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Un millón de dólares para resolver un antiguo crimen

Marta Trabuchi fue asesinada en Ushuaia en 1990. Once años después,
su madre, Elsa Mingorance, ofrece un millón a quien tenga datos que permitan resolverlo antes de la prescripción.

Elsa Mingorance está
segura de que alguien vio algo.
Su ex pareja estuvo preso tres años
por el crimen, pero fue liberado.

Por Cristian Alarcón

A la empresaria Marta Trabuchi la estrangularon hace más de once años, la noche de un sábado, en su cálida casa de Ushuaia, cuando el sol casi permanente del verano fueguino desmentía la hora. Por esa esquina, la de San Martín y Piedrabuena, esa noche pasó mucha gente: a tres cuadras está el shopping de la ciudad, propiedad de su familia, donde funcionaba una disco de moda. Su familia cree que alguien tiene que haber visto a los asesinos cuando entraban o cuando escapaban del lugar. Trabuchi, de 35 años, madre de tres chicos, apareció en su cama con la cabeza destrozada por el golpe de un velador con el que sus asesinos intentaron aparentar un crimen pasional después de haberla ahorcado. Ahora, a sólo cinco meses de que la causa en la que se investiga la muerte prescriba definitivamente, su madre, Elsa Mingorance, ofrece un millón de dólares como recompensa para la persona que el día de reyes de 1990 vio algo que puede esclarecer el crimen más misterioso de la ciudad más austral del mundo.
Un millón de dólares, y no de pesos, en medio de la crisis parece una cifra de película. Mucho más si se trata de un asesinato en el fin de la Patagonia que no llegó a ocupar gran centimetraje mediático. Pero se trata de un asesinato particular, ocurrido en el seno de la burguesía fueguina, y según Gregorio Dalbón, el abogado de los Trabuchi, como corolario de una trama conflictiva entre dos familias de reconocidos apellidos y trayectoria. Una de ellas, la de la víctima, decidió después de que la causa pasó por seis jueces diferentes, cuatro fiscales y diez años de irregularidades y pesquisas deficientes, usar el último recurso del que los dota su condición de clase: el dinero. Con el millón en juego imaginan que será posible quebrar el silencio de los testigos que no fueron hallados por la justicia y la policía durante una década. Y de alguna manera revertir la oscuridad en la que el caso quedó sumido después de una lista de irregularidades que llevaron a los Trabuchi a denunciar ante el Consejo de la Magistratura al ex juez y actual jefe de Fiscales de Ushuaia, Carlos Bassanetti y al actual juez del caso, Leandro Alvarez.
“Yo estaba en Buenos Aires, había venido con mis nietos –recuerda Elsa Mingorance, la madre de Marta, una mujer que continúa manejando los negocios de la familia a los setenta años–. Ella quería venir pero prefirió esperar unos días. La encontraron el domingo a las cinco de la tarde”. El día anterior, minutos después de las diez, un vecino había visto a Marta cuando compraba un yogurt en un almacén cercano a su casa. Nadie, excepto quienes la mataron, volvió a verla con vida. Esa noche tan clara alguien entró a su casa sin forzar la cerradura de la puerta. “En principio está claro que dejó entrar al asesino porque era alguien de confianza y que no quisieron robarla ya que en la cómoda del cuarto había tarjetas y dinero”, sostiene Dalbón. Fue justamente alguien del círculo íntimo de los Trabuchi, Bernardo Sajnovic, ex concubino de Elsa Mingorance, quien estuvo tres años y medio preso por el crimen. Pero el empresario, quien en enero de 1990 se “estaba separando” de Mingorance después de 20 años de relación, quedó en libertad absuelto por falta de pruebas.
Además de Elsa Mingorance y sus tres hijos, Sajnovic y los tres suyos también participaban de la empresa. Una de ellas, Mónica Sajnovic, es investigada en la causa por el homicidio que se reabrió a pedido de la familia en junio del dos mil. “Conseguimos que a través de la aplicación de un fallo plenario, el del caso Mollo-Guerino, que a pesar de que exista una causa con cosa juzgada y un procesado que ya fue absuelto, se pueda abrir una nueva para investigar a los sospechosos que no tuvieron sentencia”. Pero los indicios tampoco alcanzan para que Mónica Sajnovic sea procesada. El fiscal solicitó que se le tomara declaración indagatoria a la mujer pero el juez Alvarez rechazó el pedido. “Si no aparece un testigo que aporte más elementos es imposible conseguir resultados antes de que la causa prescriba”, dice Dalbón, mientras espera que el teléfono de su estudio, el 4812-4097 suene en respuesta a la recompensa divulgadacon solicitadas en varios medios. El abogado y Elsa Mingorance están seguros de que uno de esos llamados será el que esperan desde el luminoso seis de enero del noventa.

