un regalito en Santa Clara. No lo van a ver pero lo van a escuchar�. dijo. Dieguito es Diego Magini, secretario del juzgado, y también presentó un recurso de amparo junto con los otros doce funcionarios judiciales de la sala I de la Cámara de San Isidro para no cobrar con patacones. En un descampado de Santa Clara el juez posee una quinta de fin de semana. Quebrar es la misma palabra que utilizaron un grupo de prefectos del Servicio Penitenciario Bonaerense que el 8 de julio advirtieron por carta a los camaristas Maroto, Raúl Borrino y Margarita Vázquez sobre operaciones de inteligencia para amedrentarlos.
Ese texto anónimo, enviado por �doce jefes de la jerarquía de prefecto que como usted comprenderá no tenemos otra forma de expresarnos�, contenía copia de dos cartas al gobernador enviadas por los autodenominados Prefectos Unidos del Servicio Penitenciario, con una serie de denuncias contra la conducción de la institución. Los camaristas la elevaron junto con un pedido de investigación a la Corte Suprema bonaerense. Decía textualmente: �Hemos tomado conocimiento que el Servicio de Inteligencia de esta institución con Scheffer, Núñez y Bagnasco a la cabeza han acondicionado vehículos oficiales no identificables con la finalidad de quebrarlos, puesto que Ud. los han hecho conmocionar con sus permanentes inspecciones en las cárceles�. La carta destacaba la �extraña sociedad� entre el secretario de política penitenciaria del ministerio de justicia bonaerense, Miguel Plo y la dupla que conforman el jefe del servicio penitenciario Esteban Carlos Mazante y el subjefe Lorenzo Alfredo Núñez, que regentean el SPB desde 1995. Maroto vinculó la amenaza con ese texto y también recordó que la semana pasada su mujer vio a un hombre llevarse los residuos de la puerta de su casa. La denuncia por amenazas quedó radicada ante el juez de garantías Orlando Abel Díaz.
El proyecto de intervención, que además de ingresar por mesa de entradas entregó personalmente al diputado Alfredo Bravo y a asesores de la diputada Elisa Carrió, destaca que el pago con bonos es �producto de la soberbia y la falta de un ámbito de discusión y debate� que ha llevado a la �pérdida de gobernabilidad de la provincia�, en particular del funcionamiento de la justicia, �prácticamente paralizada�. Según Maroto, la imposición del Ejecutivo es �tan ilegal como arbitraria e injusta, y coloca al Poder Judicial al borde de la quiebra material y moral�. El juez, que como encargado de la administración financiera del departamento judicial de San Isidro debe lidiar para que proveedores de servicios básicos como la luz no suspendan sus prestaciones por falta de pago, considera que Ruckauf �ha omitido u ocultado a los ciudadanos bonaerenses la gravísima situación económica financiera que afectaba a la provincia, circunstancia que acentuó más aún el efecto de esta crisis�. Luego señala la �desacertada instrumentación de los bonos�, recuerda que la Corte bonaerense invalidó por inconstitucional el decreto que pretendió crearlos e interpreta como una represalia la falta de pago del sueldo de junio y el medio aguinaldo a todos los empleados de su sala, que revelan �el espíritu autoritario, arbitrario y omisivo del Gobierno provincial en contra de la ley y la Justicia�. Finalmente sostiene que �el quebranto y la morosidad generalizada de los Jueces e integrantes del Poder Judicial se irá agravando día a día, resultando incompatible y violatorio de la garantía de independencia, como un bien sublime e irrenunciable que los Jueces deben cuidar celosamente a fin de cumplir con el sagrado mandato constitucional de afianzar la justicia�. 
(Informe: Diego Martínez)

 

