Fue aplaudido con el entusiasmo de siempre en un salón del Sheraton, colmado como no estuvo en las anteriores convenciones anuales de la Cámara Argentina de la Construcción. Roberto Rocca aprovechó esta tribuna para animar a los empresarios, desafiándolos a reconstruir la cadena de pagos para que Argentina rompa el perverso círculo recesivo en que quedó atrapada. Presumiblemente sin buscarlo, el líder de Techint coincidió con un diagnóstico que Domingo Cavallo repitió hasta el cansancio en las primeras semanas de su gestión: la actual crisis no es sólo económica sino anímica. Fernando de la Rúa se esmeró con la poco creíble promesa de que el ajuste en marcha no afectará a la inversión en infraestructura.
“No es la crisis de un país sin rumbo sino la crisis de un país productivo”, arremetió Rocca, quien instó a sus colegas a “no bajar el espíritu”. Tres meses después de haber perdido a su hijo Agostino en un accidente aéreo, la recomendación del hombre que construyó uno de los grupos económicos locales, sonó aún más sincera.
“¿Cómo se reactiva el consumo?”, se preguntó desde el estrado el empresario, virtual preámbulo para formular algunas recomendaciones. Además de mantener activa la cadena de pagos, intentar que no mueran las pymes (responsables del 80 por ciento del empleo nacional, según recordó) y subcontratar a empresas nacionales con un criterio de “solidaridad”. El “gran factor distorsivo” es el costo financiero que, a juicio de Rocca transforma a las empresas extranjeras en competidoras desleales de las argentinas, condenadas al crédito caro o inaccesible.
Minutos después, Fernando de la Rúa utilizó el mismo micrófono para estimular el ánimo de los constructores. “El recorte no pasará por la infraestructura”, aseguró, en alusión a un eventual recorte en las obras públicas, algo que, sin embargo, es inevitable a la hora de instrumentar la política de déficit cero. Lo que se acabó es el Estado del derroche y del despilfarro”, prometió el Presidente, recordando que, en la última década, el fisco aumentó “exponencialmente” su nivel de gastos, a pesar de haber perdido funciones.
También intentó sembrar optimismo respecto al futuro del Programa de Infraestructura, que Chrystian Colombo había puesto en duda el día anterior. Según De la Rúa, antes de fin de año comenzarán a licitarse las primeras obras en base al sistema inglés, por el cual el Estado comenzará a repagar el emprendimiento recién cuando concluya: los recursos son desembolsados por las constructoras que, a su vez, utilizarían préstamos bancarios.
Casi desautorizando a Bastos, quien el lunes anunció en la apertura de la Convención Anual un relanzamiento del Plan de Infraestructura, Colombo advirtió poco después que, aún en el caso de existir el imprescindible financiamiento bancario, el Estado no estaba en condiciones técnicas de encarar esas licitaciones, ya que no había podido evaluar los proyectos, abriendo más incertidumbre acerca de aquella iniciativa.
Hace exactamente un año, en la Convención Anual del 2000, el entonces ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, había presentado ante un auditorio un poco menos poblado el Plan de Infraestructura como la gran salvación del sector. Esa grandilocuente propuesta involucraría más de 25.000 millones de pesos, entre obras públicas costeadas por el sistema tradicional y las financiadas a través del sistema inglés. Doce meses después, la propuesta no tiene aún principio de ejecución y la crisis financiera la transforma casi en una utopía.
En este contexto, la ya remanida iniciativa oficial de firmar un plan de competitividad sonó para los empresarios apenas como un gesto de buena voluntad pero de eficacia dudosa para rescatar a un sector que viene derrumbándose. La iniciativa, anunciada por Patricia Bullrich, de que trabajadores y empresarios fiscalicen en forma conjunta el cumplimiento de normas de seguridad e higiene sonó como una medida totalmente ajena. Los empresarios admiten que desde que comenzó la actual recesión, en la actividad se perdieron más de 150 mil puestos de trabajo.

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