Por Victoria Ginzberg

El gobierno de Fernando de la Rúa confirmó que Argentina es un lugar seguro para los violadores de derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó ayer formalmente los pedidos de extradición de Alfredo Astiz realizados por Francia e Italia y el represor quedó en libertad. El Poder Ejecutivo intentó dejar un resquicio para que pueda actuar la Justicia y realizó una denuncia para que se investigue la participación del ex marino en la apropiación de la hija de la desaparecida Susana Pegoraro, caso que ya estaba a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
Ayer por la tarde Astiz fue trasladado desde las dependencias de la Prefectura Naval en Zárate, donde estaba detenido, a los tribunales de Comodoro Py. Allí supo que el Gobierno se opuso a su extradición y por lo tanto, recuperó su libertad. Estaba en prisión desde el primero de julio, cuando se entregó en el Departamento Central de Policía luego de que Servini de Cubría ordenara su arresto a pedido de Italia.
El juez romano Claudio Tortora y el fiscal Claudio Caporale reclamaron la captura de “El Angel Rubio” por las desapariciones de Angela María Aieta, madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo, y Juan y Susana Pegoraro. Cuando el represor estuvo tras las rejas, la justicia francesa reiteró el pedido que había hecho en 1990, cuando el ex marino fue condenado en ausencia por el asesinato de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
El Gobierno respondió a ambos países con una defensa al principio de territorialidad y con en el argumento de que los hechos que se le atribuyen al ex marino ya fueron juzgados. En realidad, “El Cuervo” nunca fue condenado en el país por los crímenes cometidos durante la última dictadura porque fue beneficiado por la ley de Obediencia Debida, sólo recibió una sanción menor por “apología del delito”. El escrito también menciona que en el Convenio de Extradición con Italia figura que el reclamo no será concedido “si el delito hubiera sido cometido en territorio de la Parte requerida” (en este caso Argentina). Todo esto no impedirá que Italia juzgue en ausencia al represor argentino junto con su máximo jefe Emilio Eduardo Massera y otros cuatro compañeros de la ESMA.
El papel oficial fue remitido por Cancillería, pero las áreas de Justicia y Defensa también intervinieron en su elaboración. De hecho, la respuesta a Francia e Italia no fue firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, sino por su par de Defensa, Horacio Jaunarena.
El Gobierno ya se había pronunciado contundentemente a favor de la territorialidad cuando Alemania pidió colaboración en el juicio por los desaparecidos que está llevando adelante la fiscalía de Nüremberg. La Cancillería aseguró que ese principio “ha sido adoptado en el ordenamiento interno. Ello implica que las autoridades judiciales argentinas son las competentes para pronunciarse respecto de los delitos cometidos en su territorio”. Fue la primera vez que el Gobierno aliancista dejó de lado la ambigüedad que había utilizado al desestimar las órdenes de detenciones contra los 48 militares ordenadas por el juez español Baltasar Garzón.
Astiz podría volver a prisión si fuera involucrado formalmente en el delito de robo de bebés, no amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Como en el pedido de extradición proveniente de Roma se incluía el caso de Susana Pegoraro, que dio a luz en la maternidad clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el Gobierno pidió que se investigue la participación del represor en ese hecho. Pero Servini de Cubría tiene abierto desde hace tiempo un expediente por el robo de la hija de Pegoraro –que se supone es la joven que fue anotada como Evelyn Vázquez– y hasta ahora no involucró como responsable al hombre que en 1998 se definió como “el mejor preparado para matar a un político o a un periodista”. Desde Cancillería aseguraron que esperan que”los datos que aportó Italia sumen elementos en la causa vinculada al secuestro de bebés”.
Los diputados del ARI Marcela Bordenave y Jorge Rivas repudiaron la decisión del Gobierno. “Debe interpretarse como un gesto de protección a los que han sido responsables del asesinato de toda una generación y mentores de un modelo de país que hoy estamos sufriendo”, aseguró Bordenave.
“La eventual remisión de una orden de custodia cautelar seguramente será simbólica, visto el probable ‘embarazo’ de parte del gobierno argentino a conceder una extradición y, sin embrago, esa medida parece justa, necesaria y debida, frente a los crímenes despiadados atribuibles” a Astiz, afirmó el fiscal Caporale al reclamar la detención. El hombre se equivocó al creer que el represor no sería arrestado. Pero no sobre el “embarazo” de los funcionarios de Fernando de la Rúa.

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