Por José Natanson

En un nueva jornada de mercados alterados, el Gobierno insistió con la idea, a esta altura un tanto repetida, de seguir dando señales. En la reunión de Gabinete, los ministros analizaron las denominadas “reformas estructurales”, que incluyen recortes en el PAMI y lo que Patricia Bullrich denominó una “propuesta integral para un cambio de modelo en la Anses”. Además, los funcionarios hablaron sobre las podas que se vienen implementando en Justicia, mejoras en la AFIP y una megaauditoría, con operativos sorpresa, para detectar ñoquis. En síntesis, muestras de la voluntad ahorrativa del Gobierno a la espera de que el FMI libere de una buena vez la ayuda para la Argentina.
“Sabemos que los préstamos van a llegar, es sólo cuestión de tiempo”, explicaba un ministro después de la reunión de Gabinete. “Pero hay que entender que las cosas se demoren: el Gobierno se comprometió a una serie de reformas estructurales, como la reforma previsional y la desregulación del sistema de salud, en las que después se dio marcha atrás. Es lógico que estén quisquillosos”, agregaba.
La táctica del Gobierno no es demasiado imaginativa y consiste básicamente en seguir emitiendo gestos en el sentido de que el déficit cero se mantendrá a rajatabla. Ya dos semanas atrás, luego de que se anunciara la idea del salvataje internacional, dos importantes funcionarios de la Rosada habían anticipado a Página/12 que la presión de los organismos de crédito apuntaría al PAMI y la Anses.
El lunes, mientras la mitad del equipo económico continuaba negociando en Washington, George W. Bush dijo que la Casa Blanca instaba a la Argentina a que “instrumente sus medidas”. Al mismo tiempo, el Gobierno anunciaba rebajas en los gastos del PAMI y la Anses. Lo de ayer fue una continuación. En la reunión de Gabinete, los funcionarios conversaron sobre varios temas, siempre unidos por el denominador común del recorte.
El primero fue el PAMI, donde la idea es apurar la “segunda etapa” de la reforma. Según explicó el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, la primera parte consistió en recortes vinculados a la transparencia y en la renegociación general con las empresas prestatarias, lo que derivó en un ahorro de 400 millones de pesos. El plan elaborado por la intervención apunta a bajar del 15 al 8 por ciento el gasto administrativo, y que esos recursos no vayan al Tesoro sino directamente a mejorar los servicios de la obra social.
El otro gran tema fue la Anses. Su interventor, Douglas Lyall, había estimado en 800 millones las pérdidas anuales por “beneficios otorgados en forma irregular y jubilaciones de privilegio”. Por eso se avanzará en un control masivo, para el que se incorporó nuevo software, y se buscará sancionar una ley que le dé respaldo jurídico a la operación. En el encuentro, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, anunció que en la próxima reunión expondrá un plan para “reconvertir” el organismo. Según dijo la funcionario, el objetivo general es ahorrar “el 25 por ciento del gasto actual”, unos 40 millones al año.
El resto del encuentro también giró alrededor de los recortes. El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, anunció que dispuso la eliminación de los sobresueldos de los funcionarios políticos y la reducción de los incentivos. De acuerdo a su informe, la cartera pasó de un presupuesto de 126 millones en 1999 a 84 millones para este año. En cuanto a la AFIP, se pondrá en marcha un plan de simplificación tributaria, incentivos y bancarización de la recaudación. Finalmente, Colombo informó que la Sigen realizará un operativo antiñoquis, con controles masivos y operativos sorpresas.
Tanto énfasis en los recortes produjo todo tipo de versiones. El vocero del Gobierno, Juan Pablo Baylac, rechazó la posibilidad de que se encaren privatizaciones. Poco después, la Anses salía a desmentir un rumor que hablaba de una lista de 3 mil despidos. También, la intervención delPAMI emitía un comunicado para desmentir “en forma categórica la circulación de listas de despidos masivos”. Sin embargo, una fuente que sigue el tema de cerca admitía que, aunque no se prevén despidos masivos, podría encararse una “racionalización” del personal contratado en la obra social. La fuente añadía un ejemplo: la obra social de los mercantiles atiende a un millón de personas con mil trabajadores. El PAMI, a 3 millones y medio con 11 mil empleados.
En cualquier caso, los ministros salieron un poco deprimidos luego de tanto hablar de la tijera. “Es desagradable, porque muchos recortes implican paralización de proyectos o problemas de funcionamiento, pero es lo que hay que hacer”, admitía un funcionario que participó de la reunión.

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