Colombia está en guerra e inmersa en un proceso de paz. Nada que no ocurra en otras regiones, como Medio Oriente. Pero a veces se acentúa el polo de la paz y otras, el polo de la guerra. Como ayer, cuando el presidente Andrés Pastrana decidió poner en práctica una ley polémica que el Congreso colombiano había aprobado en junio. Esta ley autoriza a las fuerzas militares a realizar detenciones, allanamientos y otras diligencias judiciales en zonas declaradas de guerra. El recuerdo de los “jueces sin rostro” del Perú de Fujimori en los tiempos de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) hizo que las organizaciones de derechos humanos alzaran la voz contra la medida, y hasta es posible que Estados Unidos, máximo financiador del Plan Colombia, haga tronar el escarmiento. Por otra parte, la Cancillería cubana calificó de “gran falacia” la supuesta asesoría militar del país a las FARC, la principal guerrilla colombiana.
Según fuentes del Servicio Secreto de Colombia (DAS), citadas anteayer por la radio colombiana ‘Caracol’, un grupo de 20 oficiales cubanos está brindando asesoramiento a comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona desmilitarizada en el sur del país, lo cual vendría a agregar leña al fuego después de la detención en Colombia de tres jefes del Ejército Republicano Irlandés (IRA), que tendrían vinculaciones con las FARC (ver nota pág. 22). “Es una gran falacia. Es de dominio público que en Colombia no hay ningún cubano”, aseguró la vocera de la Cancillería cubana, Aymée Hernández. Cuba sucedió a Canadá desde junio pasado durante dos meses en las tareas de coordinación de la Comisión Facilitadora que integra el grupo de “países amigos” del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Justamente, parece que el proceso de paz necesita más de un amigo. El gobierno de Andrés Pastrana, que inició dicho proceso ni bien comenzó su mandato en 1998, ha tenido algunas posiciones endurecidas en los últimos tiempos. Además de la implementación del Plan Colombia (un plan antinarcóticos que se asemeja más a un plan antiguerrillero), la semana pasada Pastrana decidió suspender el proceso de paz con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aludiendo a su falta de “voluntad de paz”. La pregunta es, entonces, si el gobierno colombiano ha endurecido su política hacia las guerrillas. La razón estaría a la vista: el inicio del proceso electoral con vistas a los comicios presidenciales del año que viene.
“En realidad, no hay ningún endurecimiento. Primero, hay que destacar que no se trata de una iniciativa gubernamental, sino de una ley nacida en y aprobada por el Congreso. En segundo lugar, los militares podrán usar facultades judiciales en zonas de guerra en casos muy excepcionales y previa autorización de la Fiscalía Nacional. Es una ley que se aplicará en pocos casos, y es mucho más blanda que la que muchos países (Italia, Francia, Gran Bretaña, etc.) dictaron en materia de lucha antiterrorista”, dijo a Página/12 Alfredo Rangel, de la Universidad Nacional de Colombia.
Para Fernando Cepeda, de la Universidad de los Andes, se trata más de “un ajuste de tuercas”, ya que el endurecimiento o no del gobierno colombiano se verá cuando “en octubre deba decidirse si se renueva la zona de desmilitarización de las FARC. Y yo apuesto dinero que, a pesar de la presión de la opinión pública, el gobierno renovará esta zona de distensión”.
Pero la puesta en marcha de esta polémica ley traerá problemas que exceden los procesos de paz. “Aun cuando sea cierto que hay zonas donde la justicia no puede llegar materialmente, y que son justamente las zonas de mayores enfrentamientos, es claro que esta ley sufrirá una oposición dura y la Corte Constitucional colombiana seguramente deberá enfrentar recursos contra la ley. Adicionalmente, también habrá oposición en Estados Unidos”, señaló a este diario Cepeda, refiriéndose a la presión del gobierno norteamericano, sobre todo durante la Administración Clinton, por las violaciones a los derechos humanos cometidas por un ejército colombiano convertido ahora en fiscal y eventualmente juez.
De hecho, la Comisión Colombiana de Juristas, una ONG consagrada a la defensa de los derechos humanos, ya anunció que apelará la ley ante la Corte Constitucional. “Esto es un revés para el Estado de Derecho en Colombia. Esta ley va a hacer que se hagan más difíciles las investigaciones judiciales de derechos humanos dentro del Ejército”, declaró José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Según Amnistía Internacional, el ejército colombiano tiene uno de los peores records en violaciones a los derechos humanos, incluida sus vinculaciones con los paramilitares de derecha.

BRASIL ANTE EL ESPIONAJE INTERNO
El enemigo es el enemigo

La Doctrina de Seguridad Nacional está viva y bien, gracias. El general Alberto Cardoso, ministro de gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, salió ayer en defensa del espionaje que realiza el ejército a organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que en esta semana dio a conocer públicamente el diario Folha de Sao Paulo. “No conozco la operación ni sé si hay operación”, dijo Cardoso, pero por las dudas declaró que “las fuerzas armadas tienen una determinada misión constitucional: defensa de la patria, mantener la ley y el orden, que están obligadas a estar preparadas para esa misión”. Lo cual es una forma de justificar. Según el diario Folha, la operación para investigar al MST se llama “Pescado”, y hay documentos de los militares que datan de 1998 en los que se califica a los movimientos sociales como “fuerzas adversas” a las que habría que detener, incluso pasando por alto los derechos de los ciudadanos. El diario además alertó que varios de los documentos llegaron al general Alberto Cardoso y al mismo presidente Fernando Henrique Cardoso, que no ha emitido palabra al respecto.

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