Por Cristian Alarcón
A la empresaria Marta Trabuchi
la estrangularon hace más de once años, la noche de un sábado,
en su cálida casa de Ushuaia, cuando el sol casi permanente del
verano fueguino desmentía la hora. Por esa esquina, la de San Martín
y Piedrabuena, esa noche pasó mucha gente: a tres cuadras está
el shopping de la ciudad, propiedad de su familia, donde funcionaba una
disco de moda. Su familia cree que alguien tiene que haber visto a los
asesinos cuando entraban o cuando escapaban del lugar. Trabuchi, de 35
años, madre de tres chicos, apareció en su cama con la cabeza
destrozada por el golpe de un velador con el que sus asesinos intentaron
aparentar un crimen pasional después de haberla ahorcado. Ahora,
a sólo cinco meses de que la causa en la que se investiga la muerte
prescriba definitivamente, su madre, Elsa Mingorance, ofrece un millón
de dólares como recompensa para la persona que el día de
reyes de 1990 vio algo que puede esclarecer el crimen más misterioso
de la ciudad más austral del mundo.
Un millón de dólares, y no de pesos, en medio de la crisis
parece una cifra de película. Mucho más si se trata de un
asesinato en el fin de la Patagonia que no llegó a ocupar gran
centimetraje mediático. Pero se trata de un asesinato particular,
ocurrido en el seno de la burguesía fueguina, y según Gregorio
Dalbón, el abogado de los Trabuchi, como corolario de una trama
conflictiva entre dos familias de reconocidos apellidos y trayectoria.
Una de ellas, la de la víctima, decidió después de
que la causa pasó por seis jueces diferentes, cuatro fiscales y
diez años de irregularidades y pesquisas deficientes, usar el último
recurso del que los dota su condición de clase: el dinero. Con
el millón en juego imaginan que será posible quebrar el
silencio de los testigos que no fueron hallados por la justicia y la policía
durante una década. Y de alguna manera revertir la oscuridad en
la que el caso quedó sumido después de una lista de irregularidades
que llevaron a los Trabuchi a denunciar ante el Consejo de la Magistratura
al ex juez y actual jefe de Fiscales de Ushuaia, Carlos Bassanetti y al
actual juez del caso, Leandro Alvarez.
Yo estaba en Buenos Aires, había venido con mis nietos recuerda
Elsa Mingorance, la madre de Marta, una mujer que continúa manejando
los negocios de la familia a los setenta años. Ella quería
venir pero prefirió esperar unos días. La encontraron el
domingo a las cinco de la tarde. El día anterior, minutos
después de las diez, un vecino había visto a Marta cuando
compraba un yogurt en un almacén cercano a su casa. Nadie, excepto
quienes la mataron, volvió a verla con vida. Esa noche tan clara
alguien entró a su casa sin forzar la cerradura de la puerta. En
principio está claro que dejó entrar al asesino porque era
alguien de confianza y que no quisieron robarla ya que en la cómoda
del cuarto había tarjetas y dinero, sostiene Dalbón.
Fue justamente alguien del círculo íntimo de los Trabuchi,
Bernardo Sajnovic, ex concubino de Elsa Mingorance, quien estuvo tres
años y medio preso por el crimen. Pero el empresario, quien en
enero de 1990 se estaba separando de Mingorance después
de 20 años de relación, quedó en libertad absuelto
por falta de pruebas.
Además de Elsa Mingorance y sus tres hijos, Sajnovic y los tres
suyos también participaban de la empresa. Una de ellas, Mónica
Sajnovic, es investigada en la causa por el homicidio que se reabrió
a pedido de la familia en junio del dos mil. Conseguimos que a través
de la aplicación de un fallo plenario, el del caso Mollo-Guerino,
que a pesar de que exista una causa con cosa juzgada y un procesado que
ya fue absuelto, se pueda abrir una nueva para investigar a los sospechosos
que no tuvieron sentencia. Pero los indicios tampoco alcanzan para
que Mónica Sajnovic sea procesada. El fiscal solicitó que
se le tomara declaración indagatoria a la mujer pero el juez Alvarez
rechazó el pedido. Si no aparece un testigo que aporte más
elementos es imposible conseguir resultados antes de que la causa prescriba,
dice Dalbón, mientras espera que el teléfono de su estudio,
el 4812-4097 suene en respuesta a la recompensa divulgadacon solicitadas
en varios medios. El abogado y Elsa Mingorance están seguros de
que uno de esos llamados será el que esperan desde el luminoso
seis de enero del noventa.
