En un esfuerzo por profundizar su ajuste, el gobierno bonaerense anunció ayer la supresión de 250 cargos políticos de niveles jerárquicos y la disolución de la mayoría de los entes descentralizados. Al mismo tiempo, el ministro de Economía provincial hacía esfuerzos desesperados para que la Justicia destrabara la circulación de patacones. Pero los empleados judiciales bonaerenses anunciaban nuevas medidas de fuerza en las que participan secretarios de juzgados y fiscales, al igual que los docentes, que cumplieron tres días de paro, y los trabajadores estatales, que ayer arrojaron petardos contra la residencia del gobernador. Carlos Ruckauf defendió los recortes al señalar que no afectan las prestaciones sociales y sólo alcanza a los salarios por encima de los 1200 pesos. Sin embargo, las protestas contra el ajuste, más leve que el del gobierno nacional, funcionaron como disparador de reclamos acumulados que ahora estallan, como la situación de los hospitales que no tienen insumos, y de numerosos municipios a los que no han llegado los fondos de la coparticipación provincial. La crisis financiera de la provincia más rica del país, que genera el 40 por ciento del PBI nacional, entró en su espiral más aguda al mismo tiempo que se convierte en el principal escenario de las elecciones de octubre. “Buenos Aires no es un polvorín a punto de estallar –se defendió Ruckauf– sino una provincia conducida que tiene una situación social ayudada por el Estado provincial.”
En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Ruckauf descartó que la provincia esté desbordada por la crisis económica. “La crisis no nos superó para nada –insistió– y la gente se dará cuenta cuando pasen los días.” Aclaró que “según todas las previsiones, la crisis económica del país se va a profundizar” aunque esquivó asumir una responsabilidad en “la crisis de pago salarial” ya que la atribuyó al retraso de la Nación con los fondos de coparticipación y a las trabas judiciales con el patacón. Y con respecto a la “crisis total, si hubiéramos conseguido hacerle cambiar de idea al presidente Fernando de la Rúa sobre cómo hay que conducir a la Argentina, estaríamos un poco mejor”, agregó.
Mientras el gobernador asumía esta posición incómoda, ciertamente a la defensiva, cuando hace sólo dos años asumió con la esperanza de llegar a la carrera presidencial del 2003, una manifestación de trabajadores estatales que protestaban contra el ajuste, hizo un acto frente a la residencia oficial, en La Plata, y arrojó petardos que cayeron en un jardín lateral del edificio. También ayer finalizaban las 72 horas de cortes de ruta por parte de los piqueteros. Aunque sus reclamos apuntan a la política de ajuste en general, el movimiento tiene su epicentro en el territorio provincial. En Bahía Blanca y Mar del Plata, los docentes, acompañados por padres y vecinos, realizaron actos masivos de protesta y en defensa de la educación pública.
Después de tres días de paro con un acatamiento casi total, hoy se realizará una reunión de dirigentes del Suteba para decidir la forma en que continuará la protesta en la semana próxima. La FEB, otro gremio docente, decidió continuar con el paro hasta que se paguen los sueldos completos y el medio aguinaldo. Ruckauf los llamó a la reflexión: “¿Por qué razón, los docentes dejan a los chicos sin colegio? –preguntó– ¿Por qué tanto grito y tanta huelga si a nadie se le toca el salario abajo de 1200 pesos? ¿O es que hay tantos docentes que cobran arriba de 1200?”
También la actividad en los 18 distritos judiciales bonaerenses fue alterada ayer por el paro, que incluyó a secretarios de juzgados y oficiales de Justicia. Manuel Fasano, de la Asociación Judicial Bonaerense, anunció que hoy se efectuarán nuevas protestas.
El gobernador habló con 13 empresas de servicios, luz, gas, agua y teléfonos, para que contemplen la situación de atraso salarial en el caso de vencimiento de pagos. Varios municipios, como La Matanza, se han declarado en estado de emergencia social y ayer un grupo de legisladores bonaerenses del Frepaso presentó un proyecto similar a nivel provincial. Si se aprueba, quedarían anulados por seis meses los juicios por desalojoso vencimientos para empleados del Estado provincial, jubilados, pensionados o desocupados.
La provincia se declaró asimismo en estado de emergencia sanitaria, con lo cual se conformaron comités en los hospitales para decidir la admisión de pacientes. La falta de insumos y medicamentos llegó a un punto crítico y los médicos informaron que por esta razón en muchos hospitales fueron suspendidas las operaciones de cirugías programadas y se realizan sólo las de urgencia.
El vicegobernador Felipe Solá, que compartió ayer la conferencia con Ruckauf, expresó que gran parte de las medidas de fuerza se produjeron porque hubo falta de diálogo y no se explicaron bien los alcances y motivos del ajuste. Pero las protestas hicieron estallar otros reclamos anteriores por el deterioro progresivo de la administración provincial. Ruckauf anunció una reforma política que incluyó ayer la firma de 22 decretos para suprimir 250 cargos políticos, desde secretarios a directores de área, y disolver la mayoría de los entes descentralizados, al tiempo que informó que el presupuesto provincial del año próximo será de poco más de nueve mil millones (mil millones menos).
La mayor parte del déficit proviene de la administración de Eduardo Duhalde, que ahora es candidato a senador por el PJ, y su nombre no pudo quedar fuera. “Si en Argentina hubiera seguido habiendo crédito, no hubiera tenido ninguna incidencia (el déficit anterior) –salió en su defensa Ruckauf– y si el problema fuera sólo de Buenos Aires, el conflicto no estaría también en el 80 por ciento de las provincias.” A pesar de la defensa, el gobernador estaba diciendo también que de esta crisis saldrá un Estado provincial distinto al que heredó de su antecesor.

