La recaudación de agosto “todavía no se puede estimar, porque estamos dependiendo mucho de lo que pase en los mercados”, se excusó ayer el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Héctor Rodríguez. “La Argentina está siendo atacada por especuladores que serán derrotados y cuando ellos pierdan, yo voy a tener más recaudación”, agregó. Así, Rodríguez empezó a abrir el paraguas frente al temporal que se desatará cuando se conozca oficialmente que la recaudación de agosto siguió derrumbándose. Una fuente de primera línea del organismo dio una versión más precisa: la recaudación de “los primeros 10 días hábiles fue horrible”, aseguró. Sólo el impuesto a las transacciones financieras tuvo una buena performance, gracias a la suba de la alícuota al 0,6 por ciento.
Héctor Rodríguez fue funcionario de la DGI durante más de 20 años. Y, por lo tanto, conoce a la perfección cómo funciona la dinámica de la recaudación de impuestos. Que, pese a ese conocimiento, no haya logrado reducir la evasión es otro tema.
Rodríguez está convencido de que, con las actuales tasas de interés, cobrar impuestos es casi una utopía. Hace dos semanas, cuando anunció la pobre recaudación de julio, explicó que a estas tasas las empresas prefieren “financiarse” contra el fisco, porque los punitorios de la DGI (3 por ciento mensual) son más baratos que el 65 por ciento anual en pesos que le exigen los bancos a empresas de primera línea. Ni qué hablar de la diferencia con las tasas de interés bancarias disponibles para PyMEs, siempre por créditos en dólares.
Hoy está más seguro que nunca que, mientras esta situación se mantenga, la recaudación seguirá en el tobogán. Además, en privado, reconoce que el Gobierno está metido en un círculo vicioso: mientras las cuentas fiscales no mejoren el riesgo país (o sea, la tasa de interés) se mantendrá alto, pero es imposible que la situación fiscal mejores con semejante recesión y tasas de interés.
Para colmo, según evalúan los tributaristas, el anuncio de Domingo Cavallo de la semana pasada, de abrir la posibilidad a las empresas de pagar sus impuestos con bonos de la deuda pública, no hizo más que empeorar las cosas. “Muchas empresas demoraron la liquidación de sus impuestos al fisco, porque especulan pagar con bonos puede llegar a ser más beneficioso, pero todavía están analizando cómo se reglamentará”, dicen los expertos.
Los números, que en reserva manejan en Economía y la AFIP, confirman esta idea. Aunque ciertamente todavía son pocos los días hábiles del mes transcurridos, los resultados preliminares son “muy malos”. La única excepción es el impuesto a las cuentas corrientes, cuya facturación aumentó notablemente al elevarse la alícuota de 0,4 al 0,6 por ciento.
Rodríguez ayer, en conferencia de prensa, prefirió la cautela, para no terminar de desplomar las expectativas, en especial cuando medio equipo económico está a punto de cerrar el nuevo acuerdo de salvataje financiero con el Fondo Monetario, el que sería anunciado el viernes.
“Si nosotros no tenemos liquidez, o el mercado está con tasas muy altas, es evidente que se va a sentir en la recaudación”, afirmó. Y trató de darle un cariz épico al drama: “la Argentina está siendo atacada por poderes internacionales y eso está llevando la tasa interna, como espejo del riesgo país, a niveles importantísimos, lo que afecta la recaudación”, completó.

EN LA AFIP DICEN QUE EL AJUSTE YA LO REALIZARON
Ni plata para los viáticos

Por Cledis Candelaresi

Pocas semanas atrás, la Administración Federal de Ingresos Públicos elevó ante la Jefatura de Gabinete un informe detallando el drástico ajuste al que ya habría sido sometida su estructura, razón por la cual ya no puede hacer un esfuerzo adicional para conseguir ningún ahorro más allá del que le impone la pauta del déficit cero. Sólo con la apertura del último retiro voluntario, 2400 agentes calificados emigraron al sector privado, presumiblemente para trabajar desde allí contra los intereses del fisco. El texto de AFIP detalla cómo a pesar de las enormes restricciones económicas que limitaron la acción de los inspectores aún privándolos de viáticos, el organismo que comanda Héctor Rodríguez habría incrementado mucho su productividad.
“En la AFIP no va a haber despidos”, prometió ayer en declaraciones Rodríguez, ratificando el criterio sustentado ante Colombo por escrito. El administrador sostiene que después de la drástica reducción del plantel promovida por el retiro voluntario que instrumentó el ex ministro de Economía, José Luis Machinea, no queda margen para nada. A través de esta invitación a retirarse, la planta del organismo se achicó de 20.768 a 17.839 agentes, la mayor parte de ellos, inspectores de la Dirección General Impositiva.
Se trató de una modalidad que hasta ese momento se había utilizado en contadas ocasiones en la AFIP, donde está, quizás, el personal mejor remunerado de la administración nacional. Este factor, sumado a la antigüedad de muchos funcionarios, dio como resultado que el Estado enfrente indemnizaciones superiores a los 200 mil pesos por persona, relativizando, al menos en lo inmediato, la economía que pretendía conseguirse por la vía de los retiros. A raíz de este éxodo, se eliminaron 600 jefaturas del organigrama, pauta de que muchos puestos vacantes correspondían a personal jerarquizado.
Según la conducción del organismo recaudador, esa contracción de la grilla de personal tuvo como telón de fondo el achique de los costos operativos. El informe elevado a Jefatura precisa que, omitiendo las remuneraciones, en 1996 el costo operativo total de la AFIP ascendía a 391 millones de pesos. En el año 2000 ese monto había retrocedido a 191 millones.
Esas economías tuvieron manifestaciones concretas, que van en detrimento de las posibilidades de la Administración. Los responsables actuales miran con cierto celo los 60 millones de pesos anuales de que disponía hace un lustro para hacer propaganda la DGI, tanto para recordar algún vencimiento cuanto para amedrentar a los evasores con la imagen del sabueso, alguna vez símbolo de rigurosos inspectores.
Los viáticos también sufrieron la tijera, recortándose a un modesto 20 por ciento en relación al presupuesto disponible a mediados de los ‘90. Por esta razón, argumentan en la AFIP, no es posible enviar inspectores a algunos lugares del interior. Valga como ejemplo que los agentes de fiscalización marplatenses tienen serias dificultades para llegar hasta la villa balnearia de Cariló, destino seductor para que el fisco husmee en las cuentas de algunos prósperos negocios.
Sin embargo, Rodríguez y su equipo destacan que en el mismo lapso que los costos operativos del organismo se fueron contrayendo (1996 al 2000), la recaudación tributaria se habría incrementado en un 15,8 por ciento, lo que significa que la productividad del personal de la administración se habría aumentado.
El Gobierno conminó por decreto a todas las reparticiones públicas a presentar un nuevo diseño de su estructura de modo tal que se pudiera conseguir un ahorro de costos. Casi ninguna cumplió con esta tarea, que AFIP negó expresamente realizar a través del documento elevado a la Jefatura de Gabinete.

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