Por Claudio Scaletta

La estrategia de venta de Aerolíneas Argentinas impulsada por la española SEPI parece consistir en el periódico anuncio del número de aspirantes ansiosos por hacerse con la compañía. Esta vez, la lista agregó oficialmente a dos nuevos contrincantes, al empresario Enrique Pescarmona, quien ya participó de la propiedad de la empresa tras su privatización y a un enigmático grupo inversor estadounidense que todos señalan como Merrill Lynch, quien actuaría como intermediario de otras firmas. Así, una empresa semiparalizada, con casi 1000 millones de dólares de deuda, una flota reducida y antigua y más de 6000 empleados, que además funciona en un mercado con rentabilidad promedio del 4 por ciento anual, es, siempre según la SEPI, una pieza muy apetecible para los inversores internacionales.
Según dejaron trascender a la prensa española fuentes de la SEPI, serían cuatro las ofertas en carrera para, ya en el mes de septiembre, quedarse con la propiedad de AA. La de Juan Carlos Pellegrini, presidente de la empresa entre el ‘79 y el ‘82 y devenido en empresario turístico, la del grupo turístico español Marsans, quien jugaría como el “caballo del comisario” y permitiría a los españoles mantener algunos negocios cruzados. Aunque no faltan las versiones inconsistentes de quienes dicen que Marsans es utilizada por la SEPI para “subir el precio” de Aerolíneas. Y las dos nuevas ofertas conocidas esta semana. La especie descarta por la negativa las ofertas de Eduardo Eurnekian y de la peruana Aerocontinente.
No obstante los antecedentes de los oferentes y la lógica de los números indican dos tendencias claras. La pregunta es “qué hay” en AA para que sea deseable. Las respuestas son dos.
La primera es la posibilidad de, según la jerga empresaria, “manejar la convocatoria”. Esta alternativa, supone, para el interesado, decidir sobre una caja de 500 millones de dólares y la posibilidad de ganancias ciertas en el proceso de liquidación de la firma. Si este interesado está vinculado además a grupos que podrían explotar el mercado que dejaría vacante AA, la ganancia se potencia.
La segunda es hacerse de una línea aérea a un costo inferior al de mercado, apostando no a la baja rentabilidad que hoy tiene el negocio aeronáutico, sino a la rápida valorización que podría obtenerse si la empresa vuelve a funcionar a un niveles similar al anteriores a la escalada del conflicto gremial. La alternativa de máxima sería conseguir incluso una expansión del mercado vía la complementariedad con el negocio turístico entendido como un todo.
Resulta evidente, por sus antecedentes históricos, cuáles son los operadores que apuestan a una otra opción. No obstante, si el camino es la recuperación de la operatividad de la todavía aerolínea de bandera siempre serán necesarios aportes de fondos frescos hasta su puesta en marcha. Entre las versiones que circulan se señala que Juan Carlos Pellegrini contaría con el apoyo financiero de Emilio Cárdenas, del HSBC y la familia Werthein, del Banco La Caja. Luego será necesario solucionar el conflicto gremial de una segura reducción de personal. En este caso el camino elegido por Pellegrini parece haber sido expeditivo, además de ofrecer a los trabajadores el 20 por ciento de las acciones, también ofreció a los gremios el 3,5 por ciento. “Para que ustedes hagan lo que quieran”, se apuró a aclarar uno de los asesores del empresario.

ENCUESTA GALLUP PARA MORENO OCAMPO SOBRE EVASION
Haz lo que digo pero no lo que hago

Que el 93 por ciento de los ejecutivos de grandes empresas piense que la evasión “es un gran problema para nuestro país” no debería sorprender, porque en definitiva coincide con la opinión de todo el espectro político (oficialismo y oposición). Que el 6 por ciento haya respondido que “es un problema pero no más grave que otros” tampoco es relevante, aunque no se sepa cuáles son esos “otros” problemas a los que se alude. Pero que haya aunque sea un uno por ciento, entre 500 ejecutivos encuestados, que haya respondido que la evasión “no es un problema” es todo un dato, al menos, curioso. Sobre todo si a la pregunta siguiente la misma proporción, el uno por ciento, responde que el control del Estado sobre la evasión impositiva es “muy eficiente”.
Dichos resultados surgen de una encuesta realizada por Gallup Argentina, por encargo del Estudio Moreno Ocampo, entre directivos de las 500 empresas que más facturan en la Argentina, para palpar “la opinión empresaria sobre competencia desleal, evasión, contrabando y lavado de dinero”. Sin embargo, la encuesta es muy poco eficiente en revelar qué tipo de delitos son visualizados como más frecuentes.
A los encuestados se les requirió que respondieran qué porcentajes correspondían a corrupción, evasión, narcotráfico y contrabando, del total de dinero en negro en Argentina. Pero las proporciones respondidas por los encuestados se promediaron y se dio a conocer sólo el resultado final, con lo cual se diluyó el contenido de las respuestas (no es lo mismo que las respuestas estén polarizadas a que todos hayan respondido lo mismo) y surgió un resultado casi obvio: un porcentaje equilibrado entre los cuatro orígenes excluyentes planteados en la encuesta (la suma entre los cuatro ítems da un 100 por ciento, lo cual indica que no se consideraron las respuestas no sabe/no contesta u “otros”).
La evaluación de los encuestados sobre la forma en que el Estado controla la evasión impositiva y el contrabando arrojó resultados negativos: por amplio margen (el 87 por ciento en el primer caso, el 98 en el segundo) resultó mayoritaria la proporción que respondió que es “poco” o “nada eficiente”. También es alta la proporción de ejecutivos que opina que el Estado argentino protege “poco o nada” al mercado de prácticas deshonestas: 82 por ciento.
Pero del escaso control que ejerce el Estado sobre los contribuyentes, las grandes empresas consideran que ellas reciben la mayor parte. Según el 67 por ciento de los encuestados, las grandes empresas tienen “mucho o bastante” control, mientras que se controla “poco o nada” a las pymes, según el 65 por ciento y a “la gente en general”, conforme al 72 por ciento.
Una de las preguntas que el Estudio Moreno Ocampo le requirió a los encuestadores que incluyeran fue si “ha contratado o no su empresa algún tipo de herramienta para la prevención de prácticas deshonestas”. El 75 por ciento respondió que no. Estos servicios de prevención son, justamente, uno de los productos que el Estudio Moreno Ocampo ofrece a las empresas, y quizás expliquen el interés por esta investigación.

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