UN FALLO PERMITIÓ PAGAR LOS SUELDOS CON BONOS
Un respiro judicial al patacón

Con los judiciales y los docentes de paro, y con dos fallos judiciales en primera instancia contra los patacones, el gobierno bonaerense ya se sentía al borde del knock out. Pero ayer recibió un respiro, al menos en el plano de la Justicia: un tribunal de nueve conjueces especialmente sorteados para la ocasión, le dio luz verde a la provincia para que pague con bonos la parte de los sueldos estatales que superen los 740 pesos. De este modo, quedó sin efecto la medida cautelar que no autorizaba el lanzamiento de los patacones y desde hoy podrán utilizarse los bonos hasta completar el total de los salarios de los empleados públicos bonaerenses.
Ya antes de tener la autorización judicial, el gobernador Carlos Ruckauf confiaba en que hoy “podemos estar pagando con el cronograma habitual, y de inmediato se enviarán los bonos a los municipios que lo han solicitado”. El hombre fuerte de la provincia manejaba buena información: por 6 votos a 1, acabó triunfado la postura de habilitar los patacones, con dos abstenciones en el tribunal. Con ese fallo, se anulaba la resolución del juez Claudio Andino, que ante una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), había resuelto no avalar el pago en bonos.
No es ningún secreto que las cuentas públicas bonaerenses están en un rojo más que intenso. La recesión nacional, la pesada deuda heredada de la gestión de Eduardo Duhalde, la falta de acceso al crédito internacional y los propios errores de la gestión Ruckauf arruinaron la situación económica del Estado provincial, por lo que en La Plata decidieron lanzar un duro ajuste. Pagar con bonos la parte de los sueldos públicos que superen los 740 pesos, y rebajar los que superen los 1200 pesos, son los ejes centrales del plan ruckaufista. Como la apuesta del gobierno bonaerense es a todo o nada, desde el Ejecutivo provincial redoblaron la presión hacia los conjueces.
El primero de los integrantes del gabinete provincial en salir ayer en favor de la cruzada “pro-patacones” fue el ministro de Trabajo, Aníbal Fernández. “Si el tribunal rechaza el pago con patacones no podemos hacer nada, porque dinero no hay”, aseguró el funcionario. Por su parte, Jorge Sarghini, titular del Ministerio de Economía, fue en persona a la sede del Tribunal de Conjueces, para explicar “la urgente necesidad” del Gobierno bonaerense en poder pagar sueldos y gastos corrientes con bonos.
La Justicia había sido el primer obstáculo de Ruckauf para llevar adelante el ajuste, patacones incluidos. Después de sufrir una seguidilla de fallos judiciales de primera instancia en contra, el propio Gobierno bonaerense presentó un planteo de “no innovar” para que se le permitiera emitir los patacones hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es si la liquidación con bonos es constitucional.
Como la Cámara de Casación y la Corte Suprema bonaerense se excusaron de definir el tema de los Patacones, al considerarse “parte involucrada” en el conflicto, ya que reciben bonos en parte de pago de sus salarios, se sortearon nueve conjueces, que conformaron el tribunal que resolvió la cuestión. Pero cabe agregar un detalle no menor: si bien la Justicia autorizó el pago en patacones, lo hizo hasta tanto resuelva si esa medida no contradice a la Constitución provincial. Por lo pronto, hoy comenzarán a circular la primera tanda de los 500 millones de pesos en patacones que el Gobierno bonaerense planea emitir hasta diciembre.
Informe: Alejandro Cánepa.

