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Por Eduardo Tagliaferro
 “A principios de la semana
que viene llegará la respuesta sobre la presunta existencia de
cuentas en Suiza a nombre del ex presidente Carlos Menem”, confió
a Página/12 Paul Seger, consejero de la embajada suiza en Argentina.
El consejero señaló que su país “tiene la firme
decisión de que la plaza financiera sea limpia y esta voluntad
sólo es creíble si se combate el delito”. Distendido,
frontal, pero sin perder la diplomacia, el consejero insistió en
recordar que la voluntad es similar al empeño con que se buscaron
depósitos secretos a nombre de Raúl Salinas de Gortari,
hermano de Carlos, el ex presidente de México; de Vladimiro Montesinos,
el monje negro de Alberto Fujimori, y de Ferdinando Marcos, el eterno
dictador de Filipinas. “No hay secretos bancarios si un juez investiga
un delito”, concluye.
La colaboración suiza se ratificó en el mismo momento que
la Justicia norteamericana envío toda la información que
posee sobre los movimientos de la cuenta Daforel en el MTB Bank of New
York (ver página 9). En este caso, tanto los norteamericanos como
los suizos ratificaron con hechos su voluntad de combatir prácticas
que pueden rondar el lavado de dinero. El consejero fue claro y precisó
que su país sólo brinda información en caso que lo
demande una investigación judicial. Tal como sucedió en
el caso de los exhortos enviados por los jueces Gabriel Cavallo, Jorge
Urso y María Romilda Servini de Cubría.
“Si la urgencia lo acredita, un fiscal puede preventivamente reclamar
medidas cautelares, tal como sucedió en este caso, y como lo define
el artículo 18 de ley sobre la Asistencia Penal Internacional.
Pero obtener respuestas sobre la probable existencia de cuentas, solo
es posible mediante exhortos de un juez”, asegura Serger.
El consejero aclara que luego de la reforma legal instrumentada en el
año ’98, “no hay en Suiza cuentas anónimas”.
Las entidades bancarias tienen la obligación de saber quién
es el titular de cada cuenta, ya sea que estén a nombre de alguna
empresa o se trate de depósitos numerados. “Aunque los mayores
controles comenzaron a regir en el ’98, al momento de tener que responder
sobre quiénes son dueños reales de las cuentas, la ley tiene
algunos efectos retroactivos”, comenta el consejero para explicar
que si los datos están en su país, serán entregados
a los jueces argentinos.
Aunque parezca redundante, el comentario no lo es, ya que los bancos sólo
brindan información sobre las entidades con sede física
en Suiza. Las casas matrices no informan sobre las sucursales radicadas
en otros puntos del globo. La aclaración es pertinente y en este
punto puede entenderse alguna respuesta negativa a los exhortos judiciales.
Se desprende de la información que brinda el consejero suizo que
Urso debería remitir a las casas matrices de los bancos suizos,
el listado de países en los que tienen sucursales. Aún así,
si las leyes vigentes en algunos paraísos fiscales no contemplaran
abrir el secreto bancario, las entidades suizas no harán lugar
a la demanda del magistrado que investiga la venta ilegal de armas.
Otro elemento que Seger se encargó de precisar es que las figuras
delictivas que motivaron los exhortos de los jueces federales deben ser
punibles en ambos países. Aquí aclara que para la Justicia
suiza hay dos grandes delitos federales: casos de narcotráfico
y tráfico de armas. El delito de lavado es contemplado en tanto
y cuanto se relacione con estos delitos.
Así es que una de las figuras procesales que no aparece contemplada
para los tribunales helvéticos es la de enriquecimiento ilícito.
Esto podría llevar a que el exhorto enviado por el juez Cavallo
reclamando información sobre presuntas cuentas que pertenecerían
a Alberto Kohan sean desestimados.
“Fuimos el primer país en reaccionar a los reclamos de la
justicia argentina, esperemos que los demás países lo hagan
de la misma manera”, dice Seger a este diario. Claro que no tarda
en reaccionar diciendo que las respuestas “son rápidas pero
ajustadas al derecho internacional”. La misma actitud es la que lo
indujo a colaborar en el viaje a Berna de los diputados integrantes de
la comisión sobre lavado de dinero: Elisa Carrió, Gustavo
Gutiérrez y Graciela Ocaña. La embajada facilitó
la entrevista de los legisladores con el procurador general, Valentín
Roschacher, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Deiss.
