DOCENTES MAYORES deberian CEDER uno u otro INGRESO
Ser profesor o ser jubilado 

Un decreto fijó que no se puede cobrar un cargo público y una jubilación. Pero Educación aseguró ayer que se exceptuará a los docentes.

Las manifestaciones contra el ajuste seguirán esta semana. Hoy en Salta; mañana en Buenos Aires; pasado en Córdoba.

Por Javier Lorca

Son los profesores más prestigiosos de las universidades: mayores y ya jubilados, por su valor académico fueron recontratados o nombrados profesores eméritos y consultos para que pudieran seguir dando clases. Pero, como parte del ajuste oficial, ellos tendrían que renunciar a su cargo docente o a su jubilación. Tanto los gremios como los rectores reclamaron al Ministerio de Educación que no se incluya a los docentes entre los afectados por el nuevo decreto que determina la incompatibilidad de percibir salarios públicos y jubilaciones. El ministro Andrés Delich se comprometió a buscar una solución y, ayer, sus voceros aseguraron a Página/12 que �está por salir un decreto de excepción�.
Dentro de la batería de normas que integran el ajuste, el decreto 894 determina que no se puede cobrar una jubilación (sea del monto que sea) y a la vez cobrar un sueldo por trabajar en la Administración Pública Nacional (sea la categoría que sea). Las personas que están en esa situación, deberán optar entre percibir una u otra remuneración.
En el ámbito universitario, hay numerosos profesores en esa situación. Según los diversos estatutos de las casas de estudios, cuando alcanzan la edad jubilatoria (65 años), los profesores cesan en sus funciones regulares. Pero, cuando se los quiere mantener en actividad por su capacidad o trayectoria, las universidades los recontratan o los premian nombrándolos consultos o eméritos. En esas condiciones, pueden seguir enseñando, investigando y dando clases. En la mayoría de los casos, ésas son las personas que se verían afectadas por el actual decreto de ajuste. �Tendrían que renunciar y, en el mejor de los casos, aceptar un nombramiento ad honorem. Y, en esa situación, nadie podría garantizar que van a poder seguir dando clases �se comentó desde el Rectorado de la UBA-. Perderíamos grandes profesores por poca plata, por 600 o 700 pesos. No estamos hablando de sueldos de privilegio.�
�Es una norma totalmente contraria a la excelencia académica que persiguen las universidades. Se trata de profesores que han conseguido sus cargos por sus propios méritos �reclamó José Luis Molina, titular de la Conadu �Histórica�� y no pueden quitárselos con una medida arbitraria.� Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), el secretario gremial, Daniel Ricci, apuntó: �Los profesores de más de 65 años están en plena producción académica y científica. Que tengan que renunciar sería una gran pérdida para la universidad�. También el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunció en contra del decreto. Y hasta el propio secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi, admitió a este diario que �sería deseable que esta medida no afectase a los docentes universitarios�. 
Amparándose en su autonomía, las universidades podrían desoír la letra del decreto. Pero el problema no se disolvería. �Si los consejos superiores deciden que el decreto no alcanza a las universidades, y le dicen a los docentes que no es necesario optar, la Anses los puede dar de baja de sus jubilaciones igual, por su cuenta�, se comentó desde el Rectorado de la UBA. 
Para no abrir otro frente de conflicto además del generado por la poda salarial, una comisión integrada por miembros del CIN y del Ministerio de Educación acordó buscar una solución. Ayer se informó desde la cartera educativa que Delich ya preparó un decreto para exceptuar a los docentes universitarios. �El decreto está bajo estudio de la Secretaría Legal y Técnica y va a salir en los próximos días�, dijo un vocero. De acuerdo con otras fuentes consultadas por Página/12, la excepción regiría para los profesores que dan clases.

DISCAPACITADOS EN LA UNIVERSIDAD
Para integrar a todos

Ayer fue presentado un proyecto para modificar la Ley de Educación Superior. El objetivo es que las universidades les garanticen a las personas con alguna discapacidad el acceso físico y el apoyo técnico y académico necesario para estudiar, 
La propuesta de la diputada Liliana Lissi (UCR-Santa Fe) postula que en el artículo 2º de la ley 24.521 conste que el Estado, además de cumplir con su �responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público�, debe garantizar �la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios para las personas con discapacidad�. También postula modificar el artículo 28 para que los profesionales, docentes e investigadores reciban formación para atender �en particular las necesidades de las personas con discapacidad�. Además, propone que las universidades promuevan �en las carreras de grado la capacitación sobre la problemática de la discapacidad�. 
Lissi sostuvo que �no se trata de darles a las personas con discapacidad permiso para integrarse, sino de reconocerles el derecho a hacerlo, para lo cual es fundamental brindarles las oportunidades necesarias. Una de esas oportunidades esenciales es, justamente, a la educación�. El proyecto fue consensuado con el Ministerio de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). 

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