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Por Cristian Alarcón
 La libertad que el pacto de San José de Costa Rica aseguraba a los cinco policías y a la parapsicóloga que hace siete meses fueron condenados por el crimen de Sebastián Bordón podría terminar en los próximos días. Con penas de entre 10 y 15 años, los agentes y la mujer permanecen en libertad a pesar de estar sentenciados porque hasta el momento no había una condena firme. Ayer, la Suprema Corte de Mendoza confirmó el fallo y con ello los abogados de la familia Bordón, Diego Lavado y Carlos Varela, quedaron habilitados para pedir la prisión efectiva del grupo al tribunal que lo juzgó en San Rafael durante más de tres meses.
Desde el 24 de agosto de 2000 y hasta el 14 de diciembre, el ex comisario Hugo Trentini, los ex agentes Daniel Gómez, Roberto Gualpa y Alberto Cubillos, el ex cabo Esteban Merelo y la parapsicóloga Amanda Ledesma fueron sometidos al juicio oral en el que finalmente fueron declarados culpables. Como habían sido detenidos por orden del juez Waldo Yacante a los dos meses del crimen, todos pasaron tres años en prisión con lo cual, tras presentar pedidos de libertad ante los magistrados, todos habían obtenido el beneficio de la libertad estipulado por la ya anulada ley el dos por uno, que adhería a los preceptos del Pacto de San José de Costa Rica.
El tratado internacional estipula que ningún detenido puede pasar más de tres años sin sentencia firme. En el caso de los policías y la curandera, el tribunal de San Rafael les había otorgado el beneficio y luego, al condenarlos, continuó con esa tesitura: hasta que no se confirmara el fallo, o sea hasta que no respondiera la Corte provincial a las apelaciones presentadas por los acusados, no volverían a la cárcel. Ahora, dos de los tres miembros del más alto tribunal mendocino consideraron que el fallo fue correcto y que no existieron irregularidades que posibiliten la nulidad del proceso. Los jueces no sólo respondieron con un rechazo a los abogados de los policías sino también a la opinión del propio procurador de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Rodolfo González.
González, el mismo procurador que se negó a pedir que se siguiera investigando en los tribunales internacionales las desapariciones en democracia de los jóvenes Guardatti, Garrido y Baigorria, se despachó con el pedido de nulidad el 20 de julio pasado. Su postura fue la misma que la de los abogados de la policía: que �no resulta del todo probable que los policías del móvil 739 se hayan encontrado con Sebastián Bordón el día en que el chico se perdió� y que el proceso estuvo lleno de irregularidades.
El cuerpo del chico de Moreno apareció tirado en un barranco del paraje El Nihuil después de diez días de haber permanecido desaparecido. Sebastián había sufrido una serie de ataques de pánico que culminaron en un brote psicótico cuando estaba al cuidado de un agente en el destacamento de esa localidad. De allí es que se escapó. Los jueces de San Rafael consideraron que los agentes Gualpa, Cubillos y Gómez encontraron al muchacho y, como se resistió, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, para luego ocultar su cuerpo. En el juicio también quedó probado que Bordón murió porque nunca recibió atención médica.
Ahora, los jueces de la Suprema Corte, Hernán Salvini y Jorge Nanclares, coincidieron en rechazar las presentaciones de los policías y la parapsicóloga. En disidencia votó el juez Carlos Bohm. En el dictamen de 147 fojas, la Corte sostiene que el tribunal de San Rafael que los juzgó �ha valorado las pruebas (legítimamente incorporadas a la causa) en forma expresa, lógica y razonada�. Sobre los cuestionamientos sostienen que �resultan ser ataques construidos sobre la única base de meras afirmaciones y el desarrollo de razonamientos propuestos como simples divergencias de la labor intelectual� de los magistrados. Una y otra vez los jueces Salvini y Nanclares sostienen que las quejas de los abogados aparecen basados en �afirmaciones subjetivas� y en �divergencias valorativas�, pero que en ningún caso se puede cuestionar la validez delas pruebas y la concatenación lógica de los indicios en la que se basó la condena por el crimen que hizo temblar a la policía mendocina.
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