LA CORTE SE DECLARO INCOMPETENTE POR EL AJUSTE
El patacón sale a la calle

El famoso patacón bonaerense comenzará a circular hoy, según los anuncios oficiales, en el marco de crecientes protestas de empleados públicos, paros docentes y numerosas causas judiciales contra el descuento salarial y el pago con bonos y hasta un pedido de intervención de la provincia interpuesto por un camarista. Por lo pronto, el juez de Garantías de La Plata, César Melazo, hizo lugar a un pedido de amparo presentado por empleados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y ordenó al Ejecutivo provincial que pague los salarios del mes de estos trabajadores sin aplicar los descuentos. En tanto, la Suprema Corte bonaerense se declaró incompetente en estas causas por considerarse involucrada y ordenó la formación de una �Corte� de conjueces y abogados para que analice y falle sobre la legitimidad del ajuste y los patacones.
La gobernación se ha preocupado por difundir la adhesión de cámaras y supermercados al patacón a los famosos bonos. Pero entre los trabajadores que deben recibir esta forma de pago se mantiene el escepticismo.
El vicegobernador Felipe Solá debió salir al cruce de las versiones periodísticas que lo mostraban enfrentado al gobernador Carlos Ruckauf y defendió la emisión de patacones como la única salida para pagar salarios y aguinaldos. Aclaró de todos modos que reformarían la ley por la situación que se les plantea a quienes recibirán más de la mitad de su salario en bonos y deben afrontar pagos de deudas en pesos.
Según la norma oficial, hasta 740 pesos se pagará en la moneda de uso corriente y a partir de esa cifra, los salarios se completarán con los patacones. El descuento se aplicará a partir de los salarios mayores de 1200 y es progresivo. Al descontento por los descuentos y el pago en patacones se sumaron también las fallas en la liquidación de los salarios que se complicó con todas estas variables, como sucedió con los docentes, que declararon un paro por 72 horas (ver página 8). 
En el plano judicial, el fallo del juez Melazo dispone que �se abone en forma inmediata e íntegra los salarios correspondientes al mes de julio�, y que en caso de que se hayan hecho los descuentos, que se pague el saldo. En sus argumentos señala que la ley fue publicada en el diario oficial el 24 de julio y que los salarios que se abonan corresponden a lo trabajado en ese mes, por lo que la ley no puede ser retroactiva.
El fallo del juez Melazo no alude a los patacones, sino a la cifra, aunque otros jueces en fallos anteriores también se habían manifestado en contra de los patacones. Las apelaciones del gobierno provincial a estos fallos ya comenzaron a llegar a la Suprema Corte bonaerense que se excusó de resolver estas presentaciones por considerarse parte afectada por el ajuste. La misma actitud asumió el Tribunal de Casación Penal bonaerense por lo que se resolvió conformar un tribunal especial integrado por nueve abogados de matrícula designados por sorteo quienes deberán resolver las acciones judiciales presentadas contra el pago con descuento y los patacones.
Los jueces de la Corte mantuvieron ayer una reunión con los ministros de Economía, Jorge Sarghini, y de Justicia, Jorge Casanovas, quienes ofrecieron un pago diferencial para jueces, fiscales y defensores oficiales�. Esta propuesta había sido adelantada por el vicegobernador Solá al afirmar que �mucha gente que cobra bastante más de 740 pesos puede tener problemas por el tipo de pagos que tiene que hacer, que son diferentes de los que pagan por servicios, supermercados, naftas o créditos en el Banco Provincia�. Los ministros propusieron a los jueces modificar la norma de manera tal que no cobraran más de la mitad de su salario en bonos. La Corte emitió un comunicado afirmando que �en relación a iniciativas tendientes a modificar exclusivamente la situación retributiva de los magistrados, se ha decidido no participar en ninguna tratativa que evidencie criterios de carácter parcial, sectorial o diferencial�.

 

MUNICIPIOS AL BORDE DEL ABISMO
Más gastos que recursos

Unas 84 comunas de la provincia de Buenos Aires, de un total de 134, más del 60 por ciento de los municipios, no tienen fondos suficientes para pagar los sueldos de sus empleados y requieren de la coparticipación, informó el Centro de Estudios Bonaerenses, un organismo privado, vinculado a la administración justicialista.
Según Dante Sica, titular del CEB, en los municipios del interior el gasto en personal excede los recursos propios en un 69,6 por ciento, mientras que en las comunas del conurbano, las erogaciones en personal superan los ingresos en un 23,5 por ciento. En el 63 por ciento de los muncipios este gasto es mayor a los recursos propios, básicamente impuestos municipales. El documento que leyó Sica señala que el peor muncipio con respecto a esta relación en el Conurbano es José C. Paz, en tanto que en el interior es General Las Heras. �Es notorio el desborde de personal que tienen los municipios del interior, donde el empleo estatal suple la ausencia de trabajo privado�.

 

 

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