Por Susana Viau

Ayer a las ocho de la noche comenzaron a ponerse en marcha las órdenes de detención impartidas por el juez federal Claudio Bonadío contra el ex almirante Emilio Massera, el ex capitán de navío Jorge Acosta, el ex capitán de corbeta Francis Williams Whamond, el teniente de fragata Jorge Radice y los tenientes de navío Juan Carlos Rolón y Alejandro Spinelli. Los ex integrantes de grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada son buscados por los cargos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y desapoderamiento de bienes del empresario mendocino Victorio Cerutti, del abogado Conrado Gómez y el contador Horacio Palma. La medida afecta al escribano Antonio Dardano, quien legalizó el traspaso de las propiedades a testaferros de Massera. Bonadío ha solicitado, asimismo, el desafuero de la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, quien tal como reveló Página/12 en calidad de adscripta a la escribanía en cuestión, ofició de síndico suplente y síndico titular de las sociedades constituidas por los marinos para transferir campos y caballos de carrera de sus víctimas. Casi todos los entonces jóvenes oficiales fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y no habían sido citados jamás a prestar declaración ante la Justicia.
La denuncia fue formulada en el marco de la causa que Bonadío instruyó contra Alfredo Astiz por las revulsivas declaraciones formuladas a la periodista Gabriela Cerutti en la revista Trespuntos. La Cámara Federal, entendiendo que se apartaba de los hechos investigados, ordenó su desglose. Tras el sorteo, la nueva causa quedó a cargo del ex juez Gustavo Literas. La renuncia de Literas hizo retornar el expediente a manos de Bonadío, quien actúa ahora como subrogante. Los sucesos investigados datan de hace 25 años pero, para el desapoderamiento, del mismo modo que para la apropiación de niños, no rige la prescripción. Pese a que Massera –igual que Acosta– se encuentra ya detenido, Bonadío ordenó el allanamiento del departamento del ex almirante para verificar si, en verdad, el estado de salud del marino justifica el mantenimiento del régimen de prisión domiciliaria.
En enero de 1977, el anciano Victorio Cerutti, el abogado Gómez y el contador Palma fueron secuestrados en tres operativos casi simultáneos llevados a cabo en una casona de Chacras de Coria (una zona residencial de Mendoza), en un departamento de la avenida Santa Fe y en una vivienda de Hurlingham. Cerutti y Palma habían formado la sociedad Cerro Largo, propietaria y administradora de 25 valiosas hectáreas de Chacras Coria que pensaban parcelar para edificar un barrio privado. Gómez era el abogado de la sociedad. Trasladados a la ESMA, Conrado Gómez fue despojado de su automóvil, de su dinero y de sus caballos de carrera (una afición que cultivaba el ex almirante); Victorio Cerutti fue obligado a firmar la falsa venta de las tierras de Chacras de Coria valuadas en más de 12 millones de dólares y su traspaso a una nueva sociedad, Will-Ri. A la cabeza de Will-Ri, los operativos de la ESMA colocaron al hijo de un conocido escribano de la provincia, Manuel Campoy. La integraban también los inexistentes Federico Williams (falsa identidad que ocultaba a Francis Whamond) y Héctor Ríos (el nombre de la sociedad era el apócope de los apellidos). El escribano que certificó la documentación en Buenos Aires era el ya fallecido Ariel Sosa Moliné, quien intervino también en las alternativas de la desaparición de Fernando Branca. Como síndico suplente de Will-Ri figuraba la adscripta de la escribanía, Emilia Marta García, hermana de Graciela García, secuestrada en la ESMA y miembro del Mini Staff, es decir de los prisioneros que se habían convertido en incondicionales de la oficialidad. Del equipo de amanuenses de Sosa Moliné formaba parte, asimismo, el escribano Antonio Dardano. Tiempo después, Will-ri simuló la venta de las tierras a los testaferros de quien estaba detrás de operación de despojo: Pedro Añón, apoderado del engendro con que el caudillo de la Marina preparaba su desembarco en la política, el Partido de la Democracia Social y Carlos y Eduardo Massera, hermano e hijo respectivamente del ex almirante. A partir de 1983 se simularon nuevas transferencias de las tierras a sociedades formadas por militantes de Guardia de Hierro, un grupo devenido en funcional al masserismo.
Junto a las órdenes de detención, Bonadío solicitó al Consejo de la Magistratura el desafuero que permita indagar a García y preguntó si pesaba sobre ella alguna denuncia. De acuerdo a fuentes próximas a la causa, el Consejo de la Magistratura respondió no haber recibido ningún pedido de jury que involucrara a la jueza. Sin embargo, a este diario le consta que la participación de Emilia Marta García en aquellos trágicos sucesos fue ratificada por testigos en una sesión pública del Consejo.

