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Por Susana Viau
 Los oficiales de Marina Jorge
Alfredo Radice, Juan Carlos Rolón y Francis Williams Whamond se
encuentran detenidos e incomunicados en el Edificio Libertad por resolución
del juez federal Claudio Bonadío, quien investiga el secuestro
y desapoderamiento de bienes del empresario mendocino Victorio Cerutti,
el abogado Conrado Gómez y el contador Horacio Palma. Al arresto
de los marinos se agrega el de Aldo Maver, cuidador ampliamente conocido
en los ambientes turfísticos de Palermo y San Isidro, quien habría
tenido a su cargo los caballos de carrera de los que fue despojado el
abogado Gómez. Maver prestó ayer mismo declaración
indagatoria durante cinco horas aportando fechas y datos que están
siendo analizados por el juzgado. El escribano Antonio Dardano se encuentra
prófugo y su abogado ha presentado una solicitud de eximición
de prisión. Dardano y la actual jueza en lo contencioso administrativo
federal Emilia Marta García legitimaron el traspaso de los bienes
de los secuestrados al ex almirante Emilio Eduardo Massera.
Según informó la Marina al tribunal, otro de los oficiales
contra quien se libró orden de captura, Alejandro Spinelli, falleció
tiempo atrás. Respecto del ex almirante Emilio Massera y de Jorge
“Tigre” Acosta, Bonadío se limitó a verificar
el estado de salud de Massera, registrar esta nueva orden de detención
y pedir que Acosta sea trasladado al juzgado el 22 de agosto para prestar
declaración indagatoria.
Botín de guerra
Cerutti, Palma y Massera Pincolini integraban el directorio de Cerro
Largo, sociedad propietaria de 25 hectáreas en Chacras de Coria,
la zona de más alta valuación inmobiliaria de Mendoza y
cotizados en más de una decena de millones de dólares. Gómez
era un abogado defensor de presos políticos, apasionado del turf
y dueño de un lujoso automóvil Ford Farlaine, que actuaba
como asesor de la sociedad. Todos ellos fueron trasladados a la ESMA.
Lisandro Raúl Cubas, sobreviviente del centro clandestino, recordaría
luego ante Página/12 que “estuvieron alrededor de dos meses
y despues los trasladaron. A Cerutti lo habían puesto cerca de
donde yo estaba. Me llamó la atención porque era un hombre
mayor y gente de tanta edad había poca en la ESMA. Hablamos y me
dio su nombre. Me contó que estaba sorprendido con lo que ocurría
porque, dijo, había colaborado con Montoneros pero no entendía
como sólo por eso habían tomado una represalia tan bestial”.
El relato de Cubas encerraba la punta del ovillo. El hijo de Cerutti,
Juan Carlos, era un dirigente de la Tendencia en la provincia y “el
Negro” Massera estaba convencido de que detrás de Cerro Largo
se escondían una parte del aparato de finanzas de Montoneros y
de los 60 millones de dólares ofrecidos por Jorge y Juan Born a
cambio de su libertad. Cubas agregó más detalles: “A
la Marina le interesaban las propiedades de Cerutti en Chacras de Coria
y Gómez tenía un haraas. Todo eso fue muy comentado por
Acosta y otros oficiales de inteligencia. Creo que andaban atrás
de los caballos de carrera”. En efecto, mediante fraguadas asambleas
de accionistas transfirieron los terrenos de Chacras de Coria a otra sociedad,
Wil-ri, formada por dos nombres que no se correspondían con ninguna
persona de existencia real: Federico Williams (la falsa identidad que
habría adoptado Francis Whamond) y Héctor Ríos, y
como cara visible a Manuel Campoy, un individuo sin oficio ni beneficio,
hijo de un conocido notario mendocino. Will-ri libró un poder a
otra sombra, Pascual Gómez. Pascual Gómez encubría
a un oficial de Marina, quien con documentos fabricados en la propia ESMA
viajó a Mendoza para completar el papeleo que legitimó la
supuesta venta. Pero Pascual Gómez tuvo mala suerte o un cortocircuito
se produjo en la pugna interfuerzas por el botín: fue detenido
por el Ejército, que lo mantuvo preso hasta confirmar su verdadera
identidad. “Menos mal que no me maquinearon”, bromeó
de regresoen la ESMA. Si en Mendoza Massera contaba con la complicidad
de los Campoy, en Buenos Aires tenía la del notario Ariel Sosa
Moliné. Y Sosa Moliné tenía a su vez a Antonio Dardano
y a Emilia Martha García, la actual jueza, quien fue síndico
suplente y síndico titular de las sociedades pantalla armadas por
Massera. En julio de 1980, los terrenos de Chacras de Coria fueron “comprados”
por Misa Chico, la sociedad integrada por Carlos Massera y Eduardo Massera,
respectivamente hermano e hijo del almirante. Al abogado Gómez
no sólo le habían birlado sus caballos Dame Yi, Rock Point,
Bandera LIsa, Sir Raleigh y un quinto de nombre sugestivo (Al Kashab),
le sustrajeron dinero de sus cuentas bancarias mediante un cheque endosado
en favor de la Asociación Obrera Textil, intervenida por la dictadura
y en cuya contaduría hacía de las suyas Jorge Radice.
De esto deberán dar cuenta los marinos detenidos, quizás
este fin de semana. Y la jueza Emilia García, si Bonadío
logra su desafuero, o admite el criterio del fiscal Carlos Rivolo quien
cree que ese paso ya no es necesario para tomarle indagatoria, aunque
resultará imprescindible si luego resuelve su detención.
Lo curioso es que cuando hace un mes Bonadío envió al Consejo
de la Magistratura un oficio preguntando si García tenía
abierto un pedido de juicio político, otro oficio, con la firma
de la menemista Leila Chaya, le respondió que no. Sin embargo,
el pedido de juicio político para Emilia Marta García sigue
abierto en el Consejo.
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