Laurent Kasper-Ansermet, ex fiscal y hoy juez de Ginebra, investigó
e incautó 3 millones de dólares al traficante sirio Monzer
Al Kassar, por el contrabando de armas polacas con destino a las fuerzas
croatas involucradas en la guerra separatista de Los Balcanes.
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El juez Cavallo,
sin certezas
El juez federal Gabriel Cavallo dijo no tener “ninguna certeza”
sobre la existencia de presuntas cuentas en el exterior, aunque
admitió que libró un exhorto para determinar si el
ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan posee los
activos denunciados por la legisladora Elisa Carrió. “Lo
que he hecho yo, en particular –no sé lo que han hecho
otros colegas–, es librar exhortos diplomáticos para
que se verifiquen si, verdaderamente, esas cuentas existen, en cuyo
caso se bloquean, pero no tenemos ninguna certeza aún de
que esto sea así”, explicó. Cavallo dijo que
de Carrió sólo recibió “el testimonio
que hizo en una declaración ante (el fiscal Carlos) Stornelli”.
“Dejó una documentación que tiene que ver supuestamente
con extractos de bancos extranjeros de gente que está implicada
en distintas causas del fuero.” En ese sentido, el magistrado
señaló que en el marco de las investigaciones sobre
un presunto enriquecimiento ilícito de Kohan, “se están
librando exhortos en IBM-DGI y en la causa del Banco Mayo”.
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OPINION
Por Patricio Echegaray *
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Saben lo que hacen
Ante la persistencia de un rumbo que ha sumergido al país
en la peor crisis de su historia, no faltan quienes afirman que
el Gobierno no sabe lo que hace, es débil o ha extraviado
el rumbo. Nada más lejos de la verdad, la pobreza extrema
de millones de argentinos es un objetivo buscado con premeditación
y alevosía como el camino de salvación del capitalismo
argentino. Llegado al punto en que se encuentra, desde hace meses,
una perversa combinación de recesión en camino de
convertirse en depresión, en déficit fiscal inducido
por la deuda externa y de virtual default.
La Alianza, el Partido Justicialista y el cavallismo unidos en el
Gobierno han optado por garantizar antes que nada la cuota de hiperganancias
que obtienen los grupos económicos que concentran y dominan
lo principal de nuestra economía. Y lo están logrando.
En el primer semestre de este año, simultáneamente
con el estallido de pobreza que sufrimos, Repsol-YPF ha facturado
por 4200 millones de dólares, ha ganado 1306 millones –una
cuota de ganancia del 30 por ciento– que luego de descontar
impuestos resultan unos 836 millones, unos 75 más que en
el primer semestre del 2000. Bajando los salarios estatales, “todo
lo que sea necesario” como ha dicho el banquero Colombo, se
empujan para abajo todos los salarios, se deprime aún más
el consumo y se alienta la esperanza de que así bajarán
las importaciones y terminarán equilibrando las cuentas.
El déficit cero es técnicamente tan posible como lo
era la “pacificación” para los genocidas. No tienen
límites. Cuanta más pobreza, más riqueza concentrada
para los poderosos y más compensaciones para quienes se la
facilitan. Cuanto menos consumo, más cerca de que les cierren
las cuentas. Así como Videla aspiraba a la “paz de los
cementerios”, De la Rúa busca salir de la crisis poniendo
una bota de gendarme sobre la cabeza de los pobres.
El único límite para ellos es la lucha popular, en
ella se deposita la esperanza de pan, trabajo y democracia para
el pueblo, pero para que se haga efectiva y asuma perspectivas de
triunfo todas las fuerzas de izquierda (políticas, sociales,
culturales) deben superar diferencias secundarias y construir una
alternativa política verdadera al gobierno, al modelo y al
sistema; para dar más fuerza a la lucha de estos días
y disputar la representación política de los de abajo.
Porque hay otro camino al de De la Rúa, el FMI y Bush, el
de la redistribución de la riqueza y la soberanía
nacional.
* Legislador de Izquierda Unida.
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