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 Por ahora, las Lecop tienen
un único destinatario: el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Carlos Ruckauf. Adolfo Rodríguez Saá, en nombre de
los gobernadores de distintas extracciones (oficialistas y opositores)
que se reunieron ayer en Casa de Gobierno con funcionarios nacionales,
manifestó que las provincias no aceptarán el pago de la
coparticipación federal con dicho instrumento. Ello implica que
tampoco solicitarán que el Gobierno les facilite esos títulos
nacionales para sustituir a los de emisión provincial. Pero el
mandatario puntano admitió que se seguirá discutiendo con
las autoridades nacionales acerca del eventual uso de las Lecop por las
provincias.
Horacio Liendo, asesor externo del Ministerio de Economía, estimó
que el volumen de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
que se emitirán para ser canjeados por patacones bonaerenses será
de aproximadamente 400 millones de pesos. Cuando el Estado nacional reciba
patacones en pago de impuestos –sólo se aceptarán como
medio de cancelación de tributos coparticipables–, los retendrá
y le pagará a la provincia un valor equivalente en Lecop, a cuenta
de la coparticipación federal de impuestos. Pero este mecanismo
sólo se aplicará con las provincias que lo soliciten y como
sustituto de la emisión de bonos provinciales. Las provincias,
a su vez, podrían pagar deudas a proveedores y los sueldos con
dichas Lecop, que contarán con el respaldo del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, que acumula 1000 millones de pesos.
Liendo mostró su confianza en que las Lecop serán de “aceptación
generalizada” tanto entre proveedores como en el comercio y las empresas
de servicios públicos. “No creo que haya dificultad para usarlos
para distintos fines, porque todas estas empresas finalmente pagan impuestos,
entonces van a poder descargar las Lecop o los patacones que reciban en
sus cuentas impositivas”, opinó.
Sin embargo, salvo Ruckauf, los mandatarios provinciales de distinto signo
manifestaron su rechazo a los bonos de emisión nacional. “La
posición muy firme de todos los gobernadores es que no podemos
aceptar el pago de la coparticipación en Lecop”, afirmó
Rodríguez Saá, al término de una reunión de
gobernadores justicialistas y de la Alianza con el presidente De la Rúa,
el jefe de Gabinete y el ministro de Economía. Pero aceptó
que Cavallo y Colombo aclararon que no era la intención del gobierno
nacional abonar la coparticipación con Lecop sin el consenso de
las provincias. El acuerdo alcanzado es que sólo se emitirán
Lecop para aquellas provincias que lo soliciten. Rodríguez Saá
señaló que San Luis podría aceptar la emisión
de esas letras pero “no para pagar salarios ni deudas con proveedores”,
sino para el financiamiento de obras públicas.
Ruckauf, en cambio, volvió a defender enfáticamente el uso
de los bonos para el pago de las obligaciones del estado provincial. “Con
la creciente restricción monetaria nacional y la cadena de pagos
prácticamente rota, el patacón hará que exista mayor
actividad económica” en las provincia, aseguró. “La
defensa que yo hago del patacón es una defensa del bolsillo de
los empleados, porque lo que intento es que nadie pague por un patacón
menos de un peso”, indicó Ruckauf, quien consideró
“fundamental que el gobierno nacional haya decidido tomar el patacón
en paridad con el peso para el pago de impuestos”, en referencia
al acuerdo de canje por Lecop firmado el martes último.
En tanto, los gobernadores también analizaron con las autoridades
nacionales la implementación del denominado “bono federal”,
con el que la Nación cancelará una deuda por 1200 millones
de pesos que mantiene con los estados provinciales, por la suba de tres
puntos porcentuales del IVA (del 18 al 21 por ciento) en 1996 que no fue
coparticipada.
UNA
PELOTA QUE PICA EN EL AREA DE DANIEL MARX
Ñoquis, retornos y dobletes
Por Julio Nudler
Como muestra de desmanejos dentro
de la estructura del Ministerio de Economía, el INdeR colma todas
las aspiraciones. Según fuentes seguras, el liquidador anterior,
Sergio Bunin, quien debió dimitir a principios de junio, sigue
cobrando en el organismo como asesor, con un sueldo de $4500, pero sin
cumplir tarea alguna. Bunin, empero, niega haberse convertido en un ñoqui,
y anoche aseguró a Página/12 que en realidad le deben los
haberes de enero y febrero, que nunca le pagaron. Pero además afirma
que, en su momento, Roberto Mori, asesor de Daniel Marx, de quien depende
el Instituto Nacional de Reaseguros, le reprochó “no manejar
los códigos del Estado”, uno de los cuales consistiría
en “no pagar sin cobrar”. Esta equívoca frase no aludiría
al Déficit Cero, del que por entonces todavía no se hablaba,
sino presuntamente a la exigencia de retornos contra cualquier desembolso.
La denuncia de este episodio llegó por escrito a manos de Domingo
Cavallo a fines de mayo.
“Me criticaban no haberme adaptado al Estado”, rememoró
Bunin ante la consulta de este diario, refiriéndose a una entrevista
que mantuvo con Mori en el despacho de éste en la Secretaría
de Finanzas.
–¿Qué quiso decir Mori exactamente?
–No entro en detalles. Sólo le digo que yo se lo pregunté,
y él me respondió que esa cosa se sabía.
–¿Le habló concretamente de retornos?
–Nunca me lo dijo de manera directa. Pero estuve suficiente tiempo
en el Estado para saber que esa cuestión es muy común. De
hecho, tres semanas después de que yo empezara a efectuar los primeros
pagos de deudas a compañías de seguros me echaron.
Dos ex colaboradores estrechos de Bunin, Emilio Toscano (coordinador general)
y Amadeo Traverso, también sostuvieron –antes del desplazamiento
de todos ellos– que Mori, a quien Marx encargó ocuparse del
tema seguros, se estaba refiriendo a la necesidad de exigir aportes a
las aseguradoras con las cuales el INdeR saldase sus viejas deudas –que,
según cálculos siempre polémicos, ascenderían
a $425 millones–.
En cuanto al actual liquidador, Rubén Poncio, retiene su función
como privatizador del Banco Provincial de Córdoba, adonde viaja
todas las semanas con cargo al INdeR, según fuentes de este organismo.
Reiteradas veces se sostuvo desde el Gobierno que ningún funcionario
puede detentar dos puestos al mismo tiempo, pero esto no parece ser tenido
en cuenta por Economía respecto de su gente.
Quien sobrevivió a Bunin fue el abogado Roberto Luqui, relacionado
con el estudio Castiñeira, Liendo y Asociados. El INdeR contrató
a este bufete, al que pertenece Horacio Liendo, para que lo patrocine.
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