OPINION
Por Pedro Luis Cazes Camarero *
|
Salvar al hospital
Posadas
El Hospital Posadas es enorme: su mole de ladrillos se divisa desde
kilómetros de distancia, su predio ocupa muchas hectáreas,
sus trabajadores somos dos mil setecientos, y su área de
influencia en el conurbano abarca a cuatro millones de personas.
La deuda del Hospital con los proveedores también es enorme:
quince millones de pesos. Es difícil evaluar en dinero el
trabajo que realiza el Hospital Posadas, porque sus casi quinientas
camas son el refugio final frente a la desesperación cuando
ya no queda ninguna otra salida. Los pacientes más graves
y complicados son atendidos por nuestros trabajadores.
Los problemas sociales más intrincados del oeste del Gran
Buenos Aires buscan salida en nuestro Hospital, a pesar de la carencia
creciente de recursos: en las oficinas de PAMI que funcionan en
el Hospital Posadas cuelgan unas largas nóminas de análisis
clínicos que no pueden realizarse porque el Laboratorio no
tiene reactivos. Las fechas para operaciones planificadas se dilatan
por meses. La Farmacia compra los remedios en partidas ridículamente
pequeñas, lo cual es inevitable si se quieren evitar los
faltantes pero obliga a pagar precios mucho más elevados
que lo usual.
El Hospital Posadas se encuentra parcialmente en jurisdicción
de la Nación y en parte en la de la Provincia de Buenos Aires,
pero depende básicamente de la primera. Es precisamente el
Ministerio de Salud de la Nación quien ha sumido al Hospital
en la más grave crisis desde el regreso de la democracia.
La Comisión Normalizadora designada por el Ministerio
de Salud hace más de 18 meses, lejos de normalizar, desencadenó
una carencia extrema de insumos básicos que pone en grave
peligro la continuidad del funcionamiento del Hospital: su ejército
de asesores de sueldos opulentos y su falta de transparencia
en la asignación de recursos resulta particularmente irritante
en momentos de asfixia financiera. La semana pasada, la mencionada
Comisión decidió aplicar el famoso recorte
salarial sobre una masa de sueldos que no lo había sufrido
ni de parte de la Nación ni de la Provincia. Se generó
un masivo repudio y asambleas de ATE y de la Asociación de
Profesionales exigieron el cese de la Comisión.
Durante cuatro días el empeño de los trabajadores
mantuvo el funcionamiento hospitalario. El viernes pasado el personal
jerárquico del Hospital expresó al Subsecretario de
Atención Primaria de la Salud, Dr. Néstor Pérez
Baliño, que la presencia de la Comisión Normalizadora
es incompatible con un funcionamiento normal del Hospital. La respuesta
del Ministerio fue una denuncia penal contra ATE y la Asociación
de Profesionales.
A las 8:30 del quinto día, la Policía Federal irrumpió
por los corredores del Hospital Posadas, lanzando gases lacrimógenos
y balas de goma. Cuatro personas fueron golpeadas y otras cuatro
heridas por los perdigones. Sin embargo, la agresión no consiguió
intimidar a los trabajadores y luego de varias horas, el juez interviniente
ordenó su repliegue para permitir que se abriese una instancia
de negociación.
Es necesario insistir en que el Hospital Posadas no se halla tomado,
que la circulación de los pacientes, familiares y trabajadores
es normal, y que el personal se encuentra en Asamblea Permanente.
La prioridad absoluta que tenemos los trabajadores de la Salud del
Hospital Posadas es mantener a pleno el funcionamiento del mismo,
frente a quienes desean aprovechar la situación de conflicto
y asfixia económica deliberadamente provocados para desmantelar
el Hospital Público gratuito y reemplazarlo por el subsidio
de la demanda y otras prácticas recomendadas por el
fundamentalismo neoliberal, destinadas a convertir a la Salud Pública
en el nuevo gran negocio.
Adhesiones a: [email protected]
* Farmacéutico.
|
|