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Por Raúl
Kollmann
 A uno le dicen “El correntino”
y el otro tiene apellido italiano. Uno es comisario inspector y el otro
comisario, ambos retirados de la Policía Bonaerense. De acuerdo
con fuentes de la investigación, estos dos hombres están
detrás del inmenso plan de robo de naftas que fracasó el
lunes cuando el combustible –obtenido pinchando un gigantesco ducto
de RepsolYPF– se derramó en las napas de un barrio de Lanús
Este. Se necesitó una compleja obra técnica y de ingeniería
para hacer el corte en el ducto, lo que señala la muy probable
participación de alguna persona en el interior de Repsol-YPF: se
debe saber exactamente por dónde pasa el caño y los horarios
en los que no hay bombeo para hacer el corte e instalar un gigantesco
aparato que incluye la válvula para robar la nafta. Todo se había
hecho en forma muy reciente, pero ya estaban preparándose los vehículos,
con aspecto de camiones de mudanza, para sacar la nafta del galpón
donde se hacía la maniobra. Se trata de un negocio millonario en
el que también tendrían participación ex militares
carapintadas que dominan la distribución de la nafta trucha.
En verdad, los comisarios que aparecen detrás del robo ya estuvieron
involucrados en una gigantesca maniobra similar que se descubrió
cuando, en los años 90, se produjo una tremenda explosión
en Sarandí. Varios oficiales de la Bonaerense estuvieron detenidos
y lo propio ocurrió con un personaje político de envergadura,
el Chicho Basile, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Florencio
Varela en épocas en que el intendente fue Julio Carpinetti.
Anoche, los investigadores centraban su investigación en el galpón
adonde desembocaba la pinchadura tras recorrer el combustible una especie
de túnel de desvío de unos 30 metros. “Toda una obra
de ingeniería”, sostuvo el comisario Fernando Montechiari,
convocado por los vecinos por el intenso olor a nafta. Evidentemente se
necesita una inversión importante para hacer semejante obra clandestina,
pero los beneficios no son pocos: la posibilidad está en robar
unos 100.000 litros de combustible, que no se venden al precio oficial
de más de un peso, pero colocándolo a 0,75, son nada menos
que 75.000 pesos cada vez que se concreta un desvío del combustible.
Y como es obvio, la estructura sirve para robar durante semanas, meses
e incluso años.
En verdad, aunque se centren en el galpón, los investigadores sólo
podrán comprobar que el contrato de alquiler es irregular y el
dueño del lugar dirá que las personas que se lo alquilaron
usaron documentos falsos. Por lo tanto, no podrá decir nada de
los inquilinos que hicieron semejante obra. Es el mismo método
que se usó cuando los boqueteros hicieron el túnel en el
famoso robo al Banco de Crédito Argentino: no se podía detectar
al que alquiló el lugar porque, supuestamente, usó un documento
robado.
La obra realizada para pinchar el ducto requeriría de la complicidad
de alguien de Repsol-YPF, tal como lo reconoció anoche a este diario
una fuente de la pesquisa. En primer lugar, porque es un trabajo muy sofisticado,
que requiere de un instrumental más que especial. En segundo lugar,
porque hay que saber exactamente por dónde pasa el ducto y, por
último, es imprescindible conocer los horarios en los que fluyen
los combustibles, porque hay que elegir un momento en que no se transporte
nada para hacer la pinchadura. Incluso para perpetrar el robo de la nafta
es necesario conocer los horarios, porque se trata de un poliducto, en
el que a unas horas pasa nafta super, a otra hora nafta común y
en otro horario, gasoil. Como es obvio, la nafta súper vale mucho
más que el gasoil y eso es lo que interesa robar. Según
lo que pudo averiguar este diario, la estructura montada por los delincuentes
era muy reciente e incluso se creen que sólo obtuvieron unos bidones
de combustible porque estaban en período de prueba. Toda la construcción
se hizo sacando los escombros en bolsas de polietileno que eran llevadas
en camiones similares a los usados para el transporte de alimentos. La
gran puesta en marcha del negocio estaba preparada: para sacar miles de
litros de combustible se arreglan camiones que adentro tienen tanques
y por afuera parecen ser de una mudadora o simulan transportar containers.
Según parece, esos camiones ya estaban listos y a las órdenes
de la banda de los comisarios.
La presencia de policías bonaerenses en las mafias del combustible
viene de lejos y siempre estuvo relacionada con la Zona Sur. Todo parte
del llamado Puerto Piojo, en Dock Sud, donde estuvieron y aún están
las destilerías y depósitos de las petroleras. Los comisarios
hicieron fortunas, antes de la privatización de YPF, cuando el
descontrol era total, porque se robaban camiones enteros de combustible
y había que pagarle peaje a los uniformados. También hubo
especialización en mezclar kerosene blanco con un colorante para
que pareciera nafta súper, kerosene y gasoil para aumentar la cantidad
de combustible, solvente con nafta y otras tácticas de robo y fraude.