 

OPINION
Por Pedro Luis Cazes Camarero *

Salvar al hospital Posadas

El Hospital Posadas es enorme: su mole de ladrillos se divisa desde kilómetros de distancia, su predio ocupa muchas hectáreas, sus trabajadores somos dos mil setecientos, y su área de influencia en el conurbano abarca a cuatro millones de personas. La deuda del Hospital con los proveedores también es enorme: quince millones de pesos. Es difícil evaluar en dinero el trabajo que realiza el Hospital Posadas, porque sus casi quinientas camas son el refugio final frente a la desesperación cuando ya no queda ninguna otra salida. Los pacientes más graves y complicados son atendidos por nuestros trabajadores.
Los problemas sociales más intrincados del oeste del Gran Buenos Aires buscan salida en nuestro Hospital, a pesar de la carencia creciente de recursos: en las oficinas de PAMI que funcionan en el Hospital Posadas cuelgan unas largas nóminas de análisis clínicos que no pueden realizarse porque el Laboratorio no tiene reactivos. Las fechas para operaciones planificadas se dilatan por meses. La Farmacia compra los remedios en partidas ridículamente pequeñas, lo cual es inevitable si se quieren evitar los faltantes pero obliga a pagar precios mucho más elevados que lo usual.
El Hospital Posadas se encuentra parcialmente en jurisdicción de la Nación y en parte en la de la Provincia de Buenos Aires, pero depende básicamente de la primera. Es precisamente el Ministerio de Salud de la Nación quien ha sumido al Hospital en la más grave crisis desde el regreso de la democracia. La “Comisión Normalizadora” designada por el Ministerio de Salud hace más de 18 meses, lejos de normalizar, desencadenó una carencia extrema de insumos básicos que pone en grave peligro la continuidad del funcionamiento del Hospital: su ejército de “asesores” de sueldos opulentos y su falta de transparencia en la asignación de recursos resulta particularmente irritante en momentos de asfixia financiera. La semana pasada, la mencionada Comisión decidió aplicar el famoso “recorte” salarial sobre una masa de sueldos que no lo había sufrido ni de parte de la Nación ni de la Provincia. Se generó un masivo repudio y asambleas de ATE y de la Asociación de Profesionales exigieron el cese de la Comisión.
Durante cuatro días el empeño de los trabajadores mantuvo el funcionamiento hospitalario. El viernes pasado el personal jerárquico del Hospital expresó al Subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Dr. Néstor Pérez Baliño, que la presencia de la Comisión Normalizadora es incompatible con un funcionamiento normal del Hospital. La respuesta del Ministerio fue una denuncia penal contra ATE y la Asociación de Profesionales.
A las 8:30 del quinto día, la Policía Federal irrumpió por los corredores del Hospital Posadas, lanzando gases lacrimógenos y balas de goma. Cuatro personas fueron golpeadas y otras cuatro heridas por los perdigones. Sin embargo, la agresión no consiguió intimidar a los trabajadores y luego de varias horas, el juez interviniente ordenó su repliegue para permitir que se abriese una instancia de negociación.
Es necesario insistir en que el Hospital Posadas no se halla tomado, que la circulación de los pacientes, familiares y trabajadores es normal, y que el personal se encuentra en Asamblea Permanente. La prioridad absoluta que tenemos los trabajadores de la Salud del Hospital Posadas es mantener a pleno el funcionamiento del mismo, frente a quienes desean aprovechar la situación de conflicto y asfixia económica deliberadamente provocados para desmantelar el Hospital Público gratuito y reemplazarlo por el “subsidio de la demanda” y otras prácticas recomendadas por el fundamentalismo neoliberal, destinadas a convertir a la Salud Pública en el nuevo gran negocio.
Adhesiones a: [email protected]

* Farmacéutico.

 

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