EX REPRESENTANTE DEL ACNUR EN CHILE DECLARO POR EL PLAN CONDOR
Más pruebas de la represión conjunta

Por Adriana Meyer

“Quedó de manifiesto el grado de coordinación que tenían las fuerzas represivas”, aseguró ayer María Herrera Sanguinetti, la ex representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en Chile. La mujer declaró ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la causa en la que se investigan los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas en el marco del Plan Cóndor y en la referida a la práctica sistemática de sustracción de menores durante la dictadura. Y se refirió a casos de chicos y adultos secuestrados y desaparecidos. Por otra parte, el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla será indagado el viernes en la investigación sobre el Plan Cóndor, acusado de torturas, homicidio y desaparición forzada de personas. Está procesado por asociación ilícita en ese proceso en el que también fueron imputados Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner. El dictador ya cumple arresto domiciliario por el robo sistemático de los hijos de los desaparecidos.
En 1976 María Herrera Sanguinetti era la representante de la oficina del ACNUR en Santiago de Chile. En 1979 recibió una carta de Andre Jacques, representante de una ONG parisina, que le explicaba el hallazgo de los chicos Anatole y Eva Julien Grisonas en una plaza de Valparaíso. Los menores, de nacionalidad uruguaya, habían desaparecido en San Martín, provincia de Buenos Aires, junto a sus padres Roger y Victoria, y fueron llevados al centro clandestino Orletti. “Me pareció descabellado que chicos uruguayos desaparecieran en Argentina y aparecieran en Chile”, comentó la testigo. Tras la verificación de que vivían en Valparaíso contactó un abogado que investigó el caso. Convocaron a la abuela María Angélica Cáceres de Julien, que residía en Montevideo. Los chicos habían sido adoptados de buena fe por el matrimonio Larabeity Yáñez, que confirmó que Anatole, de cuatro años, y Eva, de sólo uno, fueron dejados por una tal “tía Mónica” en esa plaza el 26 de diciembre de 1976, tres meses después de su secuestro. Estaban tomados de la mano, esperando los dulces que “Mónica” les había prometido. Los investigadores suponen que podrían haber entrado a Chile por la colonia Dignidad.
“Los chicos pudieron pasar de un país a otro sin que se les requiriera documentación ni que se registrara su entrada al territorio chileno ni su salida de Argentina, y esto evidencia el grado de coordinación que tenían las fuerzas represivas” en los países integrantes del Cóndor, explicó Herrera Sanguinetti. La testigo aportó copias de artículos periodísticos de la época que reflejan la historia de los hermanos Julien Grisonas, y fotografías con sus padres adoptivos. Anatole y Eva habrían presenciado el asesinato de sus padres biológicos. Llevan adelante un proceso en la justicia en lo contencioso administrativo para cobrar la indemnización correspondiente a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Cuando fue interrogada en el marco del expediente sobre el Plan Cóndor, en el que se investiga la desaparición forzada de personas como delito permanente, Herrera Sanguinetti relató que la chilena Gladys Carreño Araya se presentó en las oficinas del ACNUR en Buenos Aires pidiendo refugio porque sentía que la estaban siguiendo de cerca. Había viajado a Europa para realizar denuncias por violaciones a los derechos humanos y hacía pocos días que estaba de regreso. Como no tenía la documentación que acreditara su nacionalidad, la encargada no le otorgó el asilo. Pocas horas después fue secuestrada y permanece desaparecida. Su hermana Dora Carreño Araya es querellante en la causa y el abogado que la representa, Alberto Pedroncini, consideró de gran valor el testimonio de la ex funcionaria del ACNUR.
Durante las audiencias de ayer estuvo presente por primera vez el abogado de Videla, Víctor Guerrero Leconte. El defensor, y ex integrante de la Cámara Federal durante la dictadura, no formuló ninguna pregunta.

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