Hubo detenciones de policías en Sarandí, Gerli, Villa Caraza
y otras localidades del sur del conurbano donde se hacían las pinchaduras
o se encontraba nafta robada en depósitos. Según pudo averiguar
anoche este diario, detrás de la gigantesca maniobra de Lanús
Este había dos comisarios retirados, ambos muy conocidos por su
participación en operaciones similares. El combustible iba a ser
llevado a un depósito en la zona de Ezeiza, cerca del Camino de
Cintura, en el que se lo mezclaría con naftas compradas oficialmente.
O sea que un distribuidor que, por ejemplo, recibe de Repsol-YPF 100.000
litros de nafta iba a vender, bajo cuerda, 150.000 o 200.000 litros.
Porque allí está la otra punta del negocio: poner en el
circuito los combustibles robados. En ese negocio actuarían ex
militares carapintadas conectados con una serie de bocas de expendio como
determinadas estaciones de servicio, distribuidoras e incluso envíos
de combustible al Paraguay donde, también se conectan con militares
de ese país.
Los vecinos de Lacarra y Bolaños, en Gerli, Lanús Este,
hicieron naufragar toda la operación cuando denunciaron el olor
a nafta. En la misma tarde del lunes se evacuó a todos los que
vivían a diez cuadras a la redonda, pero a la noche, hombres de
la Bonaerense les informaron que el vertido de nafta en las napas no revestía
ningún peligro. A decir verdad, los vecinos de Lanús Este
sí iban a correr un gran peligro: en cuanto la banda de los comisarios
pusiera en movimiento la maquinaria –en los próximos días–
el riesgo de una explosión iba a estar multiplicado. Son decenas
de miles de litros de combustible manejados en forma clandestina y emanando
gases muy peligrosos. Ya protagonizaron una explosión en Sarandí
y bien podía ocurrir otra en Gerli.
PIDEN
EL JUICIO ORAL PARA SEIS POLICIAS
Dinero para no proceder
Un fiscal de La Matanza pidió
el juicio oral para seis policías acusados de integrar una banda
que extorsionaba al dueño de una bailanta, al que le exigían
dinero para dejarlo trabajar y no realizarle procedimientos arbitrarios
en su boliche. El fiscal Claudio Polero solicitó que se juzgara
a los seis uniformados por el delito de asociación ilícita,
y a cuatro de ellos, además, por tentativa de extorsión.
Los policías acusados de los dos delitos son: Miguel Angel Bernal,
de la Departamental La Matanza; Alberto Bernal, de Narcotráfico;
Juan Carlos Vera, de la Delegación de Investigaciones y Daniel
Martínez, de la comisaría de Isidro Casanova. En tanto el
comisario Eduardo Camarda, de Isidro Casanova, y Oscar Gómez, de
Narcotráfico sólo están acusados de asociación
ilícita. Todos estos policías están en libertad,
aunque los procesados por tentativa de extorsión se encuentran
sujetos a un régimen de prisión preventiva especial, tras
haber estado presos hasta diciembre pasado.
La causa se inició el 30 de julio del año pasado a partir
de una cámara oculta del programa televisivo “Telenoche Investiga”,
que filmó a cuatro de los policías cuando le exigían
dinero al dueño de una bailanta de Isidro Casanova, a cambio de
no hacerle procedimientos que desprestigiaran la imagen de ese local.
En ese momento el empresario, con la grabación en la mano, realizó
la denuncia ante el fiscal Claudio Polero. El 1 de agosto del mismo año
los policías sospechados fueron convocados a la fiscalía,
donde fueron notificados del arresto. El fiscal, tras exigirles las armas
reglamentarias, ordenó que fueran encerrados en la alcaidía
de los tribunales locales, aunque tiempo después recuperaron la
libertad.
Además de las cámaras ocultas para pedir la prisión
preventiva de los acusados, la fiscalía había contado con
el relato de tres testigos de identidad reservada. De acuerdo con la denuncia,
el dueño de la bailanta comenzó a ser extorsionado en marzo
del año pasado. A fines de agosto, y tras la detención de
los agentes acusados, la jefatura de la policía bonaerense decidió
relevar de su cargo al por entonces jefe de la Delegación de Investigaciones
de La Matanza, comisario inspector Ferrucio de Laurentis, y al jefe de
Narcocriminalidad, comisario inspector Claudio Reynoso. En tanto, los
policías acusados fueron pasados a disponibilidad y sumariados
internamente.
Por el delito de asociación ilícita los acusados podrían
afrontar penas de tres a diez años de cárcel, mientras que
por la tentativa de extorsión, penas de entre dos años y
medio y siete años y medio. El pedido de la fiscalía deberá
ser resuelto por el Juzgado de Garantías 2 a cargo de Raúl
Alí. Lo único que podría demorar la llegada del caso
a juicio oral es que la defensa de los acusados plantee el sobreseimiento
de los policías o alguna otra excepción a la solicitud del
fiscal, cosa que hasta ayer no ocurrió.
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