Sus Señorías piquetean para cobrar los sueldos

Una asamblea de jueces, camaristas, secretarios y defensores decidió anoche �piquetear� los tribunales de Lomas de Zamora por las demoras en el pago de salarios. Los fiscales protestarán investigando casos de corrupción. Ruckauf y Solá enfrentan una rebelión judicial. Las audiencias se harán en el hall de los tribunales.

Por Raúl Kollmann

“Hay que hacer un piquete judicial.” La propuesta sonó fuerte en el salón y no venía de un desocupado sino de uno de los jueces más prestigiosos y reconocidos de Lomas de Zamora, Hugo Van Shilt. La asamblea tampoco era de desocupados, sino que reunía a los jueces de cámara, los jueces de garantías, los secretarios, fiscales y defensores oficiales del mayor distrito judicial bonaerense. Hubo acuerdo y hoy a partir de las 9 se va a establecer la modalidad. “Piquete” significa que se van a poner escritorios en la planta baja y el estacionamiento de los tribunales y allí se atenderán los casos judiciales más urgentes. El reclamo es por los sueldos, ya que sólo una parte se entregó en dinero y hasta anoche no había ni siquiera noticias de cuándo se les iban a entregar los patacones. En forma paralela, 120 fiscales que se reunieron en San Martín acordaron una medida de fuerza también llamativa: concentrarán su trabajo en investigar los casos de corrupción de los funcionarios bonaerenses que vaciaron las arcas provinciales.
La asamblea de jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales se hizo en el salón de juicios orales más grande de los Tribunales de Lomas de Zamora. Allí el clima era un hervidero, hasta que Van Shilt hizo la propuesta del piquete judicial y tuvo el respaldo de otros magistrados también prestigiosos como Silvia González. La idea, por ejemplo, es que hoy se hagan audiencias con testigos e indagados –siempre que éstos lo acepten– en forma casi pública en el hall de entrada y en la playa de estacionamiento. “Como es obvio, se va a mantener el decoro y la privacidad en los casos que se requiera”, dijo a Página/12 un juez.
La modalidad y los detalles del “piquete judicial” se van a resolver esta misma mañana en un nuevo encuentro de los jueces, fiscales, secretarios y defensores. Es que anoche, el tribunal de conjueces que funcionó en La Plata le dio vía libre a los patacones y se dice que se pagarán los bonos correspondientes en los próximos días. Los que participan de la protesta estarán hoy en una quema simbólica de expedientes que harán los empleados judiciales para subrayar que el gobierno no hace ningún caso a la Justicia. Después, los funcionarios judiciales de mayor rango tomarán su propia decisión.
El punto de partida del malestar no es sólo el pago en patacones sino la postergación que viene sufriendo la justicia bonaerense, acosada además porque el índice de delitos aumentó sideralmente por la crisis económica. Algunas estadísticas mencionan la existencia de 560.000 causas penales pendientes de resolución, el defensor de Casación Penal bonaerense Mario Coriolano ya denunció hace un año que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la morosidad judicial existente en la provincia. Y la propia Corte Suprema bonaerense reconoce que está en estado de crisis y tardará 10 años en resolver los cinco mil expedientes que tiene pendientes.
Otra vertiente de la protesta está surgiendo en las reuniones de fiscales. Hubo una en San Martín, en la que participaron nada menos que 120 fiscales de distintos distritos judiciales. También en Lomas de Zamora hubo encuentros del mismo tipo y todos coincidieron en la estrategia: avanzar en las causas por corrupción en las que están imputados funcionarios bonaerenses. Es más, hubo un pedido al procurador de la provincia, Eduardo De la Cruz, para que en La Plata se concentre todo el trabajo y se busquen los elementos para acusar por administración fraudulenta “a los funcionarios que vaciaron la provincia y produjeron esta catástrofe”, según le explicó anoche a Página/12 una fiscal de Lomas. “La idea es que los avances en esas causas por corrupción sirvan para pedir los juicios políticos correspondientes”, redondeó la funcionaria.
Con la tensión al máximo en el ámbito judicial bonaerense, habrá que ver si la resolución de habilitar el pago de sueldos en patacones calma algolas aguas o, por el contrario, pone en marcha un proceso de “piquetes judiciales”, que seguro se extenderán a todos los distritos y que aumentarían la tensión todavía más.

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